Una de las denuncias, por la que incluso hay una orden de aprehensión, indicó la secretaria de Gobernación, es la que tiene que ver con la construcción de 12 Centros Federales de Readaptación Social que terminaron siendo operados por empresas privadas, las cuales cobraron “10, 15 veces más por preso”, “generando un quebranto a la hacienda pública”.
Iván Aldama Garnica
En la conferencia de prensa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue expuesto que hay otras denuncias e investigaciones contra el exsecretario de Seguridad Pública del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, sentenciado esta semana a 38 años de prisión.
Algunas de esas denuncias ya habían sido informadas en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Pero ahora que García Luna fue sentenciado en Estados Unidos, no en México, las autoridades mexicanas retomaron esos casos.
Una de las denuncias tiene que ver con el operativo “Rápido y furioso”, que consistió en introducir armas ilegalmente a México con el fin, supuestamente, de poder identificar la estructura de las organizaciones criminales mexicanas, desde quienes compraban, financiaban hasta quienes transportaban y traficaban ese armamento.
Sin embargo, ese operativo resultó ser un fracaso, indicó la secretaria de Gobernación y exsecretaria de Seguridad Pública, Rosa Icela Rodríguez Velázquez:
“Ese armamento sirvió para potenciar la capacidad de actuación de estos grupos y generó una espiral de violencia en el país”.
Una segunda denuncia, por la que incluso hay una orden de aprehensión, indicó la funcionaria federal es la que tiene que ver con la construcción y operación de 12 Centros Federales de Readaptación Social, con un esquema en el que participó la iniciativa privada.
El expresidente López Obrador solía decir que hasta empresas de medios de comunicación tenían participación en esos penales federales y que le cobraban millones al gobierno por los reclusos.
El gasto por recluso, según la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, incrementó “en exceso 10, 15 veces más”.
“Al pagar un centro de reclusión semivacío, incrementó exageradamente este costo por interno, generando un quebranto a la hacienda pública”, indicó la funcionaria.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez Álvarez, dijo que García Luna, a través de un “tejido empresarial”, había obtenido 30 contratos por un total de 727 millones 923 mil 523 dólares y 528 millones 026 mil 666 pesos, en un periodo de 9 años, de 2009 a 2018.
El titular de la UIF acotó que de esos contratos le pagaron 625.1 millones de dólares y 93.8 millones millones de pesos.
Gómez Álvarez recordó que hay un juicio en Florida, Estados Unidos, contra García Luna, en el cual el gobierno de México reclama “más de 600 millones de dólares”.
Otras de las denuncias, expuso la secretaria de Gobernación, Rodríguez Velázquez, es la relacionada con el asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido en 1994.
En ese caso, un magnicidio, la participación de García Luna fue “rescatar” a un segundo tirador.
Así lo dijo la secretaria de Gobernación: “El llamado ‘segundo tirador’, Jorge Antonio, fue detenido de forma inmediata y llevado a la entonces Procuraduría General de la República en Tijuana, en donde fue rescatado directamente por García Luna”.
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