El dirigente de la organización Felipe Carrillo Puerto considera que hay una consigna en contra del exalcalde de Colón, al sostener que el delito del que lo acusan no es grave y que lo mantienen recluido en un área para criminales de alto impacto, sin una sentencia firme.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- El dirigente de la organización “Felipe Carrillo Puerto”, Pablo Héctor González Loyola Pérez, considera que hay una consigna en contra del exalcalde José Alejandro Ochoa Valencia, preso en el Penal de San Juan del Río.
Ochoa Valencia, con antecedentes en el PRI, fue cobijado por el PAN e impulsado como su candidato en Colón, en 2015, en aquella elección donde el panista Francisco Domínguez Servién disputaba la gubernatura con el priista Roberto Loyola Vera.
Una foto de un acto de esa campaña lo muestra junto al entonces candidato a gobernador Francisco Domínguez Servién y a otros panistas como Sonia Rocha Acosta, José Alfredo Botello Montes y Luis Antonio Rangel Méndez.
Ochoa Valencia ganó la presidencia municipal de Colón y en el 2018 logró la reelección como alcalde por el PAN.
No estuvo exento de polémicas durante su administración, pero en su segundo periodo como alcalde exhibió un adeudo de casi mil millones de pesos de predial de uno de los líderes morales del PAN, Diego Fernández de Cevallos.
En 2020, cuando Ochoa Valencia consideró ser gobernador, al mismo tiempo que el entonces coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri González, la Fiscalía General del Estado de Querétaro le inició un procedimiento por “tráfico de influencias” y un “daño al erario público de más de 40 millones de pesos”.
Desde prisión, el exalcalde de Colón señaló que lo habían privado de su libertad para no interferir en la candidatura del PAN a la gubernatura.
“En el caso mío es muy obvio, ¿no?, de que a mí sí me aplican todo el rigor y el peso de la ley, violando todos mis derechos, garantías, y tantas cosas que han pasado en otros municipios”.
Tras las elecciones de junio de 2021, en las que triunfó el PAN, Ochoa dejó la cárcel y siguió su proceso en libertad.
En aquel momento, Mauricio Kuri González ya era gobernador electo.
Pero volvió a ser detenido en septiembre de 2023 –en el segundo año del sexenio de Kuri González–, cuando había reactivado su actividad política y cuando se mostraba cercano al movimiento de la llamada “Cuarta Transformación”.
Incluso estaba apoyando a comerciantes de la cooperativa del Lago de Ajuchitlán, Colón, donde empresarios pretendían impulsar un proyecto inmobiliario.
En mayo de 2024, recordó el dirigente de la unidad cívica Felipe Carrillo Puerto, el exalcalde obtuvo un amparo contra su vinculación a proceso.
Sin embargo, en septiembre de ese año fue sentenciado a 4 años de prisión.
El dirigente de la organización social, Pablo Héctor González Loyola Pérez, sostiene que la sentencia no está firme.
“Está impugnada (esa sentencia) por el juicio de amparo indirecto, entonces no hay una sentencia firme, una sola no, firme no hay”.
También advierte que el delito de tráfico de influencias del que lo acusan, en el caso de la operación de un terreno del municipio, involucra a más personas, tantos regidoras y regidores que aprobaron el asunto y el particular, pero que únicamente el expresidente municipal está detenido.
“Solamente a él se le juzga y a todos los demás no. Incluso el delito del que se le acusa, tráfico de influencias, es promover un beneficio para ti o para terceras personas, las terceras personas que son las que solicitaron, promotores de fraccionamientos industriales, que no se otorgara la donación en terreno, sino en dinero en efectivo que se dirigiera en inversión pública, esas están absueltas, les declararon no responsabilidad”.
El exalcalde ha solicitado que le cambien la medida cautelar de prisión preventiva para llevar su proceso en libertad, pero se la han negado.
Al respecto González Loyola señaló que el delito de tráfico de influencias no es grave, al asegurar que la Constitución no lo contempla entre los delitos por los cuales un juez puede ordenar la prisión preventiva y puntualizó que en el caso del expresidente municipal, el plazo de 2 años que marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para la aplicación de dicha medida, ya ha sido rebasado.
A Ochoa Valencia, narró el dirigente, lo mantienen recluido en un celda de 2×2 metros, con una cama de concreto, un baño y con vigilancia las 24 horas del día, en un área con personas sentenciadas por delincuencia organizada o secuestro.
En septiembre pasado, cuando realizó un protesta de huelga de hambre, afuera del Tribunal Superior de Justicia en el Centro Histórico de Querétaro, González Loyola expuso que las autoridades ni siquiera permitían que sus padres lo visitaran.
Agregó que Ochoa Valencia es víctima de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes, pese a tener un padecimiento en su columna.
Tras su protesta, reconoció que las autoridades habían accedido a darle una consulta con un especialista en septiembre.
“Esa fue una de las pocas cosas con la que avanzamos”.
El dirigente de una de las organizaciones más antiguas del estado expuso que las autoridades penitenciarias de Querétaro rechazan los malos tratos e incluso afirman que las condiciones de salud de Ochoa Valencia “son óptimas”.
“Todas las instancias están cerradas, administrativas y judiciales, entonces sí nos parece que es así como una consigna”, expresó González Loyola.
