El PRI y PAN presentaron solicitudes públicas y demandas para que se investigue y, en su caso, se inicie un juicio político contra el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder de la bancada de Morena, tras la detención del exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez.
Redacción
La ofensiva política contra Adán Augusto López Hernández cobró fuerza después de la detención y traslado a México de quien fuera su secretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, señalado como presunto líder del grupo criminal “La Barredora”.
Fue informado que Bermúdez Requena ha sido vinculado a proceso por delitos como asociación delictuosa, extorsión y secuestro.
El PRI —y también legisladores del PAN y de otras bancadas opositoras— han acusado directamente al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y líder del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, de “narcopolítica”, por sus supuestos vínculos con “La Barredora”.
Los señalamientos han motivado la presentación de solicitudes ciudadanas y de parlamentarios para abrir un procedimiento de juicio político que investigue presuntas omisiones, tráfico de influencias y encubrimiento.
Tal es el caso de la diputada federal suplente del PAN, María Elena Pérez-Jaén Zermeño, quien presentó una solicitud ante la Oficialía de Partes de la Cámara de Diputados pidiendo la destitución e inhabilitación hasta por 20 años de Adán Augusto, por existir, según ella, indicios de actos y omisiones durante su gobierno en Tabasco que “redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales”.
Especialistas aclaran que un juicio político contra un senador requiere la presentación formal de la denuncia ante la Cámara de Diputados, integración de la carpeta por la Sección Instructora, votación y, en su caso, remisión al Senado para resolución.
Las solicitudes ya presentadas deberán cumplir requisitos de forma y fondo para que proceda su admisión y trámite, por lo que la demanda presentada por Pérez-Jaén en Oficialía de Partes solo inicia el reloj procedural, pero no garantiza su avance automático.
Analistas y organizaciones civiles han pedido cautela debido a que la presunción de inocencia es un principio constitucional y que las acusaciones políticas deben sustentarse en pruebas judiciales —no solo en testimonios de prensa o en la cercanía profesional entre jefe y subordinado—. Sin embargo, otros actores políticos sostienen que la sola cercanía institucional entre Bermúdez Requena y López Hernández exige una investigación parlamentaria y administrativa.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado respondió públicamente que está “dispuesto a comparecer” ante las autoridades y sostuvo que no tenía conocimiento de actividades delictivas de Bermúdez mientras fue gobernador.
El político ha repetido lo mismo en distintas entrevistas y comunicados oficiales, en los que pidió que las indagatorias se lleven a cabo sin protección política ni encubrimientos.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ha dicho que, hasta ahora, no existe información que incrimine al senador y han llamado a que las investigaciones sigan su cauce. Sheinbaum subrayó que en este caso debe haber cero encubrimiento y cero impunidad, así como que las autoridades deben colaborar para esclarecer los hechos.
Algunos legisladores opositores han intentado incluir en las agendas debates sobre “La Barredora y la narcopolítica”, aunque la mayoría legislativa de Morena y la Mesa Directiva han limitado la apertura de ese tipo de procesos disciplinarios o de remoción, lo que ha tensado más el ambiente político.
En tribuna, el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, pidió que Morena no use su dominio para obstaculizar las investigaciones ni para blindar a cuadros cercanos.
“Si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel, Adán, porque yo no estoy acusado de violentar y de ir en contra de la paz y de la armonía del pueblo de México. Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado, yo jamás tuve un solo funcionario que estuviera vinculado con el crimen organizado”, aseguró el priista.
Los resultados de las investigaciones penales serán centrales para determinar si existen elementos probatorios que respalden acusaciones políticas o administrativas contra Adán Augusto. Por eso, tanto la oposición como un sector de la ciudadanía exigen que la Fiscalía General de la República (FGR) y que tribunales actúen con transparencia.
El caso Bermúdez-Adán Augusto reaviva viejos debates sobre nombramientos en materia de seguridad, controles de confianza y exigencia de cuentas públicas sobre designaciones de mando. Expertos en seguridad recomiendan investigaciones multidisciplinarias y no solo escaramuzas partidistas.
