Investigaciones periodísticas han documentado el predominio del Grupo Casanova en contratos por renta de vehículos con dependencias federales, estatales y municipales, a pesar de que varias empresas del consorcio han estado involucradas en escándalos de corrupción y han sido sancionadas.
Redacción
Reportes de medios de comunicación refieren que documentos oficiales y auditorías muestran que empresas del Grupo Casanova han sido proveedoras recurrentes de vehículos para dependencias federales —incluida la Fiscalía General de la República (FGR)— mediante contratos repetidos y adjudicaciones directas; lo que ha generado cuestionamientos por montos, prácticas de asignación y sanciones previas de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
De acuerdo con un reporte de EnVozMx, del 2010 a la fecha Casanova Rent Volks, S. A. de C. V. ha sido la única empresa beneficiada con contratos por miles de millones de pesos otorgados por la Fiscalía General de la República (FGR) —entonces PGR— por el servicio de arrendamiento de vehículos.
El medio periodístico difunde haber consultado documentos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y señala que los contratos que la PGR celebró con esta empresa por el servicio vehicular fueron:
- PGR/LPN/CN/SERV/173/2010, por la cantidad de 206 millones de pesos.
- PGR/AD/CN/SERV/001/2014, por un monto máximo de 340 millones de pesos.
- PGR/AD/CN/SERV/008-1/2016, por más de 600 millones de pesos.
- PGR/AD/CN/SERV/049-12/2017, por hasta 60 millones de pesos, mismo que fue ampliado en dos ocasiones más por la PGR a 80 millones de pesos más, de acuerdo con una investigación realizada por la Auditoría Superior de la Federación en la revisión de la cuenta Pública del 2019.
Ya como Fiscalía General de la República, adjudicó a Casanova Rent el contrato FGR/AD/CN/SERV/003-4/2019, por hasta 241 millones de pesos, y en el 2020 el contrato FGR/AD/CN/SERV/008-4/2020, por hasta mil 600 millones de pesos y con una vigencia de cuatro años, según refiere EnVozMx.
La ampliación de la vigencia de este último contrato fue avalada, según el medio, por el excontralor de la Fiscalía General de la República, Arturo Serrano Meneses, quien fue separado de su cargo en agosto pasado luego de que fuera denunciado —paradójicamente por un representante de esta misma empresa Casanova Renta Volks— por supuestamente haber solicitado 6 millones de pesos como soborno a cambio de influir en la adjudicación del contrato de arrendamiento de vehículos para la dependencia.
Un reporte de la propia ASF registra que la mayoría de estos contratos se adjudicaron de forma directa bajo el amparo del artículo 41, fracción IV, de la LAASSP que señala “…su contratación mediante licitación pública ponga en riesgo la seguridad nacional o la seguridad publica en los términos de la leyes de la materia”; no obstante, la ASF consideró que el dictamen de procedencia para no celebrar la licitación pública no fue debidamente fundamentado en virtud de que no se acreditó dicha situación.
En relación a los contratos con referencia PGR/AD/CN/SERV/049-12/2017 y FGR/AD/CN/SERV/003-4/2019; la auditoría detectó incumplimientos e inconsistencias por no haberse estipulado el número de vehículos que les correspondían a cada una de las áreas administrativas; por no haber documentación para acreditar las fechas, el tiempo, uso y las personas que utilizaron el servicio de los vehículos arrendados, ni detalles de fecha de entrega, modelo del vehículo, características y fotografías de los vehículos con número de placas, del motor y del kilometraje, entre otras.
Otra de las controversias del Grupo Casanova fue reportada en 2022, cuando la Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a la empresa Casanova Vallejo S. A. de C. V. con una inhabilitación por 45 meses por irregularidades detectadas en contratos de arrendamiento de ambulancias al ISSSTE; aunque posteriormente la empresa consiguió suspensiones judiciales que modificaron temporalmente el efecto de la sanción.
A pesar de estas observaciones y sanciones administrativas, registros posteriores y notas periodísticas, como la del portal Ciudadanos Observando, reportan que entre 2022 y 2025, la empresa firmó 84 convenios con dependencias federales por un monto superior a 519 millones de pesos, a pesar de la sanción previa, aprovechando vacíos legales o suspensiones judiciales.
Según Proceso, la “red de corrupción” del Grupo Casanova alcanzó municipios como Ahome y Culiacán, en Sinaloa, donde contratos fueron triangulados a través de empresas como Grinleasing SAPI para beneficiar a Casanova Vallejo.
La investigación de Proceso arrojó que el gobierno de Ahome, cuyo alcalde era el morenista Gerardo Vargas Landeros, adjudicó en diciembre de 2021 el contrato DA-Arrendamiento-018-2021, para la renta de patrullas, con una vigencia de 35 meses por un monto de más de 171 millones de pesos a la empresa Grinleasing, misma que días después concretó un acuerdo de subarrendamiento con Casanova Vallejo por no contar con la capacidad operativa ni financiera para cumplir con el objeto del contrato.
Este esquema de triangulación fue exhibido por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la carpeta de investigación FGE/FECC/09/2024/CI, misma que derivó en el desafuero del alcalde Vargas Landeros y de su exsecretario de Gobierno, ahora diputado, Genaro García Castro, acusados de presuntos delitos de ejercicio indebido del servicio público y desempeño irregular de la función pública.
El mismo esquema fue replicado en Culiacán por el entonces alcalde Jesús Estrada Ferreiro, quien realizó un contrato en 2022 para el arrendamiento de 40 camiones de basura por 117 millones de pesos, en los que Grinleasing aparece como adjudicataria, pero las unidades eran propiedad de Casanova Vallejo. Esta operación dio pie a un proceso penal aún en curso contra el exalcalde Estrada Ferreiro quien también fue desaforado el 10 de junio de 2022.
Un punto crítico para entender la percepción de “monopolio” es la estructura societaria del Grupo Casanova, ya que opera a través de varias personas morales (por ejemplo, Casanova Rent Volks, Casanova Vallejo, Casanova Chapultepec), lo que en la práctica les permitió competir y obtener contratos en distintas partidas y dependencias.
A pesar de todo, el Grupo Casanova, que se presenta en su sitio oficial como “proveedora de soluciones integrales de flotas y arrendamientos, con presencia nacional y oferta variada”, sigue operando con impunidad.
