La medida, la más importante desde 1991, forma parte de una estrategia escalonada hacia una agricultura “más limpia y sostenible”, aunque ha generado críticas por no incluir sustancias aún autorizadas con alto riesgo.
Redacción
El Gobierno de México anunció la prohibición de 35 plaguicidas considerados altamente peligrosos para la salud y el medio ambiente, mediante un decreto emitido y firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que entró en vigor el 5 de septiembre de 2025.
Esta decisión —coordinada por las Secretarías de Agricultura, Economía, Medio Ambiente y Salud, y respaldada en evidencia científica— marca la primera gran revisión de este tipo desde 1991, cuando se vetaron solo 21 sustancias activas.
El secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, aseguró que el decreto prohíbe la importación, producción, venta, uso y eliminación de estos compuestos, buscando una agricultura “más limpia, sostenible y segura” para jornaleros, productores y consumidores.
El decreto por el que se da a conocer el listado de plaguicidas que se determinan como prohibidos en el territorio nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de septiembre de 2025, detalla una lista que incluye plaguicidas como 2,4 DB, alaclor, azafenidina, bromuconazol, captafol, lindano, triclorfon, entre otros.
Entre las sustancias prohibidas destacan el aldicarb, usado en caña y cítricos; el carbofurán, uno de los insecticidas más tóxicos del mundo, empleado en café, algodón y aguacate; el endosulfán, detectado en leche materna y nocivo para el desarrollo fetal; y el DDT.
Este último está vetado en la mayoría del mundo desde los años setenta y en México su uso fue restringido al rubro sanitario en 1987, con el compromiso de eliminar su uso a partir de 2002, como parte de los acuerdos adquiridos tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1997.
Sin embargo, todavía en 2018 aparecieron reportes de prensa sobre casos de leucemia atribuidos a la presencia de DDT en alimentos y se ha comprobado que aún se usa ilegalmente en algunos cultivos del país.
La propia Secretaría de Agricultura ha reconocido en sus redes sociales que “recientemente se descubrió la muerte de abejas relacionadas por DDT, lo que parece indicar que se sigue distribuyendo de forma ilegal”, por lo que hacen un llamado a denunciar ante la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris) si se tiene conocimiento de su venta, uso y distribución en México.
Organizaciones ambientales como la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) calificaron el decreto como “simbólico”, ya que no incluye sustancias altamente peligrosas que siguen autorizadas, como clorpirifos etilo, fipronil y neonicotinoides, dañinas para las abejas y prohibidas en otras regiones.
La Cofepris es, principalmente, la autoridad facultada para revocar permisos vigentes y evitar nuevas autorizaciones.
La prohibición abarca todas las fases de su manejo —producción, venta, aplicación y disposición final—, con plazos de seis meses para eliminar existencias y 10 días para revocar registros autorizados.
La medida se enmarca en una estrategia progresiva que contempla nuevas fases de prohibición para 2026 y 2027, así como regulaciones más estrictas sobre plaguicidas aún permitidos y la promoción de alternativas menos dañinas.
El Consejo Nacional Agropecuario (CNA) respaldó esta decisión, pero destacó la necesidad de una transición ordenada que no afecte la productividad del campo. También recomendó acompañar la prohibición con capacitación, bioinsumos, financiamiento accesible e innovación tecnológica.
A pesar del alcance del decreto, el acceso a plaguicidas peligrosos sigue extendido, lo que subraya la necesidad de reforzar controles e impulsar alternativas viables.
La medida se alinea con compromisos internacionales de México, adhiriéndose a convenios como Estocolmo y Rotterdam, que buscan proteger la salud humana y ambiental frente a contaminantes persistentes y sustancias peligrosas. Además, refuerza los esfuerzos de soberanía alimentaria y producción responsable impulsados por la actual administración.
Debe estar conectado para enviar un comentario.