Gobiernos de países árabes y europeos, así como organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales denuncian violaciones al derecho humanitario, llaman a la urgente necesidad de restaurar los acuerdos de alto al fuego y exigen garantizar ayuda humanitaria sin obstáculos, proteger a los no combatientes y emprender investigaciones independientes.
Redacción
Canadá, Reino Unido, Australia y Portugal anunciaron recientemente el reconocimiento formal del Estado Palestino, una medida interpretada por analistas como presión diplomática directa ante las acciones militares de Israel en Gaza, reflejando frustración internacional por la continuación del conflicto y la falta de avance hacia una solución pacífica.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, aunque afirma que Israel tiene derecho a defenderse, ha llamado a la protección de civiles y presionado por que se permita la entrega de ayuda médica urgente en Gaza.
Irlanda, España, Noruega, Luxemburgo, Malta y otros estados europeos publicaron declaraciones conjuntas o individuales en las que además de condenar los bombardeos, exigen el respeto del alto al fuego, la liberación de rehenes y que no se obstaculice el paso de ayuda internacional.
Francia, por su parte, ha expresado su alarma ante los daños colaterales, haciendo hincapié en que los ataques ponen en riesgo no solo vidas humanas sino también la infraestructura esencial para la subsistencia.
En Riad, capital de Arabia Saudita, la Cancillería de ese país emitió un comunicado en el que condenó “en los términos más fuertes” la operación terrestre de Israel en Gaza, acusando al gobierno israelí de provocar muertes, desplazamientos y hambre entre población civil.
Arabia Saudita también instó al Consejo de Seguridad de la ONU a intervenir para frenar lo que describen como “actos de ocupación que ponen en riesgo la estabilidad regional”, por lo que han hecho énfasis en la necesidad de un retorno al diálogo político y al cumplimiento estricto con tratados internacionales.
En paralelo, el secretario general de la ONU, António Guterres, declaró que el uso de la fuerza por parte de Israel en Gaza es “moral, político y legalmente intolerable”, subrayando su compromiso para que se respete el alto al fuego y se restablezca sin demoras la ayuda humanitaria.
Organismos de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, han hablado de “horror” por la magnitud de víctimas civiles, instando a que se respeten los principios de proporcionalidad, distinción entre combatientes y civiles, y que se investiguen posibles crímenes de guerra.
Desde Líbano y Siria, autoridades estatales condenaron los ataques, señalando que los bombardeos hacia Gaza y los ataques transfronterizos incrementan el riesgo de un conflicto regional más amplio. En particular, el presidente libanés consideró que los ataques recientes violan los acuerdos de cese al fuego en la zona sur de Líbano.
Turquía ha tachado los bombardeos como una nueva fase en lo que llama la política de genocidio contra el pueblo palestino, denunciando que las operaciones militares violan el derecho internacional humanitario al impactar fuertemente en zonas pobladas.
Países mediadores como Egipto y Qatar han manifestado preocupación por la escalada bélica y los informes de bloqueo de rutas humanitarias.
Qatar, que participa activamente como intermediario diplomático entre Hamas e Israel, calificó los bombardeos recientes de “guerra de genocidio” en declaraciones oficiales, y urgió a la comunidad internacional a presionar por tregua y atención urgente a víctimas.
Israel ha rechazado las acusaciones de que sus operaciones constituyen genocidio, argumentando que Hamas opera desde zonas civiles, usando escudos humanos, y que el objetivo es debilitar las capacidades militares del grupo.
Asimismo, el gobierno israelí ha rechazado estudios y declaraciones de la ONU que lo señalan por delitos de guerra, calificándolos como sesgados o falsos.
La prensa internacional destaca que, según autoridades de salud locales, más de 65,000 personas han muerto en Gaza desde el inicio del conflicto en 2023, incluyendo mujeres y niños, y que un alto porcentaje de la población vive desplazada, sin acceso adecuado a agua potable, medicinas ni alimentos básicos. Esta situación intensifica los llamados de justicia y responsabilidad.
Este escenario supone un momento de tensión global creciente, pues la opinión pública internacional, así como organismos multilaterales, demandan un cambio inmediato en la estrategia de actor militar israelí, poniendo en la mesa alternativas diplomáticas, ceses temporales de hostilidades, y una presión fuerte para que los derechos humanos no queden fuera de la discusión.
