César Jáuregui Moreno expuso que su salida es para no entorpecer las investigaciones.
Una semana después del escándalo conocido como “CIA Gate”, el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, renunció.
“Presento mi renuncia irrevocable al cargo de fiscal general del estado”, anunció en rueda de prensa.
Después de que se conocieran las muertes del director general de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua (AEI), Pedro Oseguera Cervantes, del policía Manuel Genaro Méndez Montes, y de dos agentes de Estados Unidos, Jáuregui Moreno declaró que habían fallecido en un accidente automovilístico tras un operativo para desmantelar un narcolaboratorio.
El pasado lunes, 20 de abril, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, advirtió de la posible violación a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional.
“Hay un marco muy bien establecido de los estadounidenses que se dedican a labores de seguridad o de las agencias estadounidenses que están en México, tienen que actuar necesariamente bajo un protocolo”.
El todavía fiscal de Chihuahua luego cambió su versión y aseguró que los agentes de Estados Unidos no habían participado en el operativo, sino que eran “instructores” y que habían dado un “curso sobre manejo de drones”.
“Se dio como por hecho que ellos habían participado en el operativo, ayer (domingo, 19 de abril), porque en ese momento era la información que yo tenía, obviamente no habíamos averiguado”, aseguró.
Al contradecirse, Jáuregui Moreno expuso que los agentes extranjeros “se encontraron” en la carretera en la sierra de Chihuahua con los funcionarios estatales y que les pidieron que los llevaran.
“Ellos tenían un vuelo la mañana del domingo desde la ciudad de Chihuahua y pidieron la colaboración para trasladarse junto con la caravana en la que venía el director (Oseguera Cervantes), suben al vehículo y a las dos de la mañana, aproximadamente, sufren el percance en donde pierden la vida al desbarrancarse en una de las cañadas que existen en el lugar”.
Medios de comunicación de Estados Unidos difundieron que los agentes estadounidenses eran de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y que habían participado en el operativo en Chihuahua.
La presidenta de México dio por buena la información y desaprobó que haya ocurrido eso, sobre todo al señalar que su gobierno no fue informado de la participación de los agentes extranjeros y al evidenciar una violación a la Constitución.
“Cualquier relación que haya con el gobierno de los Estados Unidos en cualquier materia y particularmente en la materia de seguridad, tiene que pasar necesariamente por el Gobierno Federal, necesariamente, y particularmente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, esto es algo que está en la Constitución y que está en las leyes”.
El caso derivó en un escándalo y la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, se reunió con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
“Lo que (el secretario) le planteó es que era una violación, que el gobierno federal no tenía conocimiento y que no se habían seguido los procedimientos para poder informar al gobierno federal, entonces ella se comprometió a seguir avanzando”, dijo este lunes, 27 de abril, la mandataria Claudia Sheinbaum Pardo.
La gobernadora anunció que una unidad especial investigaría los hechos.
Este 27 de abril, el fiscal general de Chihuahua informó que había entregado su renuncia en el despacho de Campos Galván.
Reconoció que la declaración que realizó en un inicio, para informar sobre lo sucedido, era “inconsistente y ameritaba una investigación”.
“Hubo omisiones, tanto en la información como en la gestión institucional, respecto de los puntos de contacto con dichas personas. Esta omisión vulneró los mecanismos de control y comunicación que, como titular de la Fiscalía General del Estado, tenía la obligación de asegurar en su funcionamiento eficaz”.
Jáuregui Moreno expuso que su salida es para no entorpecer las investigaciones.
“Para permitir que las investigaciones se desarrollen con autonomía, prontitud y exhaustividad y para restablecer la confianza pública”.
El Senado de la República llamó a la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y al fiscal, César Jáuregui Moreno, para que acudieran a una comparecencia.
