Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, avance o retroceso

Teresa E. Hernández-Bolaños

El pasado miércoles el Senado de la República aprobó en lo general y en lo particular el proyecto de Ley de la Industria Eléctrica; es decir, la Iniciativa Preferente, con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley de la Industria Eléctrica, presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador desde el 1 de febrero de éste año 2021. La iniciativa se aprobó con 68 votos a favor del bloque conformado por MORENA, PT y Partido Encuentro Solidario PES, el bloque opositor o de contención conformado por PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano MC y Verde Ecologista quienes votaron en contra con 58 votos. Ya se había aprobado en la Cámara de Diputados el pasado 24 de febrero.

La aprobación del proyecto de Ley de la Industria Eléctrica significa un triunfo para un grupo parlamentario y un fracaso para el otro. Una vez aprobada la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica pasa al Ejecutivo para los efectos constitucionales, es decir, su promulgación. La mencionada reforma no es asunto menor, es sin duda un viraje en la forma de conducir la industria eléctrica en México. Por lo que dicha iniciativa fue aprobada no sin una fuerte controversia por parte del bloque opositor tanto en la Cámara de Diputados, como en la de Senadores. En ambas cámaras y en la opinión de algunos actores políticos de la oposición la aprobación de dicha reforma planteada por el Presidente es un verdadero retroceso en la industria eléctrica nacional y traerá varios problemas a cuestas sobre todo con los compromisos adquiridos con el sector privado, quien participa hoy en la generación y suministro de la energía eléctrica; por el contrario, para el bloque liderado por MORENA al igual que en la visión del Presidente, significa un avance, ya que dicha reforma le otorga de nuevo prioridad a la Comisión Federal de Electricidad CFE y control al Estado, ya que entre otras cosas la reforma plantea que las plantas hidroeléctricas, nucleares, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas de la CFE serán las primeras, es decir, tengan prioridad en despachar la energía que generan al sistema, le seguirán las plantas eólicas y solares que enviaran su energía y se quedará para el final el de las compañías privadas.

Este cambio, que en cierto sentido es un regreso a las condiciones previas a la reforma energética aprobada en diciembre del 2013 y puesta en vigor en 2014, que incluyo reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, a la Ley de Energía Geotérmica y a la Ley de Aguas Nacionales, durante el gobierno del priísta Enrique Peña Nieto, en el marco de la tercera generación de reformas de estabilización y ajuste estructural del paquete neoliberal al que se adhirió México desde hace varias décadas. Por lo que la controversia es mayúscula y habrá intereses afectados, no sólo de los legisladores que en su momento aprobaron la Reforma Energética en el marco del Pacto por México que incluía la aprobación de la reforma energética, la reforma educativa y la de telecomunicaciones; sino, por supuesto, los intereses del sector privado que se verá afectado. Y, desde luego, el impacto que ello implique para el país, si dichas controversias o problemas derivados, no se manejan adecuadamente o no se prevé su solución, para evitar costos sociales o disputas con el sector privado extranjero, sobre todo.

Por ello la oposición en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, no se han quedado con los brazos cruzados, por su parte el diputado Fernando Galindo Favela, del grupo parlamentario del PRI, presentó una Moción Suspensiva con fecha 23 de febrero, un día antes de su aprobación, en la que se solicitó se suspendiera la discusión, que se devolviera a la Comisión de Energía, para someterla a una revisión más profunda Por su parte los senadores opositores ya anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte.

Por lo que este tema aún no concluye, ya que se argumenta que la aprobación no sólo es inconstitucional si no que afectará gravemente a los acuerdos firmados, se ha hablado de violentar tratados internacionales y contravenir al T-MEC, lo que le costaría a México pagar compensaciones millonarias a inversionistas privados. Cuestión da la que hablaremos más adelante.