La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un dictamen que garantiza el acceso “libre, gratuito y permanente” a las playas y a la franja federal marítimo-terrestre, prohíbe cobros no regulados y crea mecanismos para señalar y mantener accesos públicos.
El texto, que modifica la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley General del Equilibrio Ecológico, fue turnado al Senado para su discusión y posible ratificación.
Redacción
El pleno de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con 465 votos a favor, que busca blindar legalmente el derecho de la población al disfrute de las costas y frenar prácticas que restringen el paso, como cobros, barreras físicas o el uso exclusivo por desarrollos inmobiliarios.
Entre las modificaciones más relevantes están las que tocan el artículo 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y el artículo 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con las cuales se pretende dejar “de manera expresa” que el acceso a la zona federal marítimo-terrestre y a las playas será público y gratuito.
El dictamen incorpora la obligación de crear un Registro Nacional de Accesos a Playas, con rutas de ingreso debidamente señaladas y mantenidas, y faculta a las autoridades a ordenar la apertura o rehabilitación de accesos cuando existan obstáculos materiales que impidan el paso.
La reforma también prohíbe expresamente la imposición de cobros o cuotas para el ingreso a las playas y a la franja federal, salvo cuando existan cobros explícitamente regulados por la ley (por ejemplo, por servicios públicos específicos o por causas de conservación debidamente justificadas).
Distintos medios y analistas han subrayado que la medida va dirigida a revertir prácticas de privatización de hecho y han pedido que la ley incluya mecanismos de cumplimiento y sanción claros.
Los promotores de la iniciativa sostienen que la normativa busca proteger un derecho ya previsto en la Constitución y en la Ley General de Bienes Nacionales, pero que en la práctica se ha visto vulnerado por acuerdos, concesiones y barreras que impiden el acceso ciudadano a tramos costeros.
En palabras de un comunicado de la Comisión de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial de la Cámara Baja, se trata de “defender lo público en el litoral”.
La minuta fue remitida al Senado para su análisis; según reportes legislativos, el Senado la recibió para su discusión y eventual aprobación, paso necesario antes de que la reforma sea promulgada por el Ejecutivo. Ese trámite legislativo será clave para precisar transitorios, excepciones y el calendario de aplicación.
El texto prevé excepciones por razones de seguridad pública, protección ambiental o uso científico, pero establece que dichas excepciones deberán justificarse de manera documentada y no podrán usarse como pretexto para negar el acceso general.
La reforma obliga a que se habiliten accesos “por tramo” del litoral, lo que obligaría a autoridades federales y municipales a coordinar obras y señalética. Esa obligación técnica aparece entre las claves del dictamen.
Organizaciones civiles y colectivos en defensa del litoral han acogido la iniciativa como un avance necesario para detener la “privatización encubierta” de playas en lugares emblemáticos (Tulum, Cancún, en Quintana Roo; zonas de la Riviera Nayarit o de Baja California), donde en la práctica se han documentado cobros y barreras.
Varios propietarios de concesiones y de prestadores de servicios turísticos pidieron precisar cómo se compatibilizan los permisos de explotación, concesiones y contratos vigentes con la garantía de acceso público.
Desde la administración federal, dependencias como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) han recordado que la franja federal marítimo-terrestre es “bien nacional de uso común” y, por tanto, no es objeto de propiedad privada.
En septiembre de 2024, la SEMARNAT ya había difundido un comunicado en el que aseguraba haber liberado el acceso de 397 kilómetros lineales de playa pública para ser transitables por todas las personas, y dejaba listo el proyecto para otorgar 14 kilómetros lineales más de estos espacios.
“Esta cifra se alcanzó con la suma de espacios que tenía a cargo el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), y de los acuerdos de destino otorgados mayormente a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), cumpliendo de esta forma con el decreto firmado por nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, el 21 de octubre de 2020, para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas”, dice el comunicado.
Asimismo, la Semarnat confirmaba la disminución drástica de la cantidad de concesiones nuevas otorgadas (499) para el uso de espacios en Zona Federal Marítimo Terrestre, en comparación con administraciones previas, como la de Vicente Fox, que cedió 4 mil 932; el de Felipe Calderón, 3 mil 513, y el de Enrique Peña Nieto, 3 mil 325.
