La Fiscalía de Michoacán los acusa del delito de homicidio calificado, “en comisión por omisión”.
Jessica Alcázar Zaragoza
La Fiscalía de Michoacán informó de la detención de siete personas servidoras públicas del gobierno del municipio de Uruapan.
Las acusan de homicidio calificado, “en comisión por omisión”.
Medios de comunicación como Proceso, difunden que 6 de las personas detenidas eran escoltas del presidente municipal, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, asesinado el 01 de noviembre tras un acto oficial en la plaza principal de Uruapan.
“Cumplimentamos orden de aprehensión en contra de siete servidores públicos del municipio de Uruapan, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal Carlos Alberto Manzo Rodríguez”, difundió la institución que encabeza Carlos Torres Piña.
Estas detenciones se suman a la de uno de los presuntos autores intelectuales, Jorge Armando “N”, apodado “El Licenciado”.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, dijo que labores de investigación e inteligencia ayudaron a identificar y capturar a dicho sujeto en la colonia Centro del municipio de Morelia.
“El Licenciado”, presunto autor intelectual
“El Licenciado” ha sido señalado como líder del comando de jóvenes destinados a acabar con la vida de Carlos Manzo, en el que participaban, además de Víctor Manuel “N” –“neutralizado al cometer el homicidio”–, otros dos jóvenes que acompañaban al agresor horas antes del ataque, identificados como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”.
A este último –relacionado a un grupo criminal con presencia en la entidad y con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego– se le atribuyen funciones como instructor de algunos integrantes, a quienes enseñaba el uso de armas de fuego y sometía a castigos físicos cuando no cumplían instrucciones.
El funcionario federal abundó que localizaron los equipos telefónicos de ambos sujetos y sus cuerpos sin vida sobre la carretera Uruapan-Paracho, el pasado 10 de noviembre, asesinados “aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones”.
Según el secretario del gabinete de Seguridad, la comunicación entre los involucrados se realizaba mediante un grupo de una aplicación de mensajería en el cual “el Licenciado” emitía instrucciones para realizar la ejecución y los miembros compartían rutas y horarios.
El análisis de las conversaciones permitió concluir que Ramiro “N” estuvo en el lugar para coordinar los movimientos del alcalde, mientras el resto de los integrantes se colocaron en distintos puntos de la plaza Morelos para darle seguimiento.
La instrucción de “el Licenciado” era clara: ultimar a como dé lugar a Carlos Manzo, sin importar de quién estuviera acompañado, dijo García Harfuch, quien abundó que ya lo habían intentado asesinar desde el 30 de octubre, pero no lo lograron, por lo que fueron castigados.
Jorge Armando “N” ha sido identificado como uno de los autores intelectuales debido a su participación en la organización y logística del crimen; sin embargo, él mismo reconoció –según el secretario– que solo sirvió como enlace entre el grupo de sicarios y Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “el R1” o “el Moncho”, quien es el “jefe de plaza” en Michoacán, Jalisco y Guanajuato del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien le dio directamente la orden.
Ramón Álvarez ha sido identificado como el segundo hombre más importante del CJNG después de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “el Mencho”, líder del cártel; por lo que, junto con sus hermanos Rafael, “el R2”, y Jesús Santiago, fueron detenidos por la Secretaría de la Defensa Nacional en septiembre de 2012.
Sin embargo, de manera sorpresiva, fue liberado el 19 de noviembre de 2022 por la jueza federal Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco, quien resolvió que faltaban elementos para procesarlo, a pesar de las acusaciones en su contra por delitos graves como secuestro y delincuencia organizada.
En su momento, durante su conferencia matutina del 24 de noviembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó su liberación como un “sabadazo” –por haberse notificado y ejecutado precisamente un sábado–, por lo que su gobierno presentó una denuncia penal contra la jueza por actos contrarios a la administración de justicia, así como una queja ante el entonces Consejo de la Judicatura Federal.
El secretario García Harfuch afirmó que las investigaciones continúan y que habrá más detenciones para desmantelar por completo a la “red delictiva que comete homicidios, extorsiones y que utilizan a los jóvenes y generan violencia en la región”. Asimismo, en entrevista con Azucena Uresti, aseguró que en un par de días tendrán “muchísima más información” sobre el caso.
Señalamientos a políticos morenistas de Michoacán
La viuda de Carlos Manzo y hoy presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, relató en entrevista con la comunicadora Adela Micha, que durante la reunión que tuvo con la mandataria Claudia Sheinbaum, esta la escuchó con atención y admiración, y que le expresó su “remordimiento” por no haber recibido antes a Carlos Manzo.
Aseguró que dudó en reunirse con la presidenta debido a su resentimiento por que no habían hecho caso a los llamados de Manzo para que el gobierno federal interviniera en el municipio de Uruapan:
“Se lo dije así, tal cual, le dije: ‘La verdad yo no iba a venir a esta reunión, yo no tenía ganas de venir porque pues en mí hubo un sentir de decir, pues ¿ya para qué?, o sea, para mí esta reunión es demasiado tarde ya’. Sin embargo, le dije: ‘Vengo a que por favor esclarezca el tema de Carlos y vengo a exigirle justicia por Carlos’”.
Quiroz García aseveró que en la reunión le pidió en reiteradas ocasiones que investigara y no encubriera a personas señaladas por el propio Carlos Manzo, que pertenecen a su propio partido, “que pague quien tenga que pagar”, dijo; a lo que la presidenta Sheinbaum se comprometió a que “así será”.
Grecia Quiroz recordó que, en distintas ocasiones, Manzo señaló específicamente al diputado morenista Leonel Godoy Rangel, quien ha sido senador y gobernador de Michoacán; así como al senador por Morena, Raúl Morón Orozco, y al expresidente municipal de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, por lo que pidió que se les investigue.
Al ser cuestionado sobre estas acusaciones, el senador morenista de Michoacán, Raúl Morón, manifestó que está tranquilo y que no tiene ninguna “dificultad” para declarar ante las autoridades, a quienes también pidió que investiguen y esclarezcan los hechos para evitar las especulaciones sobre actores políticos.
“Estamos a disponibilidad de la autoridad en cuanto nos requieran porque no tenemos nada detrás de nosotros de qué avergonzarnos”, dijo.
El secretario del gabinete de Seguridad, García Harfuch afirmó que los señalados no han sido llamados para declarar y aseguró que la investigación se hará con rigor, “sin especulaciones”, y si en algún momento llegara a haber evidencias sobre cualquier persona, se actuará en consecuencia, “nosotros no protegemos a nadie”, afirmó.
El 12 de noviembre, luego de la reunión que tuvo con García Harfuch y con el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, dio una conferencia de prensa en la que expresó su voto de confianza hacia la estrategia “Operación Paricutín”, que forma parte del “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” del gobierno federal para reforzar la seguridad.
“Yo espero de verdad que vayan y ataquen de raíz lo que se tiene que atacar. Yo en este momento les estoy dando a ellos un voto de confianza, pero también les dije que si no había resultados, que si las cosas seguían igual, tuvieran cuidado porque había una ciudadanía que estaba muy lastimada, muy enojada”.
Sin embargo, también dijo que no iban a permitir que los quieran engañar con un plan si solo lo van a seguir por unos meses para “apaciguar” a la gente y luego se retiren para dejarla nuevamente vulnerable ante los delincuentes.
