Advierten que sus denuncias en la Fiscalía de Querétaro están trabadas y que el gobierno estatal no se ha manifestado “de una forma plena” ante estos casos.
En octubre pasado fue difundido un video en el que un grupo de personas afectadas le pide al mandatario Mauricio Kuri González intervenir, para que el empresario José Luis Yáñez Piña los atendiera y les diera una respuesta.
Iván Aldama Garnica
Debido a que acusan que sus casos no han avanzando desde hace años y por lo tanto no han obtenido justicia, personas que señalan fraudes inmobiliarios en el estado de Querétaro dijeron identificar “colusión” de autoridades locales.
En rueda de prensa, personas que dicen haber adquirido lotes en los fraccionamientos “El Roble”, “El Encino”, “Quercus” y “Tierra Noble Juriquilla”, acusaron de los delitos contra la seguridad y el orden en el desarrollo urbano, administración fraudulenta, asociación delictuosa y fraude genérico a las empresas “Grupo Desarrollador Camelot”, “Generación de Desarrollos Sustentables” y “Carther Desarrollos y Proyectos Inmobilarios”.
Mario Ramírez, uno de los afectados, reportó que los 4 desarrollos conjuntan 30 mil propiedades, entre lotes y viviendas, y estimó que el fraude total asciende a unos 60 mil millones de pesos, con actualizaciones (15 mil millones de pesos, al valor de compra).
Expuso que la empresa “Grupo Desarrollador Camelot”, que vendió lotes en “El Encino” y “Quercus”, en el municipio de Huimilpan, a su vez está relacionada con el fraccionamiento “El Roble”, en el municipio de Colón.
De acuerdo con el Registro Público de Comercio, “Grupo Desarrollador Camelot” fue constituida en Querétaro por José Luis Yáñez Piña y Estela Sandoval Soto.
Camelot aparece como socia de la empresa “Generación de Desarrollos Sustentables S. de R.L. de C.V.”.
Ambas empresas, según expuso Ramírez, “tienen dos empresas hermanas más: Continental Grass Producer y Landscape México”.
Estas últimas sociedades tienen contratos con el gobierno, agregó el afectado.
“Tienen trabajos varios con el gobierno, a partir de licitaciones y asignaciones directas, de ahí lo delicado de estos temas porque hemos identificado una colusión importante con las autoridades, que como ustedes bien saben, al día de hoy no se han manifestado de forma plena”.
También dijo que identifican a la Secretaría de Desarrollo Sustentable de Querétaro (Sedesu) como uno de los principales actores en esta trama.
“A través de esta institución, pues pasan la mayoría de los trámites que se tienen que seguir y pues no se están atendiendo”.
Incluso acusó que en diciembre de 2017, el propio secretario Marco Antonio del Prete Tercero “respaldó el proyecto” de “El Roble”, en el municipio de Colón, y mostró una fotografía del funcionario estatal con el entonces presidente municipal, Alejandro Ochoa Valencia, y con el director comercial del desarrollo, Rogelio Ledesma Torres, en el acto de inicio de las obras.
El 10 febrero de 2020, Ledesma Torres, en rueda de prensa con el alcalde Ochoa Valencia, aseguró: “Nuestro desarrollo está enfocado a cubrir las necesidades de vivienda de nivel medio residencial (…) para la zona habitacional se estará haciendo una inversión en el área de vivienda residencial del orden de 200 millones de pesos, de forma paulatina, a partir del segundo semestre de este año”.
Pero Mario Ramírez dijo que al investigar, habían detectado que los predios ni siquiera tenían uso de suelo habitacional y por lo tanto no debían haberse comercializado.
De igual manera compartió que habían solicitado a la Secretaría de Gobierno de Querétaro que anuncie, en espectaculares, la suspensión de cualquier tipo de compra en preventa de lotes o terrenos, con el fin de prevenir más fraudes.
“Algunos de estos vecinos afectados, ciudadanos afectados, llevan más de diez años y nuevamente como comentamos, el gobierno no se ha manifestado de una forma plena”, insistió.
Ramírez dijo que existen 400 carpetas de investigación en la Fiscalía de Querétaro, que están “trabadas”.
Por estas razones, las personas afectadas consideran que hay una relación o colusión entre las autoridades y los empresarios a los que acusan de fraudulentos.
“Aquí hay dos escenarios, el primero es las fiscalías, las autoridades están coludidas o el escenario número dos, todos los abogados que están representando estos casos, pasaron Derecho de noche, entonces las viabilidad del escenario uno es muy potente”, expresó.
Saúl García Guerrero dijo que familiares suyos habían adquirido lotes en “El Encino”, Huimilpan.
Al percatarse de que el lugar no estaba siendo desarrollado y que ni siquiera contaba con los servicios básicos, él, como abogado de profesión, decidió interponer denuncias penales en mayo de 2023. Recordó haber ido a denunciar a la Unidad 2 de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, donde archivaron su caso un año después, en mayo de 2024.
García Guerrero –que dijo representar a 11 personas, 2 de “El Encino” y 9 de “Quercus”–, se inconformó y logró que la Sala Penal del Tribunal de Justicia de Querétaro ordenara a finales del año pasado que las autoridades siguieran investigando.
“Ahí queda evidente, es muy claro que ciertas autoridades pues no quieren proceder, puesto que archivaron de manera muy ilógica, contra el Derecho, contra las normas, porque el mismo tribunal se los dijo, ahorita ya está otra vez en trámite en la Fiscalía 2, ya quitaron a la fiscal que había dictado esa determinación, está una nueva que aparentemente lo está atendiendo bien, ya nos señaló fechas para una testimonial que en dos años no nos quisieron recibir”.
Mario Ramírez dijo que la semana pasada las personas afectadas habían dejado una carta en la Presidencia de la República, pero que aún no recibían respuesta.
En octubre pasado fue difundido un video en el que un grupo de personas afectadas de “El Encino” acudieron a una de las jornadas “Contigo” del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González.
Ahí le entregaron un expediente al mandatario y le expusieron la problemática:
“Van cuatro administraciones municipales (en Huimilpan) y que no nos han hecho caso, ahí está desde que nos quitaron el campo de golf, no tenemos agua potable, los permisos de luz no están”, relataba el ciudadano Roberto Unda mientas el mandatario estatal hacía expresiones de asombro.
Unda le pidió al gobernador Kuri González intervenir para que la persona que identifican como el dueño, el empresario José Luis Yáñez Piña, los atendiera y les diera una respuesta.
“Somos más de 5 mil familias queretanas que en los tres fraccionamientos, El Encino, Quercus y El Roble, nos han abandonado, y ya nos cansamos, somos 12 años, y la verdad estamos ya hasta el gorro, ¿por qué pedimos ayuda a través de usted?, ya no les creemos a los representantes legales, hay demandas civiles, penales en fiscalía, todas están bloqueadas, entonces lo único que queremos, haz de cuenta, que acaben, ¿qué necesita el dueño?, y nosotros lo apoyamos para que acabemos”.
El gobernador les respondió que el asunto era más del orden municipal que estatal, pero prometió que a través del secretario de Gobierno, Carlos Alberto Alcaraz Gutiérrez, promovería esa reunión con el empresario José Luis Martínez Piña, al que los vecinos identificaron también como originario de Corregidora y proveedor del gobierno.
Kuri González terminó reconociendo al empresario.
- “Ah, ya sé quién es, sí lo conozco, sí lo conozco”.
- “Sin querer hace muchos años yo lo conocí contigo y en ellos”, le dijo Unda.
- “Y tenemos atropellos por parte de su gente”, añadió otro de los afectados.
Unda agregó que cuando Juan Guzmán Cabrera era alcalde de Huimilpan, por el Partido Verde Ecologista de México, no hubo avances en el caso.
El nuevo alcalde de Huimilpan, Jairo Iván Morales Martínez, del PAN, prometió en octubre pasado que en 15 días citaría al empresario.
Sin embargo, Claudia Manilla, que dijo haber adquirido un lote de contado en “Quercus”, lamentó que aún no hay avances. Ella recordó que al comprar el terreno, los desarrolladores le prometieron terminar en dos años la urbanización.
“Ya han pasado siete años (desde que compré) y no está terminada la urbanización, no hay calles, no hay drenaje, no hay agua, no hay luz, entonces pues es un terreno que tiene, para mí, valor cero, porque ni yo me puedo ir a vivir ahí, ni yo puedo vender ese lote, ¿verdad?, entonces esa es la problemática, nos hemos acercado a las autoridades para exigir el cumplimiento, la terminación de la obra o en su caso, la devolución del dinero”.
La señora Liliana del Campo, que dijo ser afectada por la empresa Carther Desarrollos y Proyectos Inmobilarios, dijo que entre septiembre y octubre del año pasado había pedido ayuda, a través de un escrito, al gobernador del estado.
“No hemos tenido ningún tipo de réplica, nada”.
Acusó que el representante legal, Carlos Zúñiga Vargas, desatiende los citatorios de las audiencias en el Poder Judicial de Querétaro.
La señora del Campo cuestionó a la Fiscalía de Querétaro, a cargo de Víctor Antonio de Jesús Herández.
“La fiscalía totalmente incompetente, pareciera que están a favor de imputado, pareciera que lo están defendieron (…) ¿Por qué tanta ineficiencia y por qué tanta protección al imputado?”.
Por esa razón considera que las autoridades están favoreciendo a la empresa.
“Si no lo localizan (al representante legal), si al señor le aceptan un certificado médico fingiendo que están enfermo, si está enfermo, debe estar en algún lugar, ¿por qué no lo localizan?, no entiendo”.
La mujer pidió ayuda al gobernador del estado Mauricio Kuri González, con el fin de que las personas afectadas recuperen su dinero y para que otras personas no caigan en los fraudes.
En el caso del desarrollo, “El Encino”, Saúl García Guerrero, alertó que aún siguen promocionando el desarrollo y vendiendo lotes.
