La presidenta de México dijo que su reforma electoral incluirá la eliminación del fuero constitucional para diputados y senadores, al argumentar que esa prerrogativa “es del pasado” y que no debe haber privilegios ante la ley.
Redacción
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que propondrá al Congreso una modificación constitucional para eliminar el fuero a legisladores, ya que –dijo– “la presidenta no tiene fuero, pues también los diputados y senadores no deben tener fuero”.
La mandataria adelantó que hará llegar esa propuesta por escrito a la Comisión Presidencial que está elaborando la iniciativa de reforma electoral.
El paquete de reformas que el Ejecutivo anticipa para su sexenio contempla cambios al Instituto Nacional Electoral (INE), al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y ajustes al sistema electoral.
Sheinbaum señaló que el fuero ha sido usado históricamente como escudo para evadir responsabilidades legales. “Que no haya fuero, ¿por qué tiene que haber fuero? Eso es del pasado”, aseveró frente a reporteros, durante su conferencia matutina del 1 de octubre de 2025.
La presidenta de México dijo que prevé enviar su iniciativa en febrero de 2026 al Congreso, después de que avance la consulta pública y el análisis interno del Ejecutivo, pero su entrada en vigor dependerá del calendario legislativo, las negociaciones políticas y posibles resistencias en comisiones de Constitución, Puntos Constitucionales y órganos de vigilancia parlamentaria.
El anuncio se inserta en un contexto de reclamos ciudadanos por impunidad política y por percepciones de que ciertos legisladores están por encima de la ley.
Justamente la presidenta habló del fuero, luego de que un reportero insistiera sobre la responsabilidad política del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández, en el caso de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad.
Desde el punto legal, eliminar el fuero implica reformar disposiciones constitucionales y armonizar procedimientos para que legisladores puedan ser objeto de procesos penales sin obstáculos institucionales.
En el sistema actual, los congresistas gozan de inmunidad procesal salvo que el Congreso retire sus fueros mediante juicio político o desafuero, salvo delitos flagrantes.
En su conferencia, la presidenta afirmó que los privilegios deben terminar.
La reforma demandará consensos entre las cámaras y aprobación de la mayoría calificada que exige la constitución.
Sin embargo, algunos representantes destacan que quitar el fuero sin garantías puede exponer a los diputados y senadores a presiones políticas, acoso judicial o persecución interesada, si quienes impulsan los procesos son gobernantes con poder sobre la fiscalía.
Desde el Congreso han iniciado debates sobre cómo asegurar mecanismos que no vulneren la separación de poderes.
Críticos advierten que una eliminación superficial puede generar arbitrariedad si no es acompañada de reformas integrales al sistema de justicia, fortalecimiento del Poder Judicial independiente y filtros de procedimiento que garanticen que las acusaciones sean debidamente investigadas antes de ejercerse.
La eliminación del fuero no puede ser un cheque en blanco, afirman, pues para que la propuesta prospere, será necesario diseñar reglas claras sobre quiénes pueden ejercer acusaciones, qué instancias deben validar denuncias, qué protección habrá para procesos legales contra legisladores y cómo garantizar imparcialidad en la persecución penal.
A pregunta expresa sobre el caso del coordinador del Senado, Adán Augusto López, la mandataria indicó que si hay pruebas, debe haber responsabilidades, incluso cuando se trate de su partido.
“Si se encuentra algo, la fiscalía tiene que proceder, pero hasta ahora no hay nada que esté relacionado con él (con Adán Augusto López)”.
Algunos medios han interpretado que el anuncio busca presionar al Congreso para generar una narrativa favorable a la rendición de cuentas antes de la entrega formal de la iniciativa. Otros apuntan que podría usarse como instrumento simbólico en precampañas, aún si su aplicación práctica enfrenta obstáculos legislativos.
