La presidenta municipal, emanada de Movimiento Ciudadano, Biby Karen Rabelo de la Torre, defendió a la presidenta del DIF, Martha Alejandra Camacho Sánchez, y acusó difamación y “violencia política”.
Redacción
La presidenta del DIF municipal de Campeche, Martha Alejandra Camacho Sánchez, fue liberada horas después de su detención por atropellar a un motociclista.
Camacho Sánchez había sido detenida en la madrugada del domingo, 10 de agosto.
Reportes periodísticos indican que la funcionaria no respetó una señal de alto y atropelló a un joven motociclista en la avenida López Portillo, de la ciudad de Campeche.
El conductor de la motocicleta fue hospitalizado con lesiones en ambas piernas, por lo que su madre ha exigido la reparación del daño correspondiente. Según sus primeras declaraciones no había habido ninguna oferta de ayuda por parte de la funcionaria tras el accidente.
Aunque Camacho Sánchez fue arrestada y puesta a disposición del juez cívico para el deslinde de responsabilidades y, aunque aún no se ha confirmado si la funcionaria estaba bajo los efectos del alcohol al momento del percance, medios de comunicación captaron cuando la funcionaria salió libre.
Familiares escoltaron a la presidenta del DIF municipal hasta un vehículo y tuvieron roces con algunos representantes de la prensa.
“Uno de los sujetos identificado como José Alejandro Loeza López, cuñado de Martha “C” y exdirector jurídico del API en la administración del priista Alejandro Moreno Cárdenas (exgobernador de Campeche), reconoció estar alcoholizado tras lanzarse en contra de los medios de comunicación para arrebatar su dispositivo móvil y obstaculizar los cuestionamientos en las afueras de la Fiscalía General del Estado de Campeche”, publicó la página Operación Nación.
En un comunicado, la funcionaria municipal aseguró que la prueba de alcoholemia había resultado negativa y que la vida del motociclista no estaba en peligro.
“Lo más importante para mí en este momento es la salud y el bienestar del joven motociclista. Por ello, he tomado la decisión de cubrir todos sus gastos médicos y cualquier daño material”.
La presidenta municipal, emanada de Movimiento Ciudadano, Biby Karen Rabelo de la Torre, defendió a la presidenta del DIF, Martha Alejandra Camacho Sánchez, y acusó difamación y “violencia política”.
También lamentó que algunos medios de comunicación hayan “desinformado”: “Empezaron a decir que estaba borracha, etcétera, etcétera, y eso es difamación, digo, es un tema de violencia política. Martha tuvo un accidente como cualquiera lo puede tener, gracias a Dios pues no pasó nada con la persona de la moto, digo, que también pues obviamente sabemos que luego pueden pasar accidentes y aquí no es buscar culpables, ¿no?, todo está muy bien”.
Antes de ocupar su cargo en el DIF, Camacho Sánchez, fue regidora y alcaldesa suplente de Campeche.
Cabe destacar que las autoridades locales han sido señaladas por prácticas opacas, poca rendición de cuentas y otras conductas que afectan la confianza ciudadana. Por ejemplo, en 2023 el Ayuntamiento de Campeche recibió 18 multas y cinco apercibimientos, que suman 373,464 pesos, por parte de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información pública del estado de Campeche (COTAIPEC) por no transparentar contratos, programas de apoyo, adquisiciones de bienes y vales de gasolina, además de que hay vínculos en su plataforma que están inhabilitados.
En enero de 2025, la COTAIPEC volvió a imponer un ultimátum al Ayuntamiento tras no hacer públicos 400 contratos de servicios públicos licitados, negando datos justificados bajo un argumento ilegal de “reserva”, según la Ley de Transparencia local.
Otro caso es la acumulación de denuncias por presuntas actitudes indebidas en el ejercicio público: hasta noviembre de 2024 habían sido presentadas 212 denuncias ante la fiscalía anticorrupción por presuntas faltas como uso indebido de funciones, abuso de autoridad o peculado, evidenciando una orfandad de mecanismos de supervisión efectivos.
También ha sido difundido que personas exservidoras públicas han tenido que regresar más de 5 millones de pesos al “Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado” (INDEP), tras acuerdos reparatorios por casos de peculado o uso indebido de atribuciones y facultades. Estas devoluciones derivaron de investigaciones sobre desvío de recursos destinados a las secretarías de Pesca y Agricultura, y Protección Civil, así como de un agente policial acusado de extorsión.
