El dirigente de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto”, Pablo González Loyola Pérez, señala al director del Centro Penitenciario Varonil de San Juan del Río, Juan Emmanuel Reséndiz Vélez.
A José Alejandro Ochoa Valencia lo sentenciaron por tráfico de influencias en 2024, pero acusan que está en un área con vigilancia y otras medidas restrictivas que aplican a personas culpables de otros delitos como secuestro o delincuencia organizada.
Iván Aldama Garnica
El dirigente de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto”, Pablo Héctor González Loyola Pérez, acusó que José Alejandro Ochoa Valencia, exalcalde de Colón, está sufriendo tratos inhumanos en la cárcel.
González Loyola expuso que el exalcalde queretano permanece recluido en un espacio de 2×2 metros, que le limitan el tiempo de las llamadas telefónicas y que no le permiten hacer actividades físicas.
Quien tiene estudios en Derecho consideró que estos actos constituyen tortura y responsabilizó al director del penal de San Juan del Río, Juan Emmanuel Reséndiz Vélez.
“Alto a la incomunicación, intimidación y tortura en la infrahumana, insalubre prisión de San Juan del Río, Querétaro, del dirigente social Alejandro Ochoa Valencia, que ejecuta el represor director, expolicía de Investigación de la fiscalía, Juan Emmanuel Reséndiz Vélez, en absoluto desacato judicial”, publicó González Loyola Pérez en sus redes sociales.
El dirigente de una de las organizaciones sociales más antiguas de Querétaro compartió que había vistado a Ochoa Valencia en la cárcel.
“De cinco internos que fueron como él, a hablar con su defensor, él fue el único que va encadenado de pies manos con esposas y aros metálicos fuertes y apretados, me mostró su pulso bastante alterado, pues estaban temblando sus manos, me informó Alejandro a señas que traía un micrófono colocado entre sus ropas por el pecho, y que este encadenamiento se lo hacen para ir al sanitario fuera de la infrahumana mazmorra de cuatro metros cuadrados donde pasa el 90% de horas de las 24 que tiene el día, los 7 días de la semana con confesada video vigilancia”.
“¿De tal magnitud es el odio y la venganza personal?”, cuestionó González Loyola Pérez.
En su denuncia pública, el dirigente de la Unidad Cívica “Felipe Carrillo Puerto” añadió que a Ochoa Valencia le limitan la comunicación telefónica, incluso las llamadas con sus defensores, y que solo puede hacerlas con un custodio escuchando, que le prohíben hablar con los demás internos y que le niegan el acceso a actividades deportivas o recreativas.
González Loyola Pérez señaló que estas medidas son inconstitucionales y explicó que el módulo de incomunicación en el que está el exalcalde de Colón, es para personas declaradas culpables por sentencias firmes de ilícitos graves, como secuestro o delincuencia organizada.
Ochoa Valencia fue presidente municipal de Colón durante dos periodos por el Partido Acción Nacional (PAN), de 2015 a 2018 y de 2018 a 2020.
En 2020, durante el sexenio de Francisco Domínguez Servién, lo detuvieron al acusarlo de tráfico de influencias.
Un año antes de su detención, en 2019, siendo alcalde, exhibió a Diego Fernández de Cevallos, considerado “líder moral” del PAN, por un adeudo millonario de predial relacionado con una de sus propiedades en el municiono de Colón.
El exalcalde atribuyó su detención a su interés de ser candidato del PAN a la gubernatura de Querétaro.
Fue liberado casi 10 meses después, tras las elecciones de junio de 2021, en las que el candidato del PAN, Mauricio Kuri González, consiguió la victoria, pero su proceso penal continuó.
En libertad, Ochoa Valencia participó en reuniones políticas y fue acercándose al Partido Morena.
Incluso en enero de 2023, fue uno de los personajes políticos que estuvo en la teleconferencia de la entonces Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, realizada en el municipio de Huimilpan.
Meses después volvería a ser capturado.
El pasado 30 de octubre, Ochoa Valencia difundió que le habían notificado su sentencia por el delito de tráfico de influencias: “una pena de 4 años 9 meses y a pagar una reparación del daño”.
El dirigente de la organización social, Pablo Héctor González Loyola Pérez, explicó que él no puede quedarse callado ante lo que considera, son violaciones graves a los derechos humanos, se trate de la persona que se trate.
González Loyola Pérez recordó lo que se siente estar en una situación así, pues él también fue detenido en el sexenio pasado, cuando el gobernador era el panista Francisco Domínguez Servién.
“Soy de los que comprende lo que pasa, pues viví estas atroces condiciones y humillaciones, conozco las humillantes mazmorras, que cómo viví la humillación de vida con cámaras todo el tiempo apuntando y cuando al fin tribunal federal declaró mi inocencia, por supuesto el estado y sus funcionarios responsables fueron incapaces de disculparse”.
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