La historia de la menor de edad exhibió un sistema vigente que no aplica la perspectiva de género y suele criminalizar a las mujeres en el estado.
Redacción
Querétaro, Qro.- “Es el momento de defender a México, ¡es el momento de defender a la vida!, es el momento de defender los principios de Acción Nacional que es lo que nos unió”, arengó el gobernador del estado, Mauricio Kuri González, en la conmemoración en Querétaro, del aniversario del Partido Acción Nacional (PAN).
Un día después de ese festejo panista, el fiscal general del estado, Víctor Antonio de Jesús Hernández –quien fue impuesto por la mayoría del PAN en el Congreso– negó que hayan procedido contra alguna mujer por abortar.
Los dichos del fiscal ocurrieron en respuesta al caso de una niña de 14 años de edad, que permanecía bajo arraigo domiciliario y cuya defensa –la organización Adax Digitales A.C.– sostiene que fue violada y que tuvo un aborto espontáneo.
En el 2009, durante el sexenio del gobernador Francisco Garrido Patrón, emanado del PAN, el Congreso con mayoría panista estableció en la Constitución local que “El Estado respeta, reconoce, protege y garantiza el derecho a la vida de todo ser humano, desde el momento de la fecundación”.
En la Ciudad de México es legal la interrupción del embarazo, hasta las doce semanas de gestación.
En Querétaro una mujer que aborta puede ir a la cárcel. Incluso si su vida peligra, está obligada a parir.
En el Código Penal para el Estado de Querétaro, existen solo dos causales para abortar sin ir a la cárcel: cuando sea un aborto culposo o imprudencial o cuando el embarazo sea resultado de una violación.
La menor dijo haber sufrido una violación y su defensora, Mayra Dávila Alvarado de la organización Adax Digitales, explicó que las autoridades tuvieron que haber implementado un análisis y un acompañamiento desde la perspectiva de infancia y de género.
En la fiscalía de Querétaro negaron que eso hubiera ocurrido: “Esa carpeta de investigación fue determinada en enero del 2024, la determinación fue que no existían elementos que pudiesen acreditar la comisión del delito de violación, esta comunicación se le notificó directamente a su representante legal, una vez que recibe la notificación, no genera ninguna impugnación o inconformidad sobre la misma”, expuso el fiscal general, Víctor Antonio de Jesús Hernández en entrevista con el medio AR Noticias.
Sin embargo, Dávila Alvarado señaló que la asesoría de la menor corría a cargo de la defensoría pública, es decir, del propio gobierno de Querétaro.
La niña estuvo embarazada pero perdió a su bebé y la fiscalía la responsabilizó de la muerte: “Lo que nosotros pudimos constatar es que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento, es decir, específicamente tuvo una asfixia por estrangulamiento”, indicó el fiscal general, de Jesús Hernández.
No obstante, con base en un “metaperitaje”, la defensa habló de un aborto “espontáneo y de una muerte natural”.
El metaperitaje aplicado en el caso, arrojó que servidores públicos de la fiscalía “malinterpretaron” los hallazgos por “inexperiencia, ineptitud, falta de conocimiento de la patología perinatal”.
La menor no solo estuvo en arraigo domiciliario, sino que su defensa acusó que la fiscalía pedía una reparación del daño de 518 mil pesos “para quien tenga interés jurídico y calidad jurídica en el proceso, eso, en palabras cristianas es evidentemente el padre del producto de la gestación, que traduciéndolo más abajo, pues es el responsable de esta agresión sexual que ella señala”, indicó Mayra Dávila Alvarado.
El gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, respaldó la versión del fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández: “Creo que se ha desinformado, que me ayuden, me ayudará mucho porque la información que tengo de las líderes, que estaban sacando, es que, que la niña fue violada y que la niña fue, por un aborto espontáneo está judicializada y no es así”.
Pero el caso llegó a la conferencia “mañanera” de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo: “No estamos de acuerdo (…) Yo creo que no se debe criminalizar y menos a una niña de 14 años”.
El caso de la menor causó indignación en todo el país y hasta en el Senado de la República se planteó la destitución del fiscal de Querétaro.
El fiscal Víctor Antonio de Jesús Hernández terminó por recular y la secretaria de las Mujeres de México, Citlalli Hernández Mora, exhortó a las y a los diputados de Querétaro a legislar el tema del aborto, el cual sigue siendo un delito, pese a que, desde 2015, ya son 3 legislaturas locales con una mayoría de mujeres.
La semana pasada fue presentada otra iniciativa para despenalizar el aborto en Querétaro, un acto donde estuvieron presentes solo 2 legisladoras de las 13 que hay en el Congreso local, pero el presidente de la Junta de Coordinación Política, el panista Guillermo Vega Guerrero, dejó claro desde septiembre de 2023: “Nosotros mantenemos, como Acción Nacional, la defensa de la vida y no haremos en lo corto ninguna acción para modificar el marco jurídico que se mantiene en el estado de Querétaro”.
Mira más en el siguiente video de Libertad de Palabra:
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