Una nueva investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) señala que empresas de Epigmenio Ibarra y del diputado Arturo Ávila, adeudan impuestos desde 2020 y que entre créditos fiscales no pagados y supuestas condonaciones, las cifras alcanzan los millones de pesos.
Por su parte, el legislador morenista acusó a MCCI de tener “directamente un problema” con él porque los enfrenta y “les dice las verdades”.
La asociación ‘Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad’ (MCCI) publicó el 16 de abril que empresas de Epigmenio Ibarra Almada y del diputado Arturo Ávila Anaya adeudan impuestos desde 2020 y 2021, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició los procedimientos de embargo.
Según la investigación, se trata de la empresa Argos Producciones y de IBN, vinculadas a estas “figuras cercanas al poder político”, que acumularon adeudos fiscales durante años, los cuales impugnaron sin pagar ni asegurar los montos reclamados, lo que provocó que las deudas crecieran de manera constante.
De acuerdo con los documentos oficiales exhibidos, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal del Distrito Federal 3, determinó en contra de Argos Producciones, S. A. de C. V., un crédito fiscal por concepto de “impuesto sobre la renta, pagos provisionales, retenedores, personas morales y físicas por salario, febrero 2020”.
El importe del crédito fue exigido por el SAT en 2022 por la cantidad de 2 millones 314 mil 727 pesos, al cual se le han sumado actualizaciones, recargos, multas y otros gastos, alcanzando un monto actual de 8 millones 690 mil 826 pesos.
En el reportaje también muestran una tabla en la que aparecen los nombres de Argos Producciones, Argos Noticias, Argos Soluciones Creativas y Head Room Creatividad, las cuales supuestamente recibieron al menos once condonaciones de impuestos entre 2020 y 2022, por un monto acumulado de 8 millones 862 mil pesos.
Además, mencionan que Argos “recibió un crédito de hasta 150 millones de pesos de Bancomext”, en 2020, durante la pandemia, “en un contexto en el que el propio gobierno sostenía que no habría rescates empresariales”, mismo que ―afirman― “no ha sido pagado”.
IBN, Industrias de Militares y de Alta Tecnología Balística, S. A. de C. V.
Respecto a IBN, señalan que esta empresa también enfrenta un adeudo fiscal que se remonta a 2021 y 2022, cuando Arturo Ávila Anaya era su presidente y director, cuyo importe original era de 1 millón 514 mil 163 pesos, cifra que hoy alcanza los 2 millones 593 mil 399 pesos.
MCCI acusan al vocero de Morena de haber obtenido “un contrato en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México” para que IBN proporcionara “servicios de seguridad y vigilancia por hasta 3 millones 500 mil pesos mensuales, equivalente a un máximo de 42 millones de pesos al año”, vigente hasta agosto de 2022.
En el título del acuerdo exhibido se puede leer que se trata de un servicio de “guardia y custodia, a transportistas u operadores aéreos en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, con el correspondiente derecho de acceso a dichas instalaciones”.
Igualmente, señalan que la empresa obtuvo dos contratos con Pemex, entre 2021 y 2022, por un monto conjunto por más de 18 millones de pesos para el arrendamiento de camionetas blindadas.
Esto a pesar de que aseveran que “en marzo de 2021, la Secretaría de la Función Pública la inhabilitó por dos años para celebrar contratos con el gobierno, tras un señalamiento de incumplimiento del Órgano Interno de Control del Banco del Bienestar”.
“Arturo Ávila ha sido una de las voces que ha exigido a empresarios el pago de impuestos. Sin embargo, los documentos del SAT muestran que la empresa que encabezó también dejó de pagar contribuciones durante años y enfrenta ahora un proceso en el que el embargo es una posibilidad real”, afirman en su texto.
Ávila descarga su arsenal vs. MCCI
El diputado federal morenista Arturo Ávila negó que el SAT emitiera un mandamiento de ejecución contra IBN y acusó a MCCI de tener “directamente un problema” con él porque “todos sabemos que detrás de ellos está Claudio X. González y (…) María Amparo Casar, que es la directora, a quien yo públicamente he denunciado de cobrar una pensión dorada mediante un fraude”.
Aseguró que es falso que haya firmado un contrato con el Aeropuerto, aunque reconoció que sí firmó uno con Aeroméxico en el que tuvo que pagar una contraprestación a este.
“El contrato que firmó la empresa que yo dirigía lo firmó con Aeroméxico, es privado. Sí, efectivamente, muy grande el contrato. ¿Y por qué se firma un contrato con el aeropuerto? Porque cualquier prestador de servicio, la tiendita que vende maletas, la farmacia que vende medicamentos, firman contratos en donde, por cierto, le pagan una contraprestación al aeropuerto. No es que me hubieran adjudicado un contrato, era un contrato con una aerolínea para manejar toda la seguridad de plataforma, filtros y de materiales contra explosivos”, aclaró.
Ávila Anaya justificó que IBN genera más de mil empleos para ingenieros calificados egresados de las universidades públicas de Aguascalientes, y que en 2019 ganó el “premio al mejor desarrollo de los vehículos militares del mundo”.
Puntualizó que este vehículo “no fue vendido a las autoridades mexicanas”, pero su filial norteamericana, que es la principal empresa que dirigió, fue “la que más contratos obtuvo del Departamento de Estado y de otros ejércitos del mundo”.
Asimismo, el autodenominado “vocero activo” de Morena aseveró que IBN “no tuvo ninguna notificación” de la Auditoría Superior de la Federación y reiteró que MCCI “juegan con verdades a medias”.
“Como soy un vocero activo que los enfrenta, que les dice las verdades, ellos piensan que de pronto jugando con estas verdades a medias pueden descalificarme y se equivocan, al contrario, me fortalecen”, sentenció.
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