En Pocas Palabras

Eliminar fideicomisos, buena o mala decisión

La mayoría de legisladoras y legisladores aprobó la extinción de 109 fideicomisos. Foto: Cámara de Diputados.

Teresa E. Hernández-Bolaños

Durante las últimas semanas la opinión pública, las fuerzas políticas, etc., han emitido diversas opiniones sobre la iniciativa de ley para eliminar poco menos de un tercio de los fideicomisos existentes en México, que era de 384 hasta 2019[1]. Porque si bien, desde principios de este año, se puso en la mesa la posibilidad de la eliminación total de los fideicomisos, hoy, la realidad es que la iniciativa propuesta por MORENA sólo contempló la eliminación de 109. Iniciativa que finalmente se aprobó en lo general el día 6 de octubre en la Cámara de Diputados y que aún le espera un proceso de aprobación en lo particular de casi 400 reservas y pasar por la Cámara de Senadores.

Ningún otro tema ha sido tan debatido en los últimos días y generado tanta controversia. Sin embargo, antes de emitir una opinión es importante entender qué es un fideicomiso y qué hay detrás. Un Fideicomiso es un contrato donde una persona física o moral (fideicomitente), trasmite o destina bienes o derechos a una institución fiduciaria (bancos en su mayoría), para que éste los administre y los entregue al fideicomisario (beneficiario) para fines legales determinados y no otros. En el caso de los fideicomisos públicos, son creados por la administración pública (Presidente, poder legislativo, poder judicial, u organismos autónomos como el INE) para cumplir ciertos objetivos como fomentar el desarrollo económico o social; es decir, para proyectos de interés público.

Los fideicomisos públicos tienen un carácter legal, son un contrato, y relacionan tanto al fideicomitente (representado por un funcionario público o institución, SHCP), quien trasmite los bienes, como al fiduciario, administrador de los recurso (bancos) y al fideicomisario (beneficiario); aparte del contrato, hay siempre un fin u objetivo expreso, determinado y dirigido a un sector específico, y un patrimonio fideicometido (bienes, dinero y derechos). Los objetivos de los fideicomisos en México son variopintos, van desde prestar servicios públicos, gestionar negocios, financiar proyectos productivos, asegurar pensiones y jubilaciones, hasta atender desastres naturales, apoyar la investigación ciencia y tecnología, el deporte o la cinematografía.

Ahora bien, por qué eliminarlos; si los fideicomisos son un contrato legal, y tiene fines legales específicos, entonces no habría de qué preocuparse; sin embargo, a pesar de este “candado legal al interior”, los fideicomisos, como lo señala el propio INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales)[2] en su diagnóstico sobre la situación de los fideicomisos y fondos públicos, o el FUNDAR[3] (Centro de análisis e Investigación), no están sometidos a mecanismos de control; es decir, permiten la discrecionalidad en el uso de recursos, dado que no hay o son insuficientes los mecanismos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.

Si no se fiscalizaron, lo que ocurrió es que se establecieron fideicomisos sin estructura legal. En 2019 existían 304 Fondos y Fideicomisos sin estructura, de la Administración Pública Federal, más 20 del Poder Judicial y órganos autónomos, unos 324 sin estructura, lo que deja sólo a 60 con estructura.

Estos datos, nos muestran el panorama en que el gobierno federal y los legisladores toman la decisión. Según los argumentos gubernamentales los fondos recuperados serán administrados a través de la Secretaría de Gobernación y retornarán a los programas o proyectos enfocados a la reactivación económica y la atención a la emergencia sanitaria por la COVID-19. Los mecanismos no quedan claros y queda un vacío en las necesidades que dichos fideicomisos cubrían. Esperemos que no se caiga en la misma opacidad que ha originado la desaparición de los fideicomisos. Desde nuestro punto de vista, compartimos la propuesta de FUNDAR, al sugerir no la desaparición total o parcial de fideicomisos sin previa evaluación profunda. Sino elaborar un diagnóstico que permita identificar los que han funcionado, los que pueden reformarse y los que deban extinguirse y cubrir efectivamente los vacíos de los eliminados.

[1] INAI http://inicio.inai.org.mx/nuevo/fideicomisospublicos.pdfhttps://home.inai.org.mx/
[2] INAI  ibíd
[3] https://fundar.org.mx/la-extincion-radical-y-masiva-de-los-fideicomisos-nunca-ha-sido-la-respuesta/

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