La FGR solicitó a la periodista Dianeth Pérez Arreola colaborar con una investigación sobre presunta corrupción en la licitación de una planta potabilizadora en Baja California, lo que organismos civiles calificaron como un intento de intimidación.
Redacción
La Fiscalía General de la República envió el pasado 15 de agosto un oficio a Dianeth Pérez Arreola, directora del medio Brújula News, donde le solicitaba “coadyuvar” con información derivada de una carpeta de investigación abierta el 7 de agosto, como respuesta a preguntas que la periodista formuló sobre irregularidades en la licitación y adjudicación del contrato para la ampliación y modernización de la planta potabilizadora “La Nopalera”.
Pérez había preguntado, durante la conferencia matutina del 6 de agosto, de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, quién obtuvo el contrato y planteó la posibilidad de una doble licitación y vínculos con el crimen organizado.
“En la planta potabilizadora de La Nopalera, que han hecho, el titular, Manuel Castro Luna, cada 15 días hace un video para decirnos el avance de las obras, hicieron algo ahí muy raro, se licitó dos veces y cambiaron el sentido de la primera licitación, en los videos nunca se menciona el nombre de la empresa, no sabemos qué empresa es y hay pues fuertes señalamientos sobre que estas obras del bono verde se están yendo a empresas ligadas con el crimen organizado, ¿nos puede decir secretario, qué empresa es y quién está haciendo eso?”.
Pero ni la mandataria Marina del Pilar ni el secretario del Agua respondieron sobre el fondo del asunto.
“No, Dianeth, no, es muy delicado, es muy delicado hacer ese tipo de señalamientos, de verdad, yo les quiero pedir mucha responsabilidad en ese tipo de cosas, ese tipo de señalamientos sin un sustento, sin una prueba, es sumamente, sumamente delicado, sobre todo en los contextos”.
“Es información que viene dentro de la misma organización, es gente que está ahí y que sabe”, aclaró la reportera.
La gobernadora le pidió aportar la información: “Dianeth, con mucho gusto, si tú tienes esa información, por favor, proporciónala, que la propia fiscalía haga una investigación al respecto, porque son temas graves y si se van a hacer esos señalamientos, hay que directamente, yo te pido, con mucho gusto”.
La periodista insistía en saber en preguntar el nombre de la empresa, pero la gobernadora aseguró no conocerlo.
Después del cuestionamiento, el director de Comunicación Social estatal la invitó a una reunión, donde solicitó acceder a sus evidencias, pero ella se negó a revelar sus fuentes.
Al día siguiente, el 7 de agosto, el secretario general del Gobierno de Baja California, Alfredo Álvarez Cárdenas, pidió a la FGR citar a la periodista para que coadyuve en la investigación por haber usado las palabras “crimen organizado”, por lo cual la Fiscalía le envió un correo electrónico.
Dianeth Pérez se presentó a declarar ante la Fiscalía, donde se reservó el derecho a revelar la identidad de sus fuentes y solicitó ante esta autoridad invitar a la gobernadora Marina del Pilar a coadyuvar con esta investigación, pues es ella quien se supondría tiene toda la información al respecto.
Desde entonces el secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez ha justificado esta acción en distintos medios e incluso en spots de radio diciendo que este citatorio es para que la periodista aporte información para llegar a las últimas consecuencias en esta investigación.
La periodista ha contado con el apoyo de asociaciones como Cimac, Artículo 19, el Comité para la Protección de Periodistas, así como de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California, entre otros.
El colectivo “YoSíSoyPeriodista” denunció el acto como una forma de intimidación judicial, subrayando que el periodismo de investigación no debe ser cuestionado con requerimientos “que pongan en riesgo la confidencialidad de fuentes protegidas por el artículo 6° constitucional y la Ley de Imprenta”. También demandaron que no se genere un precedente que inhiba la labor periodística en Baja California.
Por su parte, la organización Artículo 19 condenó el “acoso administrativo” efectuado por autoridades estatales y federales hacia Pérez, recordando que investigar presuntas irregularidades es una obligación gubernamental, no de la prensa. Además, enfatizó que la reserva de fuentes es sustento de una prensa libre y fortalecida, tal como lo ha señalado la Suprema Corte y organismos internacionales.
Además, Pérez anunció en redes sociales su renuncia al Mecanismo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, del cual era consejera, argumentando que no podía formar parte de un organismo coordinado por la Secretaría General de Gobierno, entidad que promovió su citación como colaboradora con la FGR.
“No puedo ser parte de un organismo coordinado por la Secretaría General de Gobierno, mientras desde esa misma dependencia se inician acciones que se traducen como intentos de intimidación y censura hacia la prensa”, afirmó.
Este episodio acontece en un contexto donde México registra numerosos casos de agresiones hacia periodistas; según Artículo 19, en 2024 se documentaron 639 agresiones, de las cuales un 44.9 % fueron atribuidas a autoridades públicas, evidenciando una problemática persistente de restricción institucional hacia el periodismo.
