Los partidos políticos reportan haber gastado 452 millones de pesos en medios digitales de 2023 a 2025, pero el INE tiene “otros datos”: tan solo en 2024 la cifra supera los 466 millones.
Desde contratos millonarios con empresas polémicas, como Badabun, hasta partidos que aseguran recibir servicios “gratis”, la opacidad reina en la estrategia digital de las fuerzas políticas.
Jessica Alcázar Zaragoza
Con base en datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y solicitudes de información hechas por El Universal, los partidos políticos con representación federal reportaron haber gastado 452 millones 139 mil 717 pesos en redes sociales y plataformas digitales entre 2023 y 2025.
Sin embargo, la cifra no coincide con la reportada por el Instituto Nacional Electoral (INE), en cuya página web se puede conocer que tan solo en 2024 los partidos erogaron más de 466 millones, aunque no precisa en qué redes o empresas se destinó ese dinero.
De acuerdo con los datos publicados en dicho medio, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue el partido que más gastó en pauta en redes sociales, creación de contenido y asesoría en comunicación digital, destinando a este concepto 217 millones 768 mil 471 pesos.
Entre los contratos que entregó vía transparencia, destacan dos con la empresa AMX Contenidos, relacionada a Carlos Slim, por un monto de 50 millones 147 mil 700 pesos para anuncios en plataformas digitales.
Además, asignó 28 millones 505 mil pesos a la empresa Creación y Difusión de Contenido Web (Badabun); 16 millones de pesos tan solo para la creación de más de 300 reels para promover sus candidaturas al Senado en 2024.
Badabun ha sido señalada por promover la desinformación en temporada electoral y por actuar como herramienta de censura al reclamar la propiedad de videos donde aparecen personajes políticos, con el fin de que sean retirados de canales de medios de comunicación.
Apenas en diciembre del año pasado, Badabun reclamó los derechos de un video público, difundido por el propio Congreso de la Ciudad de México, en el que legisladores de Morena, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) se peleaban.
El PVEM, que fue sancionado en 2021 por violar la veda electoral a través de influencers, también realizó contratos con Element Media por un total de 23 millones 342 mil 300 pesos durante el periodo mencionado.
Otro partido que más ha gastado en pauta digital es Movimiento Ciudadano (MC), que supuestamente destinó 186 millones 778 mil 246 pesos, de los cuales 118 millones 377 mil 290 fueron pagados a la empresa Nauka Comunicación Estratégica.
Tan solo en 2024 sus contratos alcanzaron los 54 millones para la “estrategia digital” del partido y su excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez, y en 2025 continuaron contratando sus servicios por más de 7 millones de pesos.
Morena tiene registrados en la PNT contratos por 32 millones 582 mil pesos, asignados principalmente a empresas como IF Solutions (más de 19 millones) y Heurística Comunicación (8 millones 977 mil pesos).
El PAN también exhibe en la PNT que destinó 13 millones 509 mil pesos a este rubro, sin embargo, en la mayoría de los casos, los enlaces para acceder a los documentos están rotos.
De los 18 contratos proporcionados por el Partido del Trabajo (PT), once de estos se realizaron por comodato, de manera que alguien (no especificó la persona o empresa, a pesar de que debe ser información pública) realizó el trabajo de administrar sus redes sociales sin cobrar. En otros siete contratos erogaron 1 millón 502 mil pesos.
En el caso del PRI no existe información en la PNT respecto a este tipo de gasto, a pesar de que, al hacerle la solicitud formal, afirmó que los datos ahí estaban disponibles.
En la información consultada también aparecen otras empresas como destinatarias de los recursos erogados por las oganizaciones políticas, entre las que figuran Jeshom Publicidad y Mercadotecnia, La Covacha Gabinete de Comunicación, Barracuda Networks e Indatcom.
Expertos señalan que los recursos destinados a la mercadotecnia digital y el uso de influencers son difíciles de rastrear, en parte porque se realizan en efectivo y porque el Reglamento de Fiscalización del INE y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tienen huecos legales que son aprovechados por los partidos.
Los especialistas también apuntan a la complejidad de los procedimientos que dificulta la coordinación entre el INE, la Fiscalía y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que, dicen, no se está resolviendo con la reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum, que solo se enfoca en disminuir el tiempo de la propaganda electoral y en especificar cuando algún contenido esté realizado con inteligencia artificial.
