Van contra Villamil y Elorza por usar recursos públicos para “criminalizar” el ejercicio periodístico

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor presentó tres denuncias contra Jenaro Villamil y el coordinador de Infodemia. Los cargos incluyen peculado y ejercicio ilícito del servicio público por ejercer el cargo de forma ilegal para descalificar investigaciones periodísticas comprobables. Además, un juez federal ya otorgó al ciberexperto una suspensión para que el gobierno deje de calificar sus investigaciones como “falsas” sin pruebas técnicas.

Jessica Alcázar Zaragoza

El periodista Ignacio Gómez Villaseñor dio a conocer en sus redes sociales que presentó tres denuncias en contra de Jenaro Villamil Rodríguez, titular del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), y Miguel Ángel Elorza Vásquez, coordinador de la plataforma Infodemia.

Especificó que la querella presentada ante la Fiscalía General de la República en contra de Jenaro Villamil, es “por la probable comisión de los delitos de peculado, ejercicio ilícito de servicio público y los que resulten”, debido a que no ha sido ratificado en su cargo.

Gómez Villaseñor afirmó que Villamil ha hecho uso de recursos públicos para desmentir información que considera falsa, pese a que “esa no debería ser la función de este Sistema”.

Detalló que presentó dos denuncias más ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por “criminalizar el ejercicio del periodismo” y por mentir descalificando información verdadera asegurando que es falsa, como en el caso de la mujer asoleándose en Palacio Nacional, que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tuvo que reconocer.

Gómez Villaseñor, especializado en seguridad digital, puntualizó que los acusados hacen uso sistemático de recursos públicos y de la plataforma Infodemia “como aparato de propaganda y descalificación contra el gremio periodístico”, principalmente en la sección “El detector de mentiras” de la conferencia matutina de la presidenta.

El ciberexperto denunció que en varias ocasiones ha sido señalado por publicar información falsa, principalmente relacionada a ciberataques a instituciones públicas, que luego ha sido comprobada como verdadera sin que se le reconociera públicamente y sin que se tomaran medidas para evitar mayores afectaciones a los sistemas gubernamentales.

Abundó que ya cuenta con una suspensión provisional dictada por un juez federal para que los señalados se abstengan de calificar como falsas sus investigaciones “a menos que logren demostrarlo técnicamente”.

Aclaró que su objetivo es que se los funcionarios “asuman las consecuencias legales de sus acciones”, se apliquen las sanciones correspondientes y que se les obligue a verificar los datos con base en una metodología confiable a nivel internacional.