Miles de sinaloenses salieron a las calles de Culiacán para exigir paz, justicia y la renuncia del gobernador Rubén Rocha Moya, tras casi un año de violencia vinculada a enfrentamientos entre facciones del crimen organizado.
Redacción
Decenas de miles de personas vestidas de blanco —comerciantes, familiares de víctimas, madres buscadoras, organizaciones civiles y líderes locales—, se congregaron en el centro de Culiacán bajo consignas como “Fuera Rocha” y “El narco no manda”, para demandar el fin de la violencia que azota al estado desde septiembre de 2024.
Las personas manifestantes responsabilizaron al gobierno estatal por la incapacidad para contener la violencia que, según datos citados por medios de investigación, ha dejado más de 1 800 asesinatos y alrededor de 1 400 desapariciones en Sinaloa entre septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.
La marcha inició tras la invitación del obispo de la Diócesis de Culiacán, Jesús Herrera Quiñónez, y contó con la participación de comerciantes y cámaras empresariales que subrayaron el impacto económico y social de la inseguridad: pérdidas por cierres temporales, reducción del turismo y costos adicionales en seguridad privada.
Organizaciones de víctimas y colectivos de búsqueda señalaron que las marchas no solo reclaman dimisiones, sino también verdad y justicia: quieren saber quién ordenó y permitió episodios de violencia, exigieron investigaciones transparentes sobre omisiones y demandaron protocolos de protección para las familias afectadas, muchas de las cuales llevan años esperando avances en las carpetas de investigación.
El gobernador Rubén Rocha Moya reconoció la protesta y afirmó que la exigencia ciudadana es legítima, al tiempo que defendió las acciones que su administración ha implementado y convocó a mantener el diálogo; reiteró que no tiene pensado renunciar y celebró que la gente pida la paz. El mandatario anunció además que el Gabinete de Seguridad Federal volverá a sesionar en Culiacán para afinar medidas.
Analistas y activistas subrayan que las protestas son síntoma de un desgaste profundo. La incapacidad para garantizar la seguridad cotidiana afecta la vida económica (comercio, turismo y trabajo), la confianza institucional y la coexistencia social en municipios clave como Culiacán, Mazatlán y Los Mochis.
El trasfondo de la crisis es una pugna entre facciones del Cártel de Sinaloa que estalló hace casi un año, con oleadas de violencia, desapariciones y afectaciones masivas.
Expertos señalan la complejidad de desarticular redes criminales que operan con logística, control territorial y redes de impunidad en puertos y rutas de tráfico. Por ello piden una combinación de inteligencia, persecución penal y políticas sociales.
A nivel federal, la Secretaría de Seguridad y la Guardia Nacional han reforzado presencia en puntos estratégicos y el gobierno federal ha reiterado la necesidad de coordinación con la administración estatal; sin embargo, para muchos sinaloenses estas acciones han resultado insuficientes frente a la magnitud del fenómeno.
El anuncio de nuevas reuniones del Gabinete de Seguridad pretende ofrecer respuestas operativas inmediatas.
Las voces de la sociedad civil llaman a evitar polarizaciones y a centrar la protesta en demandas concretas: acceso a la justicia, esclarecimiento de crímenes, medidas de protección a comunidades y transparencia en las investigaciones.
Recomendaciones de organismos de derechos humanos insisten en que la respuesta del Estado debe respetar garantías y aportar verdad y reparación a víctimas.
Debe estar conectado para enviar un comentario.