La sentencia equivale a 3 veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los había demandado originalmente, informó la Unidad de Inteligencia Financiera.
Iván Aldama Garnica
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que este jueves la Corte de Circuito del Décimo Primer Circuito Judicial para el Condado de Miami Dade, Florida, Estados Unidos, ha dictado sentencia “final” que ordena el pago de 2,488 millones de dólares al exsecretario de Seguridad de México, Genaro García Luna, y a su esposa Linda Cristina Pereyra.
García Luna está preso en Estados Unidos, en octubre pasado lo sentenciaron a 38 años de cárcel por narcotráfico.
El gobierno de México lo había demandado a él y a su esposa y a otros personajes por formar parte de una red de corrupción y de lavado de dinero.
La UIF, que encabeza Pablo Gómez Álvarez, detalló que la jueza Lisa Walsh ha condenado a García Luna al pago de 748 millones 829 mil 676 dólares norteamericanos.
En tanto, la esposa del exfuncionario federal, Linda Cristina Pereyra, deberá cubrir el monto de 1,740 millones 025 mil 540.20 dólares norteamericanos.
La suma total es de 2,488 millones 855 mil 216.20 dólares.
“De acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente”, expuso la UIF.
El Banco de México difunde que el precio del dólar, este 22 de mayo de 2025, es de 19.33 pesos mexicanos.
Al hacer una simple operación matemática, resulta que el monto total de la sentencia es de 48 mil 109 millones 571 mil 329.15 pesos mexicanos.
Por ejemplo, el presupuesto del estado de Zacatecas –con una población de 1 millón 622 mil 138 habitantes, según el Inegi– es de 40 mil 122 millones 468 mil 266 pesos para el año 2025.
Según la UIF, la sentencia “es consecuente” con 7 resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de Genaro García Luna, su esposa Linda Cristina Pereyra y sus 5 empresas, como resultado de su omisión de concurrir al juicio.
En su comunicado, la UIF explicó que a partir de la emisión de esta sentencia irán por los bienes de los implicados:
“… el Estado Mexicano procederá a su ejecución respecto de los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro, aún bajo la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros”.
