El Congreso de Campeche aprobó una reforma que permite al gobierno expropiar terrenos privados bajo el concepto de utilidad pública, acortando plazos de defensa y autorizando pagos en plazos de hasta diez años.
La reforma ha suscitado críticas de quienes consideran que vulnera derechos de propiedad y abre riesgos de despojo político.
Redacción
El Congreso de Campeche aprobó una reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, presentada por la gobernadora Layda Sansores San Román, que permite al estado expropiar terrenos privados por utilidad pública, con cambios sustanciales en plazos de defensa y mecanismos de indemnización.
La iniciativa fue presentada el 27 de agosto y leída el 29 en sesión de la Diputación Permanente. El dictamen se aprobó en un proceso acelerado con 18 votos a favor (Morena, PT y PVEM) y 13 en contra (PRI, MC).
Una de las modificaciones más polémicas es la reducción del plazo de defensa, ya que los propietarios dispondrán solo de cinco días para responder a una declaratoria de utilidad pública, y ya no podrán presentar recursos administrativos; solo podrán recurrir al juicio de amparo.
En caso de que el propietario sea inaccesible, transcurridos cinco días sin defensa, el gobierno podrá disponer del predio, mientras que la ocupación u obras podrán iniciarse de inmediato, sin recursos administrativos intermedios.
La ley también contempla la aplicación de ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones al dominio, facilitando la intervención estatal.
Además, la ley autoriza que la indemnización se pague en plazos de hasta diez años, en contraste con el marco federal, que establece un plazo máximo de 45 días.
La valuación de los inmuebles quedará en manos de la Secretaría de Finanzas estatal, lo que críticos señalan como un grave conflicto de interés.
La declaratoria de utilidad pública será emitida por la Secretaría de Gobierno y se publicará en el Periódico Oficial, con notificación personal o por segunda publicación.
La oposición advirtió que la falta de recursos efectivos y el control estatal sobre el avalúo abre la puerta a abusos, especialmente en contra de adversarios políticos o con fines de beneficio público ambiguo. Asimismo, alertó que la reforma facilita el despojo político y socava el derecho a la propiedad.
El PRI la denominó “Ley Alito”, pues afirma que fue diseñada con nombre y apellido, aludiendo al caso de Alejandro Moreno Cárdenas, el dirigente nacional del partido y senador.
Lo anterior fue confirmado por el diputado Carlos Ucán en sus redes sociales, donde aseguró que la medida no busca afectar a la población, sino a casos como “las hectáreas de Alito y la casa de Alito”.
Cabe mencionar que, en su declaración patrimonial, Moreno reporta dos casas y hasta 12 terrenos por un valor aproximado de 12.9 millones de pesos. La primera casa fue adquirida en 2014 por 2.5 millones de pesos, la segunda en 2016 por 7.2 millones.
Sin embargo, distintas investigaciones han identificado una discrepancia considerable entre lo declarado y el valor real de al menos 15 propiedades, estimando una diferencia patrimonial de más de 103 millones de pesos.
Algunos medios como el periódico Reforma y otros, señalan que la valuación real de sus bienes podría ser mucho mayor. Entre ellos, un predio de playa en Champotón de 305 000 m² adquirido en 2015 por apenas 100 mil pesos; su valor actual podría superar los 450 millones de pesos.
Documentos revisados por medios y organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), revelan que Moreno, su madre, su hermano y su arquitecto de confianza aparecen como propietarios de al menos 35 predios y casas en Campeche, lo que ha sido señalado como un posible esquema para ocultar activos.
Asimismo, un operativo de cateo realizado en julio de 2023 en Campeche incluyó varios predios alrededor de la residencia principal de Moreno en el fraccionamiento Lomas del Castillo.
El fiscal estatal, Renato Sales, afirmó que estas propiedades no estaban registradas a nombre de Moreno, pero sí formaban parte de su mansión y presuntamente pertenecían a prestanombres. Moreno negó categóricamente cualquier vínculo.
El dirigente nacional del PRI calificó la normativa como “grotesca” y acusó al gobierno de Morena de replicar modelos autoritarios o populistas, comparándola incluso con expropiaciones indiscriminadas en Venezuela, bajo el mandato de Hugo Chávez.
Por su parte, observadores y medios nacionales señalaron que la “Ley Alito” podría constituir un precedente peligroso si se replicara en otros estados, amenazando la seguridad jurídica y la inversión privada.
En contraste, las voces oficialistas defendieron que la reforma responde a la necesidad de impulsar proyectos de infraestructura, vivienda social y desarrollo urbano en zonas sin terrenos disponibles. El argumento central fue combatir el acaparamiento inmobiliario y redistribuir la riqueza.
Afirmaron que la expropiación no es un despojo, sino una herramienta legal que opera cuando existe utilidad pública comprobada, citando como ejemplos la construcción de escuelas, hospitales, carreteras o espacios comunitarios.
