Seis ciudadanos mexicanos detenidos tras la intercepción de la Global Sumud Flotilla, denunciaron tortura física y psicológica, incomunicación, privación de servicios médicos y malos tratos durante su estadía en el centro Ketziot, en Israel.
Redacción
Los seis mexicanos que integraron la Flotilla Global Sumud —Sol González Eguía, Ernesto Ledesma Arronte, Arlín Medrano Guzmán, Carlos Pérez Osorio, Diego Vázquez Galindo y Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán— fueron repatriados los primeros días de octubre de 2025, tras ser detenidos en aguas internacionales por fuerzas israelíes.
Desde su regreso al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los activistas denunciaron que fueron “secuestrados y torturados” al ser interceptados y trasladados al puerto de Ashdod, y luego al centro penitenciario de Ketziot, ubicado en el desierto del Negev, bajo custodia de autoridades israelíes.
Sol González Eguía declaró que el trato fue violento y humillante: “Fuimos secuestrados, encerrados y aislados”, y añadió que hubo privación de alimentos cruciales y medicamentos.
El periodista Ernesto Ledesma contó en entrevista para Los Periodistas que desde que fueron secuestrados —él junto con otras 461 personas, entre las que estaban adultos mayores—, autoridades policiales israelíes los insultaron y acusaron de terrorismo y asesinato de niños, ataron fuertemente sus manos con cintas plásticas y fueron golpeados y forzados a arrodillarse por cinco horas, en su caso.
Luego de esto, les quitaron sus camisas y chamarras para sustituirlas por playeras ligeras y los subieron a camiones en los que los sometieron a bajas temperaturas por más de dos horas para trasladarlos a la prisión de máxima seguridad.
Ya en ese lugar los tuvieron dos días sin ningún tipo de alimento o medicamento, solo con agua, los recluyeron en celdas reducidas con más de 10 personas sin que les permitieran dormir, pues les prendían las luces y cambiaban de celda cada cierto periodo breve.
Ledesma Arronte afirmó que les hicieron firmar su repatriación, reconoció el trabajo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), especialmente de los embajadores de México en Israel, Jordania y Turquía, y denunció el maltrato que sufrió el embajador en Israel, Mauricio Escanero, a quien lo hicieron esperar más de ocho horas y le gritaron.
“¿Qué debe hacer un país como México (…) cuando sus conciudadanos son secuestrados, tienen desaparición forzada, son torturados?”, pregunta Ledesma, y abundó: “debería tener vergüenza la embajadora de Israel en México y debería de irse del país”.
En su momento, el gobierno mexicano, mediante la SRE, informó que interpuso notas diplomáticas y gestionó el resguardo y repatriación en coordinación con Jordania, Turquía, interlocutores consulares y embajadas.
La repatriación fue considerada voluntaria por la SRE, que asegura que los activistas optaron por regresar y que su estado de salud fue verificado al salir. Aunque Ernesto Ledesma afirmó que el único examen médico que se les practicó fue una medición de temperatura, presión arterial, oxigenación y signos vitales.
Aunque las acusaciones son graves, hasta ahora no se ha hecho público ningún informe forense independiente que corrobore la totalidad de los abusos denunciados. Organizaciones de derechos humanos nacionales han exigido que se publiquen los informes médicos, las condiciones exactas de detención, imágenes, evidencias físicas de lesiones y un mecanismo independiente que verifique las denuncias de tortura.
Entre los detenidos hay activistas, periodistas, trabajadores de ONG, representantes legales y parlamentarios que coinciden en haber sufrido diversos tipos de abuso en su detención.
Las autoridades israelíes han rechazado las acusaciones de tortura y señalado que los detenidos fueron tratados de conformidad con la ley, con provisión de comida, agua, acceso a baños y asesoría legal.
El Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH/OMCT) emitió un comunicado condenando la detención arbitraria y los presuntos actos de “tratamiento cruel, inhumano o degradante”. Exige que Israel investigue y respete la prohibición absoluta de la tortura bajo el derecho internacional.
Los gobiernos de varios países de origen de los activistas también se han movilizado. Por ejemplo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España confirmó que 27 ciudadanos españoles han sido liberados tras negociaciones diplomáticas, mientras que una diputada, Reyes Rigo, continúa retenida y enfrentará audiencia.
En virtud del derecho internacional, desde tratados como la Convención contra la Tortura hasta resoluciones de la ONU, toda persona detenida debe tener acceso a un juicio justo, asistencia legal, atención médica y protección contra tratos crueles. Las denuncias apuntan a posibles violaciones de esos estándares.
El contexto global del conflicto Israel-Palestina es de alta tensión, con críticas crecientes por bloqueos, bombardeos, crisis humanitaria en Gaza y cuestionamientos del bloqueo naval, invocando normativas de guerra sobre el derecho a la asistencia humanitaria.
