El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche, José Alberto Abud Flores, acusó al gobierno de Layda Sansores de ejercer un “demencial acoso” durante más de tres años para intervenir en la vida interna de la UACAM, incluyendo presuntas amenazas, un atentado contra directivos y la siembra de drogas en un vehículo oficial.
Abud Flores calificó como ilegal su destitución y responsabilizó a la gobernadora de cualquier agresión en su contra o contra su familia, mientras que el gobierno estatal negó toda injerencia y aseguró que la ley no se usa con fines políticos.
Jessica Alcázar Zaragoza
El exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACAM), Dr. José Alberto Abud Flores, acusó mediante un video al gobierno de Layda Sansores San Román de ejercer un “demencial acoso a lo largo de más de tres años” para intervenir en la vida interna de la institución.
Esta “actitud invasiva” comenzó ―dice Abud Flores― desde que tomó posesión del cargo de rector, en 2022, “con la obsesiva insistencia de incorporar a diferentes personas ajenas a la institución a puestos directivos”.
El exrector mencionó que las exigencias continuaron con la orden de ceder el estadio universitario, pero, ante la “educada negativa”, varios directores de la institución que viajaban a bordo de un vehículo oficial de la UACAM fueron objeto de un atentado contra su vida cuando una camioneta desconocida intentó provocar un choque para volcarlos.
El académico afirmó que un funcionario de gobierno citó al cuerpo directivo y académico de la universidad en un bar para amenazarlos, pero este no permitió “que se atentara contra la dignidad humana y laboral de mis colaboradores”.
“Todo ese escenario grotesco tiene su expresión máxima el día lunes 12 de enero, a las 9:30 de la mañana, con la detención del vehículo oficial de la UACAM y la siembra de drogas en su interior”.
Abud Flores denunció que durante su detención ejercieron violencia verbal y física en su contra, pero “el acto de mayor violencia, sin embargo, fue pisotear la autonomía universitaria en la figura del rector, quien la encarna por definición”.
El historiador condenó “el golpe artero” contra los procesos internos de la universidad al convocar al Consejo Universitario a altas horas de la noche “en un salón ajeno a las instalaciones de la universidad, acordonado por patrullas de la policía estatal”, para elegir a su sustituta, la notaria Fanny Guillermo Maldonado.
“En toda la historia de nuestra universidad jamás se había elegido a un rector o rectora fuera del campus universitario, nunca”, aseveró.
Asimismo, calificó su sustitución como ilegal, debido a que la Ley Orgánica de la UACAM dispone expresamente que en ausencia que no exceda de tres meses, la o el rector deberá ser suplido por la o el secretario académico, y solo podrá designarse a una persona sustituta si excediera de ese plazo.
“Ninguna norma universitaria, estatuto o disposición interna establece que la detención o vinculación a proceso penal sea condición para destituir en automático al rector. Jurídicamente, para la universidad, esta situación se traduce en una ausencia temporal del cargo, no en una destitución. Y es imprescindible recordar un principio que no admite matices: soy inocente hasta que se demuestre lo contrario”.
Abud Flores responsabilizó a la titular del Poder Ejecutivo de Campeche, Layda Sansores, “de cualquier otra agresión contra mi persona o la de mi familia” y pidió el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum para que “se rectifiquen estas ilegalidades y se encausen para bien por el camino debido”.
Días antes de la difusión de este video, el gobierno de Campeche publicó un comunicado en el que aseguró que “no ha intervenido, directa o indirectamente, en los procesos internos” ni en las decisiones de la UACAM y que tampoco “tiene injerencia alguna en las actuaciones realizadas por las autoridades de procuración e impartición de justicia”.
De igual forma, rechazaron “categóricamente (…) supuestas acciones de presión, persecución o intervención política” y aseveraron que “la ley no se utiliza como herramienta política, ni se condiciona a disputas personales o institucionales”.
Finalmente, hicieron un llamado “a permitir que las instancias correspondientes actúen conforme a derecho, sin especulaciones ni desinformación, privilegiando la estabilidad institucional y la convivencia democrática”.
