La FGR informó que un juez ordenó la reparación del daño al Estado mexicano por 62.8 millones de pesos a Ricardo Mejía Zayas, funcionario de la entonces Secretaría de Desarrollo Social, y a José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México, en uno de los casos vinculados al esquema de corrupción conocido como la “Estafa Maestra”.
Jessica Alcázar Zaragoza
La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que logró que un juez ordenara la reparación del daño a favor del Estado mexicano por la cantidad de 62.8 millones de pesos en contra de Ricardo M. y José M., quienes forman parte de una de las investigaciones relacionadas al sistema de corrupción denominado la “Estafa Maestra”.
“El #MPF (Ministerio Público Federal) aportó las pruebas necesarias para obtener la resolución judicial en contra de estas dos personas, a quienes se les concedieron los sustitutos legales contenidos en el Código Penal Federal, siempre y cuando se garantice o cubra el pago total de la reparación del daño al Estado al que fueron condenados”, se lee en la publicación de la FGR en sus redes sociales.
Se trata de Ricardo Mejía Zayas, que fue director general adjunto de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ―cuya titular era María del Rosario Robles Berlanga― y José Francisco Monroy Gaytán, exrector de la Universidad Intercultural del Estado de México (UIEM), a quienes se les había dictado una pena de prisión menor a cuatro años por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.
Desde mayo del 2025, un juez de control federal del Reclusorio Norte sentenció a Ricardo Mejía y a otro excolaborador de Rosario Robles, Marcos Salvador Ibarra Infante, por ocasionar daños al erario público por 26 millones, por otro convenio firmado con la Universidad de Zacatecas.
Sin embargo, la FGR solicitó al juez la sustitución de la pena para restituir el daño por 62,877,192 pesos que ocasionaron a la hacienda pública federal por suscribir un “convenio con irregularidades” con la UIEM.
Se trata del convenio de coordinación UCD/33901/010/2015, firmado el 5 de marzo de 2015, cuyo objeto era elaborar cuestionarios únicos de información socioeconómica (CUIS) para identificar a personas en pobreza extrema en los 32 estados del país, para lo cual la Sedesol destinó 124 millones 100 mil pesos.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que la UIEM subcontrató el 100 por ciento de los servicios y solo presentó comprobantes por 62,222,808 pesos, y los documentos del ejercicio del presupuesto restante, es decir, de 62,877,192 (los que busca restituir la FGR) fueron identificados como falsos.
La Fiscalía argumentó que esta operación es irregular pues no garantizaron las mejores condiciones para el Estado en cuanto al precio, calidad y oportunidad, y la subcontratación superó el límite permitido por el Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Públicos, que establece un máximo de 49 % del monto contratado.
Cabe mencionar que las partes condenadas aún tienen la posibilidad de impugnar el fallo ante un Tribunal Colegiado de Apelación en la Ciudad de México, por lo que todavía no es definitivo.
Este es uno de los casos que forman parte de un esquema de corrupción detectado por los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste, de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), al revisar las cuentas públicas desde 2013, que denominaron la “Estafa Maestra”.
La investigación, publicada en 2017, arrojó que este esquema involucraba a al menos 11 dependencias que firmaron contratos por 7 mil 670 millones de pesos con ocho universidades, quienes a su vez subcontrataron los servicios a 128 empresas “fantasma”, a las que entregaron 3 mil 433 millones y se quedaron con una “comisión” de mil millones.
Entre las principales dependencias involucradas figuran la Secretaría de Desarrollo Social, cuya titular era Rosario Robles; el Banco Nacional de Obras, con Alfredo del Mazo al frente, y Petróleos Mexicanos, durante la gestión de Emilio Lozoya.
De esta investigación solo se han iniciado procesos contra funcionarios de nivel medio y exdirectivos universitarios. El caso contra Rosario Robles fue el que tuvo mayor visibilidad, al estar tres años en prisión preventiva en el Penal Femenil de Santa Martha Acatitla, desde el 13 de agosto de 2019 hasta el 19 de agosto de 2022, y quedar absuelta de la causa penal luego de que un juez determinara que solo debía ser juzgada por una falta administrativa.
En septiembre de 2018, en la recta final del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, el entonces secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, aseguró que, a través del SAT, habían sido recuperados 100 millones de pesos de la “Estafa Maestra”.
