El dirigente nacional del PRI dice haber acusado, ante agencias estadounidenses, al expresidente Andrés Manuel López Obrador, al senador Adán Augusto López Hernández y a otros funcionarios surgidos de Morena, de liderar una estructura delictiva dedicada al huachicol fiscal, contrabando, lavado de dinero y tráfico de fentanilo.
Redacción
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, informó que había enviado pruebas a la DEA y al FBI, instancias del Gobierno de Estados Unidos, de presuntas actividades delictivas de personajes emanados de Morena, encabezados por el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
En una rueda de prensa en el Senado, el político priista denominó a la supuesta estructura delictiva liderada por López Obrador, como el “Cártel de Macuspana”, en alusión al nombre del municipio de Tabasco del que es originario el exmandatario mexicano.
Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, acusa de “narcopolítica” a López Obrador y a otros personajes de Morena y sostiene que dispone de documentos, correos electrónicos y acuses de recibo de sus denuncias en las agencias estadounidenses.
Con pancartas en el Senado, acusando al gobierno de narcopolítica y de corruptelas, el también senador del PRI expuso que el “Cártel de Mascupana” había sido formado desde Palacio Nacional, donde vivía y despachaba el entonces presidente de México, y que comenzó a operar desde 2018 con Adán Augusto López Hernández, como “pieza clave”, quien tomó posesión como gobernador del estado de Tabasco el 31 de diciembre de ese año.
Dentro de los acusados, el dirigente nacional del PRI mencionó a excolaboradores del presidente de México como el empresario Alfonso Romo Garza; a los gobernadores de Tamaulipas y Sinaloa, Américo Villarreal Anaya y Rubén Rocha Moya, ambos de Morena; a hijos del expresidente (lo que llaman “El Clan”, formado por Andrés Manuel, “Andy”, José Ramón y Gonzalo, “Bobby”, López Beltrán); así como altos mandos navales nombrados supuestamente sin transparencia.
En su acusación, el político priista señala delitos como tráfico de fentanilo, robo de combustible (“huachicol fiscal”), contrabando y lavado de dinero. Moreno Cárdenas afirma que nombres incluidos en la red corresponden a quienes habrían jugado roles administrativos y políticos en estas actividades.
El partido Morena y Luisa María Alcalde usaron sus redes sociales para rechazar de plano las acusaciones, calificando al líder del PRI como un representante de “lo peor de los políticos de siempre”, “que solo sabe hacer política con dinero, transas y tráfico de influencias” y lo acusó de mentir “a falta de proyecto, respaldo popular y autoridad moral”.
Hasta este momento no se han difundido públicamente documentos judiciales, órdenes de aprehensión ni fiscales en México que confirmen la existencia de una estructura criminal bajo ese nombre con todos los elementos señalados. Ninguna fiscalía estatal ni la Fiscalía General de la República (FGR) ha emitido un comunicado que confirme plenamente las acusaciones.
Analistas consultados por medios han advertido que el uso de términos como “cártel” implicaría una tipología jurídica específica que exige pruebas de organización criminal, participación sistemática, liderazgo, estructura jerárquica, financiamiento, vínculos con delitos federales o internacionales, lo que hasta ahora no se ha demostrado plenamente en fuentes oficiales accesibles.
