Una iniciativa presentada por diputados del PAN propone eliminar el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) sobre el aguinaldo y, en algunos de sus alcances, aumentar la prestación.
Redacción
El diputado federal Armando Tejeda Cid (PAN) presentó en San Lázaro una iniciativa conocida como “aguinaldo completo” que busca reformar la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), la Ley Federal del Trabajo y normas aplicables a los trabajadores del Estado para que el aguinaldo quede exento del ISR.
El texto divulgado por la bancada panista plantea además establecer el pago del aguinaldo en dos exhibiciones —la primera antes del 15 de diciembre y la segunda a más tardar el 15 de enero— y, en líneas generales, que la prestación llegue íntegra a la persona trabajadora, sin retenciones fiscales que actualmente afectan montos que exceden el tope exento.
En la práctica, hoy la ley federal establece una exención parcial, pues las gratificaciones como el aguinaldo están libres de ISR únicamente hasta cierto monto (equivalente a 30 días de la UMA); el excedente se grava conforme a las tablas del impuesto. La iniciativa propone dejar fuera del impuesto toda la prestación, sea cual sea su cuantía.
Los promotores de la medida argumentan que beneficiaría a más de 30 millones de trabajadores y a sus familias, al recuperar recursos que hoy son retenidos en nómina, y presentan el cambio como una corrección de equidad tributaria: “el aguinaldo es un reconocimiento al esfuerzo; es inaceptable que el gobierno se quede con hasta el 30 % de esta prestación”, expresó el legislador en tribuna.
La iniciativa fue publicada en la Gaceta Parlamentaria y turnada a comisiones; como todo proyecto de ley, deberá pasar por dictamen en comisiones, discusión en el pleno de la Cámara de Diputados y, de ser aprobada, remitirse al Senado para su eventual ratificación antes de entrar en vigor. Ese calendario legislativo es clave para saber si podría aplicarse en la presente temporada navideña.
Entre los puntos técnicos que acompañan la propuesta, los promoventes sugieren compensar el menor ingreso fiscal con una mayor recaudación por IVA y con ajustes presupuestales limitados; algunos cálculos preliminares citan un costo fiscal estimado en el rango de decenas de miles de millones de pesos —cifras que analistas y académicos estiman con amplia variación.
Economistas y especialistas fiscales consultados en medios han advertido que la renuncia a ingresos por este concepto podría generar un “boquete” que tendría que cubrirse con recortes, reasignaciones o mayor deuda, por lo que piden prudencia y cifras oficiales detalladas antes de aprobar cualquier exención general.
Desde el ángulo laboral, la iniciativa también propone armonizar la Ley Federal del Trabajo para dejar claro que el aguinaldo, considerado por muchos como una prestación ya devengada, no debe tributar. Los defensores sostienen que esa medida protege el poder adquisitivo de hogares de ingresos bajos en una época de alta demanda y precios.
No obstante, hay voces críticas que remarcan que la medida podría beneficiar de manera desproporcionada a quienes perciben aguinaldos altos (por ejemplo, trabajadores con salarios elevados o funcionarios) si no se diseña una exención gradual o condicionada; por eso algunos proponen focalizar la exención por tramos de ingreso.
Técnicamente, la exención requeriría una modificación expresa del artículo o fracciones correspondientes de la LISR (la iniciativa menciona artículos como el 93 y 96) y ajustes administrativos en el SAT para aplicar nuevas tablas o reglas de cálculo en las nóminas; por ello, el organismo recaudador sería un interlocutor central en la implementación.
Políticamente, la iniciativa llega en un momento en el que los paquetes económicos de 2026 están en discusión y cualquier modificación fiscal que implique pérdida de ingresos deberá confrontar prioridades presupuestarias en salud, educación y seguridad, por lo que bancadas aliadas o adversarias en San Lázaro tendrán que negociar alcance y compensaciones.
Además de la bancada del PAN, medios reportan que hay otras iniciativas similares en la Cámara baja (incluyendo propuestas de Movimiento Ciudadano) que buscan exentar total o parcialmente el aguinaldo, lo que indica que la discusión legislativa podría articularse con varios actores, aunque no hay consenso unánime aún.
De aprobarse la iniciativa, el impacto para las personas trabajadoras sería inmediato, en términos de liquidez, ya que recibirían un monto mayor en diciembre y enero. Para las finanzas públicas, la decisión exigiría transparencia en el cálculo del costo y en las fuentes de compensación. Por ello, las comisiones legislativas deberán evaluar con datos oficiales, opiniones técnicas y estimaciones de Hacienda antes de avanzar.
