Proceso difunde el caso de Itzel García Muñoz, quien afirma que el político priista que ha ocupado distintos cargos públicos, se niega a garantizar el pago de la pensión alimenticia a su hija menor de edad, con el argumento de que es una persona de la tercera edad que ya no trabaja, pero sostiene que él aparece como copropietario en al menos dos empresas inmobiliarias.
Iván Aldama Garnica
Al exgobernador de Querétaro por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mariano Palacios Alcocer, lo acusan de incumplir un acuerdo relacionado con el pago de la pensión alimenticia para una de sus hijas.
La denuncia de Itzel García Muñoz, quien manifiesta que su hija fue producto de una relación con el político queretano, fue retomada por Proceso.
“El denunciado ahora se niega a cumplir con una resolución de la justicia federal que lo obliga a garantizar el pago de la pensión alimenticia en favor de la niña”, se lee en el reportaje de Diana Lastriri.
El texto señala que cuando Palacios Alcocer era embajador de México ante la Santa Sede, en el Vaticano, durante una parte del sexenio del priista Enrique Peña Nieto, Itzel García Muñoz lo denunció ante la Nunciatura Apostólica por el incumplimiento de la pensión alimenticia de la niña.
El caso fue difundido en 2016 por el diario La Jornada. En aquel momento la periodista Sanjuana Martínez conoció la denuncia ante el juez 37 de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del entonces Distrito Federal y señaló el “favoritismo” que el exlíder nacional del PRI recibía del juzgador José Antonio Navarrete Hernández, “quien se niega a tramitar pruebas y exhortos internacionales relacionados con el caso”.
Por aquellos días García Muñoz acusaba que Palacios Alcocer incumplía el pago de la pensión alimenticia e incluso rechazaba que el monto incrementara, “pese a poseer una fortuna en bienes raíces que en su declaración patrimonial pública (como embajador) no aparece”.
La Jornada publicó que los abogados de la mujer habían investigado las propiedades registradas a nombre de Mariano Palacios Alcocer y que encontraron “decenas de terrenos, casas y departamentos”.
“Con los folios del Registro Público de la Propiedad de Querétaro, donde Palacios Alcocer fue presidente municipal y luego gobernador, señalan los inmuebles 170060, 256016, 293653, 328946, 418382, 361566, 371005 y 174501, inscritos bajo la partida 79 del libro 103-A del tomo 4 de la sección primera. En Juriquilla, es propietario, con varios familiares, de un terreno de 20 mil 561 metros cuadrados”.
Ahora, la madre de la niña, que mantiene una batalla legal contra el exgobernador, afirma que el político se niega a pagar la garantía de la pensión alimenticia con el argumento de que es una persona de la tercera edad que ya no trabaja.
Sin embargo, el nombre de Palacios Alcocer aparece, sostiene Itzel García Muñoz, como copropietario en dos empresas inmobiliarias: “Inmobiliaria Las Américas” y “Desarrollos Santa Fe”.
De acuerdo con la versión de la mujer, el político priista estaba separado de su esposa, Ana María González, pero cuando le ofrecieron ser embajador de México ante la Santa Sede, lo que implicaba vivir en matrimonio católico, decidió regresar con ella.
La también abogada y madre de la menor le pidió al dos veces dirigente nacional del PRI que firmara un convenio para establecer una pensión alimenticia, la guarda y custodia, así como otras cuestiones relacionadas con la pequeña.
“Inicialmente el también exsenador y exsecretario del Trabajo no quiso y amenazó a la madre diciéndole que en la medida en que ella lo hostigara él se alejaría de la niña”.
No obstante, continúa el reportaje de Proceso, “ante la insistencia de ella y la posibilidad de que el asunto saliera a la luz pública impidiéndole ser embajador, en octubre de 2013 acudió a casa de Itzel a firmar el convenio. Esa fue la segunda vez que él vio a la niña”.
García Muñoz acusó que el embajador había incumplido el convenio, lo que motivó que ella lo denunciara y acudiera a diversas instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), cuya titular por esas fechas era Claudia Ruiz Massieu.
Incluso en julio de 2016 envió una carta al nuncio Franco Coppola, representante de la Santa Sede en México, y días después, a finales de agosto, el embajador Palacios Alcocer decidió dejar el cargo por “razones personales”.
El litigio siguió, de acuerdo con Proceso.
En 2018 Itzel García volvió a intentar que el priista actualizara y garantizara la pensión para la menor de edad y en agosto de 2019 la Quinta Sala Familiar actualizó el monto de la pensión alimenticia y condenó a Palacios Alcocer a pagar más de 137 mil pesos que correspondían al monto retroactivo de los meses que no había pagado.
“La resolución ya fue confirmada por el Poder Judicial de la Federación”.
Sin embargo, el texto de Diana Lastiri refiere que el político “nunca ha presentado la garantía de la pensión alimenticia”.
Incluso tramitó un “incidente de reducción de pensión alimenticia”, al argumentar que no tenía trabajo y que era una persona de la tercera edad “sin posibilidades” para seguir cubriendo la cantidad que le habían impuesto.
También presentó una demanda contra la madre de la menor, Itzel García Muñoz, “de desconocimiento de paternidad de su hija argumentando que unos conocidos le dijeron que la propia Itzel había comentado que la niña no era de él”.
El juzgado 37 Familiar, ante el cual Itzel había iniciado su denuncia, se extinguió por la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y los casos fueron enviados al juzgado 12 Familiar, señala el reportaje publicado en el medio nacional.
Es posible que el asunto ya se encuentre en el “archivo judicial”.
La niña ya está en secundaria.
En entrevista con Proceso, la madre de la menor, Itzel García Muñoz, sostuvo haber enviado diversas cartas a la entonces jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo –actual presidenta de México–, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia, Rafael Guerra Álvarez –que sigue en el cargo–, para que investigaran al juez José Antonio Navarrete Hernández, al advertir que había actuado de manera irregular en el caso.
Pero esas autoridades nunca le contestaron, acusó.
