De acuerdo con Emeequis, el sueldo mensual de todo ese personal asciende a 6 millones 058 mil pesos.
El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz negó que sean todos “asesores”, señaló que muchos son “Secretarios de Estudio y Cuenta”, y ofreció dar cifras precisas próximamente.
Redacción
Una investigación de Emeequis verificó la nómina oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y concluyó que, en la Presidencia —a cargo de Hugo Aguilar Ortiz— existen 97 personas con cargos de asesoría, estudios o coordinación, cuyo salario acumulado es de 6 millones 58 mil pesos mensuales.
Los 97 “asesores” se distribuyen de esta manera: 60 para la ponencia del ministro presidente, con un costo de 3 millones 278 mil pesos mensuales; nueve que pertenecen directamente a la Oficina de la Presidencia con costo de 637 mil pesos; y 28 dentro de la Coordinación General de Asesores de Presidencia, cuyo gasto mensual suma 2 millones 106 mil pesos.
La cifra contrasta con la gestión de la anterior presidenta de la SCJN, Norma Piña Hernández, quien tenía solo seis asesores en la Oficina de la Presidencia, tres menos que los nueve que ahora se reportan bajo Aguilar Ortiz.
Vidulfo Rosales Sierra –defensor de los derechos humanos y exvocero de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa– fue designado como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores, por lo cual percibe un salario bruto mensual de 167 mil 671.23 pesos, equivalente neto a 118 mil 138.37 pesos, más prestaciones.
Daniel Wong Ibarra –quien ha realizado actividades de ministro de culto de la “Luz del Mundo”, una iglesia cuyo líder, Naasón Joaquín García, se encuentra sentenciado a 16 años de prisión en Estados Unidos por abuso de menores de edad–, también figura entre los nuevos colaboradores como secretario auxiliar en la ponencia de Aguilar y recibe 97 mil pesos mensuales aproximadamente.
Emeequis señala que los salarios de algunos asesores superan los 100 mil pesos mensuales —varios entre los listados de la Coordinación General de Asesores muestran pagos de entre 100 mil y 120 mil pesos brutos para sueldos altos.
Al divulgar estos datos, la Presidencia de la SCJN respondió que la cantidad de este personal no corresponde exactamente con el término “asesores”, sino que muchos de quienes aparecen como tales son “Secretarios de Estudio y Cuenta” u otros cargos operativos o administrativos, incluyendo oficiales administrativos. El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz se comprometió a dar cifras exactas próximamente.
Expertos en transparencia y finanzas públicas han señalado que, aunque organismos judiciales tienen autonomía, los montos y número de colaboradores deben justificarse frente al interés público, especialmente en temas de eficiencia, austeridad y acceso a justicia.
Analistas recuerdan que una Corte más funcional debe equilibrar la necesidad de apoyar al ministro presidente en sus funciones con la obligación de evitar estructuras muy cargadas que incrementen la burocracia o los gastos corrientes en detrimento de otros rubros.
El reporte de Emeequis compara la situación actual con la antigua nómina de 2018 que mostraba para los 11 ministros un total de 742 colaboradores —aproximadamente 70 por ministro— con un costo mensual de 44 millones de pesos en su conjunto. Esa comparación demuestra cómo la estructura ha cambiado y cómo se han hecho ajustes después de la reforma judicial que eliminó las Salas de la SCJN.
Entre los nombres que aparecen en la nómina oficial están personas con diferentes niveles de responsabilidad: asesorías especializadas, secretarios de estudio, operativos y administrativos; esto sugiere que los cobros elevados se reparten entre funciones de asistencia directa, logística, estudio jurídico, seguimiento de proyectos de resolución y apoyo institucional.
Opositores señalan que estos costos son difíciles de justificar cuando el país enfrenta crisis de presupuesto, inflación y demanda ciudadana por austeridad. Partidos de oposición y organizaciones civiles exigen que la SCJN transparente los criterios para contratar asesores, los perfiles y cuánto aportan dichos colaboradores al trabajo jurisdiccional.
Defensores de la actual administración de la Corte dicen que la nueva ponencia bajo Aguilar requiere más estudio, coordinación, elaboración de proyectos para llevar al pleno, lo que puede explicar la necesidad de mayor número de personas de apoyo, siempre que ese personal esté debidamente calificado y su desempeño sea transparente.
