María José Ocampo Vázquez —abogada e hija de la excandidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota— fue nombrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, mediante una sesión interna y no pública de magistrados, y pese a ocupar el sexto lugar en las elecciones del 1 de junio.
Redacción
María José Ocampo Vázquez fue elegida como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, pese a que no ganó la elección judicial.
Su nombramiento es contrario a lo que dispone la Constitución local.
“La representación del Poder Judicial corresponde al Supremo Tribunal de Justicia del Estado, por conducto de la persona titular de su Presidencia (…) correspondiendo la presidencia a quien obtenga la votación más alta”, se lee en el artículo 51.
En la elección del pasado 01 de junio, Ocampo Vázquez fue ubicada en el sexto lugar, al obtener 82 949 votos.
El primer lugar de la contienda fue ocupado por Felipe Ávila Orozco, quien logró 88 635 sufragios, 5,686 más que ella.
Bajo lo que establece la Constitución de Aguascalientes, la presidencia le correspondía a Felipe Ávila Orozco, exsubconsejero jurídico de la gobernadora panista María Teresa Jiménez Esquivel.
No obstante, las personas magistradas determinaron en una sesión interna y no pública, que fuera Ocampo Vázquez quien asumiera el cargo, lo que provocó críticas por incumplir lo que ha sido considerado un mandato constitucional.
Luisa María Alcalde Luján, dirigente nacional de Morena, calificó el nombramiento como “inconcebible” e incluso una violación al principio democrático:
“El Poder Judicial es al que le toca, en primer lugar, cumplir con la Constitución, defender nuestra Carta Magna. No pueden ser los primeros que la violen”.
El Observatorio Judicial del Estado de Aguascalientes (OJEA) también cuestionó la legalidad del proceso, señalando que el pleno del tribunal no tiene facultades para elegir a su presidenta, pues esa decisión ya fue expresada por la ciudadanía mediante el sufragio.
Ante la ausencia de una explicación oficial por parte del Poder Judicial local o de la magistrada, el caso ha sido interpretado por algunos como un indicador de opacidad y favoritismos dentro del órgano judicial.
Por su parte, el fiscal especializado en Delitos Electorales de Aguascalientes advirtió sobre el riesgo de violar la Constitución y la soberanía popular, dado que una asamblea privada de magistrados estaría colocando a una persona contraria al espíritu de la elección ciudadana.
María José Ocampo Vázquez es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana, obtuvo una maestría en Derecho Internacional en la Fletcher School de EE. UU. y un doctorado en Administración Pública por la Universidad Anáhuac; fue regidora en Huixquilucan (Estado de México) y antes de su designación como magistrada presidenta, fue directora de Política Social y Planeación en el gobierno del estado de Aguascalientes.
En su primer día como presidenta, realizó un recorrido por juzgados en Aguascalientes, Calvillo y Jesús María, “para transmitir cercanía con el personal judicial y enfatizar los valores de eficiencia, preparación y estabilidad institucional”, según difundió el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Desde el ámbito jurídico, abogados de Aguascalientes también se han pronunciado formalmente para impugnar la designación, sosteniendo que acuerdos que contravienen la Constitución no pueden tener efecto.
Este episodio ha marcado un inicio polémico para el nuevo Poder Judicial local, posicionado como uno de los más controversiales desde que entró en funciones.
La ausencia de transparencia, el posible parentesco y el incumplimiento explícito de las normas electorales son centro del debate sobre la legitimidad institucional.
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