En 2014, Reyna María Basilio Ortiz fue inhabilitada por autorizar pagos irregulares relacionados con la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Redacción
El Pleno del Órgano de Administración Judicial (OAJ) aprobó el nombramiento de Reyna Basilio Ortiz como directora de administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo la presidencia del ministro Gustavo Hugo Aguilar Ortiz, con efecto retroactivo al 1 de octubre, según el acuerdo general del pleno AG-POAJ-016/2025 del 8 de octubre.
La medida fue criticada debido a que Basilio Ortiz ya había sido inhabilitada en 2014 por la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México, por 15 años, al detectar que autorizó pagos no reconocidos de más de 478 millones de pesos cuando fue directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México.
Cabe recordar que en mayo de 2021, un tramo elevado de esa línea del metro colapsó, provocando la muerte de veintiséis personas y heridas en otras cien.
La Línea 12 fue construida durante el gobierno de Marcelo Ebrard, por las empresas Ingenieros Civiles Asociados (ICA), Alstom, así como por Carso Infraestructura y Construcción, relacionada con el magnate Carlos Slim.
Ebrard inauguró la obra con el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Además de la inhabilitación, la Contraloría le impuso una sanción económica y dio vista a la entonces Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), la cual abrió una carpeta de investigación que derivó en una orden de aprehensión emitida por un juez el 3 de julio de 2015.
Sin embargo, Basilio Ortiz impugnó la resolución, lo que resultó en que un tribunal administrativo determinara que, aunque la funcionaria sí incurrió en responsabilidad por el pago de obras que no estaban contempladas en los contratos, las sanciones no se aplicaron correctamente.
En La Jornada se reporta que, en el portal de Servidores Públicos de la Contraloría capitalina, solo aparece una resolución de suspensión de tres meses sin multa económica, bajo la referencia CG DGAJR DRS 0136/2013.
Aun así, los críticos del nombramiento advierten que permitir que una persona con antecedentes de sanciones administrativas acceda a una alta función de administración de la nueva Corte podría poner en riesgo la credibilidad institucional y abrir espacio a cuestionamientos sobre la integridad del órgano judicial.
Cabe recordar que la reforma al Poder Judicial reemplazó al Consejo de la Judicatura Federal por el OAJ, y que las designaciones de administración interna pasan ahora por aprobación del Pleno del OAJ. Esa transformación implica que la selección de quien administre recursos de la SCJN adquiere mayor centralidad institucional pues tiene competencias sobre recursos humanos, contrataciones, inmuebles y obras.
Medios de comunicación abundan en que Basilio Ortiz ha sido coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, así como funcionaria en la Secretaría de Bienestar, en el Servicio Postal Mexicano e incluso en el Issste .
Aunque el nombramiento aún no aparece reflejado en el directorio oficial de la SCJN, adquiere mayor carga política, ya que su trayectoria en el manejo de contratos públicos y su pasado sancionado ponen bajo lupa decisiones de gasto, adjudicaciones y manejo de personal en la Corte.
