La SCJN reafirmó el principio de gratuidad en la educación superior al resolver que las universidades públicas no pueden cobrar por cursos que sean requisitos indispensables para la titulación. El Pleno determinó que estos cobros vulneran el derecho a la educación y generan desigualdad entre el alumnado.
Jessica Alcázar Zaragoza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los cursos indispensables para obtener la titulación no pueden tener costo en las universidades públicas.
“Si un curso impacta directamente en la estructura de la carrera y es, en los hechos, la única vía que permite cumplir objetivamente con el requisito de titulación en condiciones de igualdad, entonces no puede subordinarse su acceso al pago de una cuota”, señaló la ministra Loretta Ortiz Ahlf en sus redes sociales.
La resolución surge de un recurso de revisión interpuesto por un estudiante, luego de que el Juzgado de Distrito le negara un amparo contra el cobro de 3 mil pesos por un “Curso de Comprensión de Lectura”, impartido por la Coordinación de Idiomas de la propia Facultad, necesario para liberar el requisito de titulación.
El estudiante argumentó que dicho cobro vulneraba su derecho a la educación gratuita, pero el Juzgado de Distrito determinó que no porque el curso era solo una opción más para cumplir con el requisito de titulación y existían alternativas gratuitas con posibilidades de certificación.
Inconforme con la resolución, el estudiante solicitó que la Suprema Corte ejerciera su facultad de atracción, dada la relevancia constitucional del tema, por lo que, por mayoría del Pleno, esta resolvió que la reforma constitucional que consolidó el principio de gratuidad en la educación superior no se limita a eliminar colegiaturas formales, sino que también exige revisar cualquier cobro que, en la práctica, se convierta en una barrera para concluir los estudios.
“Cuando un requisito académico es indispensable para titularse, permitir su cobro puede generar desigualdad entre quienes pueden pagarlo y quienes no. Eso afecta directamente el acceso efectivo al derecho a la educación. Garantizar la gratuidad es garantizar que el mérito académico, y no la capacidad económica, sea lo que determine quién puede concluir una carrera universitaria”, determinaron.
