Nepal enfrenta una de sus mayores convulsiones sociales de los últimos años: protestas juveniles masivas derivadas del bloqueo a redes sociales, la renuncia del primer ministro y la muerte de decenas de manifestantes.
A los enfrentamientos con el Ejército se sumó el linchamiento de un funcionario público y la muerte de la esposa de un ex primer ministro, debido a un creciente descontento vinculado a la desigualdad social, la precariedad laboral y la parálisis económica.
Redacción
Protestas masivas en Nepal, con participación mayoritaria de jóvenes, han derivado en la renuncia del primer ministro, K.P. Sharma Oli.
El estallido en Nepal, un país ubicado en el sur de Asia, comenzó con la prohibición gubernamental de 26 redes sociales el pasado 4 de septiembre, lo que detonó la indignación de miles de jóvenes que, bajo la bandera de la “Generación Z”, salieron a las calles de Katmandú y otras ciudades. Lo que parecía un reclamo digital escaló pronto hacia un cuestionamiento general a la corrupción, al nepotismo y a la falta de oportunidades en el país himalayo.
Los enfrentamientos del 8 y 9 de septiembre fueron particularmente violentos: hospitales reportaron centenares de heridos y medios internacionales confirmaron al menos 19 muertes, aunque balances posteriores elevaron la cifra a varias decenas. El uso de gases lacrimógenos, balas de goma e incluso munición real por parte de las fuerzas de seguridad encendió la polémica sobre violaciones a derechos humanos.
En medio del caos, los manifestantes desnudaron y lanzaron al río al ministro de Economía, Bishnu Prasad Paudel, en el distrito de Lalitpur. Asimismo, se reportó la muerte de la esposa del ex primer ministro Jhalanath Khanal, Rajyalaxmi Chitrakar, quien perdió la vida al no poder escapar luego de que un grupo de manifestantes incendiaran su casa en Katmandú.
La crisis política se profundizó con la dimisión del primer ministro K.P. Sharma Oli, presionado por los reclamos populares y la violencia de las manifestaciones. Su salida abrió un vacío de poder que, hasta ahora, se intenta llenar con la discusión sobre un gobierno interino encabezado por figuras de consenso como la exjueza Sushila Karki.
El Ejército desplegó tropas en las principales ciudades y decretó restricciones de movilidad. Aunque la medida logró recuperar cierto control en edificios oficiales, también alimentó críticas por la militarización de la vida pública y por el temor a una represión prolongada.
La raíz de la inconformidad no se limita a la censura digital. Nepal enfrenta serias dificultades económicas, principalmente desde la pandemia de COVID-19, cuando se redujeron los ingresos por turismo, uno de los pilares del país, y obligó a cientos de miles de nepalíes a migrar como mano de obra barata al Golfo Pérsico y a Malasia. Las remesas representan más de 25 % del PIB, lo que refleja la falta de empleos dignos en el territorio nacional.
La precariedad laboral afecta sobre todo a los jóvenes: la mitad de los graduados universitarios no encuentra trabajo en su campo y muchos aceptan empleos informales con salarios que apenas cubren la canasta básica. Esta falta de oportunidades, sumada al incremento del costo de vida, ha ampliado la brecha entre las élites políticas y empresariales y la mayoría de la población.
Nepal arrastra, además, una distribución desigual de la riqueza: en Katmandú florecen urbanizaciones y proyectos inmobiliarios de lujo, mientras que en zonas rurales como Karnali y Sudurpashchim persisten altos índices de pobreza, desnutrición infantil y falta de servicios básicos. Esa disparidad se ha convertido en caldo de cultivo para la indignación expresada en las calles.
La desigualdad se vuelve más evidente ante el exhibicionismo en redes de los llamados “Nepo Kids”, hijos de políticos y empresarios que han accedido a becas, empleos públicos y privilegios que contrastan con la falta de oportunidades para la mayoría. La protesta, en este sentido, también es contra el nepotismo y la impunidad, símbolos de un sistema que muchos consideran capturado por las élites.
La comunidad internacional ha manifestado preocupación por la situación. Organismos de derechos humanos exigieron investigaciones independientes sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, mientras que gobiernos vecinos como India y China han seguido con atención los acontecimientos por el impacto regional que podría tener la inestabilidad.
Las autoridades han prometido un programa de apoyo a los heridos, compensaciones a las familias de fallecidos y una comisión de investigación independiente, aunque organizaciones locales han puesto en duda la imparcialidad de dichos mecanismos.
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