Una comerciante de Azcapotzalco, Ciudad de México, se vio obligada a cerrar su tienda luego de que una jueza liberara a tres hombres detenidos en flagrancia por extorsión, pese a existir videos y testigos. La juzgadora concluyó que el Ministerio Público no integró correctamente las pruebas.
Una jueza absolvió a tres extorsionadores detenidos infraganti mientras iban por la cuota de 500 pesos semanales que exigían a la propietaria de una tienda de abarrotes en la colonia El Rosario, en la alcaldía de Azcapotzalco, Ciudad de México, a cambio de “seguridad” para operar su negocio.
A pesar de que los hechos quedaron registrados en video, el Ministerio Público no integró las pruebas en la carpeta de investigación porque la licenciada Laura Elizabeth Villalón López, que fue quien tomó la declaración de la víctima, “estaba cruda y tenía 38 horas trabajando”, según le expresó ella misma a la denunciante.
La jueza concluyó que “el cúmulo probatorio ofertado y desahogado por la Fiscalía no allegó a este Tribunal de información que generara convicción más allá de toda duda razonable, destacando que no es jurídicamente posible emitir una sentencia condenatoria”.
Por este motivo, la juzgadora absolvió a Uriel N., Luis N. y Jesús N., pese a que la afectada, los policías que realizaron la detención y varios testigos coincidieron en señalar a los tres sujetos como extorsionadores.
Como consecuencia, la denunciante tuvo que cerrar su negocio por miedo a que los señalados tomen represalias en su contra.
“Me parece algo irresponsable de la juez haber dado este fallo, porque pues son tres personas peligrosas y hoy en día yo temo por la integridad de mi vida y de mi familia. O sea, prácticamente la juez quería decirnos al último que la tienda no existía, cuando la tienda existe, el hecho existe, el lugar existe, la flagrancia existe”.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los últimos años se han registrado un promedio de 32.4 víctimas diarias de extorsión. Esto a pesar de que, según el INEGI, el 97 % de estos delitos no son denunciados.
