El Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) condenó a tres exdirectivos de Segalmex a devolver más de 261 millones de pesos tras detectar contratos de maíz, frijol y transporte sin sustento legal. Además de la sanción económica, los exfuncionarios fueron inhabilitados por 10 años. De confirmarse la sentencia, el SAT podría proceder a recuperar los recursos públicos.
El exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), René Gavira Segreste, así como Oliverio Pérez Santoyo, exgerente de Operaciones, y Miguel Carrillo Villarreal, exdirector de Planeación, Precios de Garantía y Estímulos, fueron condenados por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) a reponer, entre los tres, 261 millones 211 mil 579 pesos que pagaron sin sustento legal.
La Sala Auxiliar en Materia de Responsabilidades Administrativas Graves del TFJA además los inhabilitó por 10 años para ocupar cargos públicos debido a que fueron encontrados responsables de haber autorizado contratos para la adquisición de maíz y frijol, y para su transportación, mediante adjudicación directa bajo un esquema de urgencia sin sustento legal.
Tras un proceso que se extendió por más de dos años, derivado de una denuncia presentada por el Órgano Interno de Control de Diconsa en septiembre de 2023 y el oficio 08-OIC-SEGALMEX-TAR-045-2024, presentado ante la Oficialía de Partes en enero de 2024, los magistrados de la Sala Auxiliar determinaron que los exfuncionarios fueron responsables directos del menoscabo al erario.
De acuerdo con el expediente, Segalmex autorizó 19 contratos, entre marzo y agosto de 2019, para la compra de maíz, por un monto de 178.7 millones de pesos, y frijol, por 20.2 millones, además de 62.2 millones para transporte.
La resolución señala que estas adquisiciones fueron realizadas por adjudicación directa bajo un mecanismo de excepción para casos en los que hubiera una emergencia en el abasto de las tiendas Diconsa. Sin embargo, los responsables no pudieron acreditar que este fuera el caso ni que los productos fueran entregados.
Aunque los exfuncionarios argumentaron que la autorización se realizó de manera colegiada y con la aprobación del entonces director de Segalmex, Ignacio Ovalle Fernández, los magistrados María Ozana Salazar, Luis Ángel López Vera y Jesús Omar Sánchez Sánchez, de la Sala Auxiliar, resolvieron con base en las atribuciones y responsabilidades directas de los cargos que ocupaban.
La resolución aún puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, pero de confirmarse, el Servicio de Administración Tributaria sería el encargado de ejecutar la sentencia mediante embargo, créditos fiscales o intervención de cuentas bancarias para recuperar los recursos.
A la par del procedimiento administrativo, René Gavira enfrenta varios procesos penales iniciados por la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de defraudación fiscal, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, uso indebido de atribuciones y delincuencia organizada, por lo que se encuentra privado de su libertad en el Reclusorio Norte desde diciembre de 2023.
Las investigaciones iniciadas a partir de denuncias y auditorías realizadas a Segalmex involucran montos que superan los 2 mil 600 millones de pesos por operaciones ilícitas, como las atribuidas por el TFJA, compra de títulos bursátiles y otros movimientos financieros irregulares.
El caso de Segalmex ha sido considerado como uno de los mayores escándalos de corrupción en años recientes del país, en el que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 15 mil 300 millones de pesos desde que fue creada con el fin de, supuestamente, garantizar el abasto de alimentos básicos a precios accesibles.
Aunque varios funcionarios han sido investigados y detenidos, el exdirector Ignacio Ovalle no ha sido imputado por ninguna de las irregularidades detectadas en este organismo.
 condenó a tres exdirectivos de Segalmex a devolver más de 261 millones de pesos tras detectar contratos de maíz, frijol y transporte sin sustento legal. Además de la sanción económica, los exfuncionarios fueron inhabilitados por 10 años. De confirmarse la sentencia, el SAT podría proceder a recuperar los recursos públicos.){kind=link}