La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) calificó de “tendencioso” el reciente reporte del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED). El Gobierno señala que el organismo ignoró las reformas estructurales implementadas en 2025 y la colaboración con colectivos de familiares.
Pese a que el informe señala indicios de crímenes de lesa humanidad, México sostiene que no se tolera ni se ordena este flagelo desde el ámbito federal.
Jessica Alcázar Zaragoza
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) emitió un comunicado el 2 de abril en el que manifestó su rechazo al informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), al que calificó de “tendencioso” por su “falta de rigor jurídico en la argumentación”, así como por “la ligereza de sus premisas”.
La autoridad federal mexicana señaló que el CED no tomó en cuenta las observaciones, análisis y avances contra desapariciones forzadas desde 2018 presentadas por el Gobierno de México.
En su informe, el CED concluye que tiene “indicios fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad, basándose en su evaluación de que se han producido múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”.
Esta decisión fue publicada el 2 de abril “en virtud del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”, del que México es parte, y tiene como objetivo remitir la situación a la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual deberá considerar las medidas para apoyar y erradicar estos “crímenes de lesa humanidad”.
Entre las medidas sugeridas por el CED está la de “Brindar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que México requiera en las áreas de búsqueda, análisis forense, e investigación exhaustiva de las alegaciones de desapariciones forzadas y de vínculos entre servidores públicos y el crimen organizado”.
El CED estimó que “se han encontrado más de 4,500 fosas, que contienen más de 6,200 cadáveres y 4,600 restos humanos, además de unos 72,000 restos humanos no identificados”.
Además, determinó que, “a pesar de las medidas adoptadas desde su visita al país en 2021, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles. Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.
El CED reconoció que esta determinación está basada en la información que recopiló desde 2012 y la presentada por la sociedad civil y el gobierno mexicano, así como las “solicitudes de acción urgente presentadas por las víctimas”.
El Comité destacó que, si bien no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones forzadas, ya sea por acción u omisión, “ha recibido información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia”.
De acuerdo con Juan Albán-Alencastro, presidente del Comité, “el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”.
Por lo anterior, el CED pidió a la Asamblea General que “se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos”.
México rechazó esta decisión debido a que la situación actual del país es “diferente a la de periodos anteriores”, y porque su gobierno “no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas”.
La SRE resaltó que el CED no tomó en cuenta las reformas sustanciales aprobadas en julio de 2025, emprendidas por esta administración en coordinación con colectivos de familiares “para atender este flagelo”, entre las que destacó diez:
- “1. La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
- 2. La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
- 3. La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
- 4. La Plataforma Única de Identidad.
- 5. La obligación de fiscalías especializadas estatales.
- 6. El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
- 7. El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
- 8. La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
- 9. La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
- 10. La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda”.
