Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, fue hallado el lunes en su propia camioneta, con impactos de bala en la cabeza y señales de tortura.
Redacción
El secretario de Seguridad de México, al comparecer en el Senado, reportó la detención de un segundo implicado en el asesinato del presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, Bernardo Bravo Manríquez.
El funcionario federal habló de un compromiso de las autoridades para detener “a todos” los responsables del crimen.
Un día antes, el secretario Omar García Harfuch había difundido la detención del primer sujeto, a quien identifican como “uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán”.
El pasado lunes, el cuerpo de Bernardo Bravo Manríquez fue hallado en su propia camioneta, con impactos de bala en la cabeza y señales de tortura.
Las autoridades estatales, encabezadas por el fiscal Carlos Torres Piña, confirmaron que el crimen ocurrió 10 horas antes del hallazgo y que el vehículo fue ubicado en un camino rural en la zona conocida como Los Tepetates.
El registro inicial apunta a que Bravo contaba con protección oficial —tres escoltas y un vehículo blindado—, pero al momento del asesinato ya había quedado sin custodia.
Desde semanas atrás, el dirigente había denunciado públicamente las cuotas que los grupos del crimen organizado imponen a los productores limoneros del Valle de Apatzingán, Buenavista y otras zonas. En una entrevista para Expansión Política dijo que “varias regiones de Michoacán eran afectadas por las extorsiones por parte de grupos criminales”.
Su última publicación en Facebook, 48 horas antes de su asesinato, fue: “Pedimos sensibilidad por toda la crueldad que estamos viviendo los Limoneros del Valle de Apatzingán”, al compartir un video publicado por la cuenta de “Agrifor México”.
Un día antes, el 17 de octubre, grabó un video para convocar a los productores a que asistieran al tianguis de limón, pero advirtió que no dejarían pasar a ningún coyote o intermediario.
También manifestó que los productores se estaban poniendo de acuerdo para rechazar los precios puestos en empaque y en industrias.
Sin embargo, el día en que estaba programado el tianguis de limón, lunes 20 de octubre, Bernardo Bravo Manríquez fue encontrado sin vida.
Horas después del hallazgo, fue detenido de Rigoberto “N”, identificado como “El Pantano”, en el poblado de Cenobio Moreno, municipio de Apatzingán, Michoacán.
Las líneas de investigación apuntan a que Rigoberto ”N” —presunto jefe de la célula criminal Los Blancos de Troya, la cual opera en la Tierra Caliente, vinculada con los cárteles Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras— es el posible autor intelectual y “uno de los responsables del cobro de cuotas de extorsión a productores limoneros de Apatzingán”.
En el momento de su detención, Rigoberto “N” llevaba consigo, además de otros objetos, una credencial de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, la propia organización que dirigía Bravo, lo que abre la hipótesis de infiltración del crimen organizado en las organizaciones productivas.
Productores agrícolas señalan que el asesinato de Bravo no es un hecho aislado sino parte de un patrón de violencia que ha afectado al campo limonero de Michoacán en los últimos años, donde la extorsión, el control de rutas de transporte y los “pagos de piso” se han vuelto reglas para operar.
Reportajes en medios nacionales e internacionales apuntan que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Familia Michoacana, Los Viagras y Los Caballeros Templarios se disputan el poder en Michoacán, tomado control de regiones productoras de limón y aguacate, exigiendo cuotas desde 1 a 2 pesos por kilo de limón, y cadenas de comercialización y transporte.
Este crimen ocurre en un entorno en que líderes productivos que se niegan a colaborar con los grupos criminales se convierten en blancos, como en es el caso de Bravo, uno de los hombres más visibles del ramo citrícola, cuyo liderazgo gremial lo había convertido en un símbolo de resistencia y en blanco de amenazas, por lo que contaba con protección oficial, que no estaba presente al momento del suceso, lo que detonó los cuestionamientos a las autoridades.
La Fiscalía de Michoacán revisa la cadena de custodia, el momento en que se suspendió su escolta, así como los registros de cámaras y llamadas, según informó el fiscal. Las líneas de investigación también investigan si el asesinato de Bravo se ejecutó como advertencia para otros productores que buscan organizarse y resistir el cobro ilegal de cuotas.
La prensa advierte que el hecho expone la debilidad del estado para proteger a quienes denuncian o combaten extorsiones en zonas rurales de alto riesgo y que “matar limoneros en Michoacán” es ya una frase repetida para describir un negocio sangriento donde la producción agrícola se vuelve terreno de disputa criminal.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó el crimen y dijo en su conferencia que “tiene que haber justicia” y que el Gabinete de Seguridad ya respaldaba la investigación estatal.
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, se dijo “impactado”: “nos duele porque él era un dirigente sano, un dirigente que estaba haciendo su labor en favor del sector limonero” y aseguró que la violencia en aquel estado está “bajo control” y estable.
Desde Apatzingán se lanzó un llamado urgente de los productores para que haya garantías de seguridad y apoyo institucional, ya que la convulsión generada tras el asesinato provocó paralización de actividades, temor y posible afectación a exportaciones, precios y rutas de comercialización.
