Tras revisar la solicitud de EE. UU. contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros funcionarios, la Fiscalía General de la República determinó que no existen pruebas suficientes para una detención provisional. El fiscal Raúl Jiménez Vázquez señaló que no se puede restringir la libertad sin fundamentos sólidos y advirtió que la filtración de datos daña el debido proceso. México solicitará formalmente el expediente completo mientras realiza su propia investigación.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que “no hay ninguna evidencia” para la detención de los diez ciudadanos mexicanos acusados por Estados Unidos de tener nexos con el cártel de Sinaloa, entre quienes se encuentran el gobernador Rubén Rocha Moya, el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez y el presidente municipal sustituto de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
“No hay ninguna referencia, no hay ningún motivo, no hay ningún fundamento, no hay ninguna evidencia que nos permita apreciar el porqué de la urgencia de la detención provisional”, afirmó el titular de la Fiscalía Especializada de Control de la FGR, Raúl Jiménez Vázquez.
El fiscal especializado resaltó que la detención provisional constituye una restricción a los derechos humanos, “por ello mismo, sólo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y pruebas sólidas encuadrables en la normatividad nacional e internacional”.
Señaló que, tras una revisión “con estricto apego a la normatividad” de la solicitud de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York, por parte del área de asuntos internacionales, determinaron que “no existen pruebas (…) que acrediten la comisión de un presunto delito que haga impostergable el otorgamiento de la medida cautelar”.
Además, advirtieron que “la difusión pública de la información base de este pedimento pone en riesgo el debido proceso”, por lo cual enviarán “una comunicación a la Cancillería para que se solicite a la autoridad requirente todas las pruebas, argumentos, informes, documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información para que la Fiscalía esté en aptitud de analizar la documentación y con ello fijar un posicionamiento de carácter institucional”.
Asimismo, Gámez Mendívil aclaró que la FGR lleva a cabo “las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos referidos, ocurridos en territorio nacional, en términos de nuestra legislación y de acuerdo con al paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho”.
“Sostenemos categóricamente que el pueblo de México debe saber que nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía nacional”, concluyó.
