A días de haber rendido protesta, varios jueces electos —entre ellos Yaritza Atziri Bonilla Molina, Ivonne González Salinas, Javier Colunga Reséndiz, Anabel Almazán Botello y Héctor Zaragoza Solís— presentaron su renuncia o declinaron asumir las plazas.
Redacción
El Congreso de Tamaulipas informó haber aprobado las solicitudes de renuncia de personas juzgadoras electas.
Apenas unos días después de haber asumido el cargo, las personas presentaron su renuncia “de forma franca, plena, por motivos personales”, reportó el Poder Legislativo de esa entidad federativa.
En el mismo paquete de renuncias aprobadas por el Legislativo tamaulipeco aparecen Ivonne González Salinas, electa como jueza en materia civil en el Distrito Judicial III de Nuevo Laredo; Anabel Almazán Botello, electa en el Distrito II de Altamira; Yaritza Adziry Bonilla Molina, electa como jueza de Primera Instancia en Materia Mixtos Civil y Familiar en el Distrito Judicial VII, El Mante; y Javier Colunga Reséndiz, electo en el Distrito IV de Matamoros.
Sus cargos fueron ya cubiertos por sustitutos designados por el Congreso, “conforme a lo establecido por la Constitución local, la legislación electoral y los principios de paridad de género”, aunque este aclaró que “en algunos casos, debido a la inexistencia de candidatas del mismo género o por la declinación expresa de una candidatura, se recurrió a los criterios de paridad flexible reconocidos por la jurisprudencia electoral, con el objetivo de garantizar tanto la continuidad institucional como el equilibrio de género en el Poder Judicial”.
Asimismo, en el estado de Durango, el juez electo Héctor Zaragoza Solís, quien de acuerdo con algunos medios es promotor de agencias de viajes, ni siquiera se presentó a la toma de protesta.
En Veracruz también se registraron desistimientos de jueces electos, como en el caso de Verónica Loyo Chacón, quien resultó electa como jueza laboral y anunció su separación del cargo por “motivos personales”.
Las renuncias llegaron en el contexto inmediato de la reforma judicial y de la elección judicial extraordinaria que en 2025 permitió por primera vez —en muchos estados— elegir jueces por voto popular o por procesos extraordinarios de designación; el proceso generó críticas por candidaturas únicas, baja participación y ausencia de experiencia probada en algunos ganadores.
Sectores jurídicos locales han vinculado parte de las renuncias a la falta de perfil de algunos electos: aunque varios tienen grados académicos, no todos cuentan con trayectoria como juzgadores o experiencia práctica suficiente, lo que, dijeron, puede llevar a que prefieran desistir antes que enfrentar la carga de trabajo y responsabilidad.
El fenómeno también reactiva el debate sobre los mecanismos de reemplazo. La legislación aprobada —y en algunos casos modificada a última hora— contempla que, ante vacantes, el órgano judicial correspondiente o el Congreso pueden nombrar sustitutos entre listas o secretarios judiciales, lo que para críticos contradice la idea de una elección realmente participativa.
Organizaciones y voces críticas advierten que el episodio podría erosionar la confianza ciudadana en el nuevo esquema de elección judicial, sobre todo si la percepción es que las plazas fueron ocupadas por candidatos sin trayectoria o por candidaturas de trámite que no se sostienen frente a las exigencias del cargo.
En contraste, defensores de la reforma sostienen que el retiro voluntario de algunos electos demuestra responsabilidad: “mejor renunciar que desempeñar mal la función”, dijeron en algunos comentarios recogidos por medios, y subrayan que la ley prevé procedimientos claros para sustituir a quienes desistan.
El poder judicial federal y los órganos estatales relacionados deberán ahora garantizar la continuidad de los servicios jurisdiccionales y, a la vez, revisar si proceden incentivos, capacitaciones o filtros adicionales para futuros procesos de selección que reduzcan la probabilidad de renuncias masivas o repetidas. Expertos ya propusieron programas de formación para jueces electos y mecanismos de transición más sólidos.
Para los ciudadanos afectados por posibles cambios de juez o por demoras en expedientes, la recomendación oficial es acudir a los tribunales o a la Oficialía de Partes correspondiente para solicitar información sobre quién quedó a cargo del expediente y los tiempos estimados de atención; el Congreso y los órganos judiciales han publicado comunicados con listas de sustituciones y designaciones.
