El gobierno de Campeche declaró de utilidad pública y promulgó el decreto para expropiar cuatro predios vinculados, según la administración estatal, a personas cercanas al dirigente nacional y senador del PRI, entre ellas su madre.
Redacción
El decreto que declara la utilidad pública de los cuatro predios ubicados en el fraccionamiento Miramar, en la ciudad de San Francisco de Campeche, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche y la gobernadora del estado, Layda Sansores San Román, lo anunció públicamente en su programa “Martes del Jaguar”.
De acuerdo con comunicados y notas periodísticas locales, los predios suman aproximadamente 80 mil metros cuadrados y figuran a nombre de Yolanda Mercedes Cárdenas Montero (madre de Alejandro Moreno); del arquitecto Juan José Salazar Ferrer —vinculado públicamente al senador—; y de otros dos particulares.
El gobierno estatal los relaciona con la trama de adquisiciones cuestionadas.
La acción del gobierno se ampara en la nueva Ley de Expropiación y demás limitaciones al derecho de propiedad del Estado de Campeche, reformada por la LXV Legislatura en septiembre pasado; el documento de la norma está disponible en el sitio del Congreso local y acorta plazos y modalidades para declarar utilidad pública en casos específicos.
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La gobernadora Layda Sansores sostuvo que el objetivo oficial es construir en ese polígono la llamada Universidad de la Salud “Rosario Castellanos”, que la entidad no tiene.
Afirmó que gran parte de esos predios fueron adquiridos por “prestanombres” y que hay indicios de operaciones irregulares, razón por la cual el Ejecutivo estatal promueve la declaratoria de utilidad pública.
“Ya le tenemos descubiertas (a “Alito”) 34 propiedades, así con sus prestanombres, aquí en Campeche, y nada más en Campeche, de las que ya tenemos la certeza”, dijo Sansores.
Ante el anuncio, el exgobernador de Campeche y actual dirigente nacional y senador del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, negó irregularidades en la adquisición de los terrenos e insistió en que hay una persecución política en su contra.
El político anunció que su equipo jurídico impugnará la expropiación y que demandará a las autoridades responsables.
El expediente y el decreto publicados en el Periódico Oficial contempla un plazo de cinco días para la presentación de objeciones y pruebas, y tres días hábiles para presentar alegatos de manera escrita, una vez concluida la audiencia para el desahogo de las pruebas.
Una vez confirmada la declaratoria de utilidad pública, los propietarios o terceros interesados no podrán interponer ningún recurso administrativo, salvo el amparo, de acuerdo con la nueva ley aprobada con mayoría oficialista en sesión extraordinaria.
Por su parte, la Fiscalía de Campeche tiene abiertas investigaciones contra Moreno Cárdenas por delitos de peculado y uso indebido de funciones y atribuciones, por lo cual presentó ante la Cámara de Diputados una nueva solicitud de desafuero en su contra.
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El gobierno estatal anunció que, tras completar los trámites legales, planea iniciar la obra en menos de mes y medio, según declaraciones públicas de la gobernadora; a su vez, dijo que la universidad beneficiará la formación de profesionales de la salud en la entidad.
El decreto de expropiación en Campeche —respaldado en la reciente reforma a la ley estatal— forma parte de una larga confrontación política abierta entre la gobernadora Layda Sansores, de Morena, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, quien fue mandatario en aquel estado.
Las impugnaciones legales y la eventual comprobación judicial de irregularidades serán los elementos que definan si la medida prospera o queda frenada por tribunales.
