La ministra presidenta Norma Lucía Piña y sus colegas fueron despedidos con aplausos dentro de la Suprema Corte, sin embargo, fuera del recinto judicial ciudadanos expresaron su rechazo coreando “¡Fuera Norma Piña!”, en un episodio que expone la división política y mediática en torno a su gestión y al Poder Judicial.
Redacción
La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, la ministra Ana Margarita Ríos-Farjat y los ministros Javier Laynez Potisek, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales fueron despedidos con vítores y aplausos del personal judicial durante su entrada a la sesión extraordinaria del Pleno, citada como la última bajo su actual integración.
Empleados del tribunal portaban carteles de agradecimiento y expresaron su reconocimiento en un momento inédito en la historia de la Corte.
En su discurso, Norma Piña agradeció a quienes laboran en el Poder Judicial y afirmó esto al finalizar su mensaje: “El trabajo de cada uno es la mejor voz y lo que hace cada uno en la labor cotidiana por la justicia es nuestro legado. La congruencia, la ética, el trabajo, la perseverancia, la excelencia, la honradez y la dignidad son y serán la mejor carta de presentación ante el escrutinio de la historia”.
Fuera del edificio, sin embargo, la escena fue otra. Grupos de manifestantes se congregaron en las escalinatas de la Corte, donde colocaron mantas con la leyenda “Fuera el cártel de la toga” y figuras con máscaras de cerdos con birretes y togas cubiertas de billetes falsos, a las que le prendieron fuego mientras lanzaban consignas de rechazo hacia Piña, exigiendo su salida con gritos de “¡Fuera Norma Piña!”, “¡Viva el Plan C!”.
Un grupo de madres buscadoras del colectivo Ehécatl protestó y cerró las entradas y salidas al Alto Tribunal por algunos minutos, exigiendo atención a casos de desaparición forzada en el país.
La sesión, convocada por Piña, responde a una obligación constitucional de resolver impugnaciones en materia electoral antes de que concluya el actual periodo del Pleno, el 31 de agosto. No obstante, hay trascendidos que señalan que habría una nueva sesión extraordinaria para el martes 26 de agosto debido a la acumulación de casos pendientes, incluidos recuentos y validaciones de elección judicial.
Norma Piña ha sido una figura relevante en la historia reciente de la Corte. Nombrada ministra en 2015 (tras ser propuesta por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, del PRI), fue la duodécima mujer en ocupar ese cargo, y presidenta de la Primera Sala entre 2016 y 2018. Su llegada a la presidencia del Máximo Tribunal en 2023 marcó un hito, al convertirse en la primera mujer en ostentar ese puesto.
La tensa relación que tenía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador fue especialmente evidente en 2023, durante su discurso en el evento conmemorativo de la Constitución Política de 1917, en el Teatro de la República en Querétaro, donde proclamó que la independencia judicial no es un privilegio, sino la base de una justicia imparcial, deslindándose así de eventuales influencias políticas.
Fue en aquel contexto donde se vivió una tensión institucional, pues durante este acto solemne en el que se reúnen los representantes de los tres poderes de la Unión, la ministra Norma Piña no se levantó de su asiento mientras todos aplaudían de pie al presidente de la República, lo que se consideró una falta de respeto al protocolo y encendió una –luego declarada pública– “guerra de poderes”.
Al año siguiente, el 05 de febrero de 2024, en un hecho sin precedentes, ni el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ni la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, asistieron a la ceremonia conmemorativa del aniversario de la Constitución en Querétaro. En su lugar, asistieron la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y el ministro Alberto Pérez Dayán, lo que fue interpretado como una fractura latente entre los poderes del Estado, en un escenario marcado por reformas políticas y judiciales que alteraban el equilibrio institucional.
En esa misma fecha, López Obrador presentó al Congreso de la Unión un paquete de 20 reformas constitucionales denominado el “Plan C”, entre las que incluía una amplia reforma al Poder Judicial, para que los ministros fueran electos por voto popular, la cual se aprobó meses después, en septiembre de 2024, por la mayoría que Morena y sus aliados del Partido Verde y del PT obtuvieron en el Congreso, tras las elecciones, y a días de que Claudia Sheinbaum Paro tomara posesión como presidenta.
En octubre de 2024, la ministra Norma Piña presentó al Senado una renuncia anticipada con efectos al 31 de agosto de 2025. “Esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige”, señaló en su escrito.
A partir del 1 de septiembre, asumirá una nueva generación de ministros y ministras elegidas mediante voto popular. Entre esas personas están figuras como el abogado indígena Hugo Aguilar Ortiz, el presidente electo de la nueva Corte; así como Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes son ministras de justicia actualmente pero que fueron electas en junio pasado.
El presupuesto federal aprobado para financiar esta transición alcanzó casi 5,900 millones de pesos, lo que desató críticas incluso de algunos ministros salientes, quienes señalaron privilegios excesivos y abogaron por una Corte de austeridad.
Este cierre de ciclo judicial representa no solo un relevo generacional, sino también un test de credibilidad para la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un entorno donde su papel constitucional será ahora ratificado por el voto ciudadano, marcando un antes y un después en la historia del Poder Judicial mexicano.
