23 organizaciones difundieron un comunicado con el que lamentaron la modificación del proyecto de sentencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: “mientras que el primer proyecto de sentencia sentaría un precedente favorable para la aplicación del Acuerdo de Escazú en el país, el segundo proyecto de sentencia dio un giro drástico en la interpretación de los derechos humanos, en particular los asociados a los mecanismos efectivos de participación ciudadana”.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- 23 organizaciones suscribieron un comunicado con el manifiestan sus consideraciones respecto a la sentencia del juicio de amparo contra la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”, dictada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La Primera Sala, que preside el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, determinó el sobreseimiento y negó el amparo de la justicia federal.
“Desde la Suprema Corte acaban de determinar la constitucionalidad de la ley, acaban de darle validez al título jurídico que emitimos en esta legislatura, estoy muy contento porque hoy Querétaro tiene una ley que nos ayudará a enfrentar el futuro, pero sobre todo a garantizar en el presente el acceso al vital líquido”, celebró el diputado local del PAN, Enrique Antonio Correa Sada, uno de los defensores del polémico ordenamiento.
Las organizaciones –entre ellas Bajo Tierra Museo del Agua, una de las que desde un inicio se pronunció en contra del contenido de la ley y la forma en la que fue aprobada– puntualizaron que la Primera Sala de la Corte no había validado la “Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro”.
“Por el contrario, las omisiones señaladas en el primer proyecto de sentencia al amparo obligaron al Congreso a modificar la ley para dejar fuera los argumentos del amparo y blindar la Ley de Concesiones, atendiendo sólo parcialmente la sentencia”.
En su discurso, un día después de que el Congreso de Querétaro había sido notificado de la resolución de la Primera Sala de la Suprema Corte, el diputado del PAN aseguró:
“Desde este trinchera vamos a seguir trabajando para garantizar que todas la familias que habitan en nuestro estado, cuenten con este derecho humano”.
Las organizaciones explicaron que en un primer momento, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señalaba que diversos artículos de la ley queretana contravenían los derechos humanos al agua, al saneamiento, al medio ambiente sano y a la participación pública.
Por esta razón el Congreso queretano, con mayoría del PAN, tuvo que hacer reformas a la ley en abril pasado, “para subsanar las omisiones enunciadas por la Corte”, pero las organizaciones lamentaron que una vez más no hayan tomado en cuenta a la ciudadanía.
Las reformas de último momento derivaron en que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación replanteara su proyecto de sentencia y por eso negó el amparo, señalan en el comunicado.
“… mientras que el primer proyecto de sentencia sentaría un precedente favorable para la aplicación del Acuerdo de Escazú en el país, el segundo proyecto de sentencia dio un giro drástico en la interpretación de los derechos humanos, en particular los asociados a los mecanismos efectivos de participación ciudadana”.
4 días después de la declaración del gobernador del estado, Mauricio Kuri González, “ya chole con lo del agua”, organizaciones sociales insistieron en que la llamada “Ley Concesiones”: “sigue siendo un mecanismo de validación de la intervención privada distante de ser una Ley Integral de Aguas justa, equitativa y acorde a los desafíos socioambientales de nuestro estado, pero sobre todo parcial en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos”.
Las organizaciones recordaron que, en mayo de 2022, la ley había sido aprobada y promulgada en medio de protestas.
El Congreso, con mayoría del PAN, la votó sin la realización de un “parlamento abierto” que le exigían para discutir con mayor amplitud el proyecto.
Y el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, la publicó horas después, aunque “más de 3,000 firmas ciudadanas” le pedían vetarla.
En su comunicado, las organizaciones expusieron que la polémica ley ha sido cuestionada por “legalizar y perpetuar un modelo de manejo privado de los servicios que de facto venía favoreciendo el acaparamiento, discrecionalidad y expansión urbana; además de dejar fuera la regulación integral del agua para su conservación”.
Anunciaron que persiste una demanda y propuesta ciudadana de una ley de aguas que respete los derechos al agua, saneamiento, medio ambiente sano y participación en Querétaro.
Dicha exigencia, indican en el comunicado, ha articulado un “frente ciudadano amplio, plural y no partidista, con respaldo nacional, que seguirá impulsando un marco legal orientado al bien común y garante de derechos”.
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