Seis activistas mexicanos permanecen retenidos por Israel, luego de que la Marina de ese país interceptara la embarcación con la que intentaban llevar ayuda a Gaza.
Redacción
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que sigue habiendo contacto con las autoridades de Israel, con el fin de asegurar la salud e integridad física de los connacionales que se encuentran retenidos en ese país.
Eso implica, entre otras cosas, que reciban comida, agua y medicamentos.
La dependencia federal, que encabeza Juan Ramón de la Fuente Ramírez, agregó que continúan las gestiones para que las personas de origen mexicano puedan salir de Israel “a la brevedad posible”.
“… la Cancillería realiza gestiones diplomáticas con distintos países para analizar posibles rutas y vías de salida conjuntas y garanticen un retorno seguro”.
La noche del 1 y la madrugada del 2 de octubre, las fuerzas navales israelíes interceptaron entre 39 y 41 embarcaciones de la flotilla humanitaria Global Sumud, a unas 70–129 millas náuticas de la costa de Gaza y procedieron a abordar y conducir varias naves al puerto de Ashdod, donde los ocupantes fueron retenidos para su identificación y posterior traslado al centro de detención Ketziot, en el sur de Israel.
Medios de comunicación señalan que entre las personas detenidas por Israel hay seis de origen mexicano: el periodista Ernesto Ledesma, director de Rompeviento TV; el documentalista Carlos Pérez Osorio; la psicóloga Sol González Eguía; la estudiante y comunicadora Arlin Gabriela Medrano Guzmán; Laura Alejandra Vélez Ruiz Gaitán y Miriam Moreno Sánchez, que participaban en la misión pacífica rumbo a Gaza.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que son seis los mexicanos, aunque no mencionó sus nombres, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores solo ha confirmado los nombres de tres connacionales: Arlin Medrano, Sol González y Carlos Pérez.
Además, entre las personas a bordo figuran activistas y personalidades internacionales —según listados y reportes periodísticos—, entre ellos la activista sueca Greta Thunberg y varios parlamentarios y exparlamentarios europeos y latinoamericanos.
El Gobierno israelí —que llamó a la flota “Hamás Sumud”— informó que sus fuerzas actuaron para impedir un intento de “brecha” a un bloqueo que, según su posición, es legítimo por razones de seguridad.
La Cancillería y la Marina de ese país señalaron que los activistas y las embarcaciones estaban siendo procesados y que los tripulantes serían deportados una vez completados los trámites.
Los organizadores sostienen que la flotilla llevaba cargamento humanitario destinado a Gaza y que su intención fue estrictamente civil y pacífica; denunciaron que la interceptación implicó abordajes por la fuerza y que algunos barcos sufrieron daños antes de ser remolcados o conducidos a puerto.
En días previos el Alto Comisionado de Derechos Humanos y un grupo de expertos internacionales publicaron comunicados subrayando que bloquear una flotilla humanitaria podría constituir una violación del derecho internacional humanitario y de la ley del mar.
Ver nota aparte: Reportan detonaciones contra dos barcos de ayuda a Gaza, en menos de 24 horas.
Amnistía Internacional y otras ONG calificaron la interceptación como “ilegal” y una amenaza al acceso de ayuda a Gaza, al tiempo que exigieron la liberación de los activistas y garantías para la entrega de asistencia humanitaria bajo supervisión internacional. Además, pidieron investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza en los abordajes.
Previamente la Secretaría de Relaciones Exteriores de México publicó un comunicado en redes sociales en el que afirmaba haber enviado “cuatro notas diplomáticas al gobierno israelí y se han sostenido entrevistas con funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, con el propósito de garantizar la integridad física y el respeto a los derechos de las personas mexicanas, así como pedir garantías e información sobre los razones o circunstancias que se les imputan, y poder brindar la asistencia consular que permita su inmediata repatriación a México”.
Los gobiernos de España, Italia, Francia, Turquía y otros países expresaron su preocupación y también solicitaron información consular sobre la situación de sus nacionales. La Fiscalía española anunció que abriría diligencias para investigar la interceptación, el trato a ciudadanos españoles y la posible vulneración de derechos internacionales.
Israel, por su parte, sostiene que impidió la entrada a una “zona de conflicto” y que las vías oficiales para enviar ayuda a Gaza siguen siendo los pasos y corredores autorizados. Autoridades señalaron que los detenidos serían procesados administrativamente y devueltos a sus países de origen.
Organizadores de la Global Sumud informaron que la caravana marítima partió con más de 40 barcos y alrededor de 500 activistas de más de 40 países, con carga simbólica de ayuda humanitaria y la intención declarada de desafiar el bloqueo naval sobre Gaza.
El episodio reabrió el debate jurídico sobre la legalidad del bloqueo naval impuesto a Gaza desde 2007: juristas consultados por la prensa recuerdan que, aunque algunos regímenes admiten medidas de interdicción en alta mar por motivos de seguridad, cualquier acción debe respetar el principio de proporcionalidad, el derecho a la vida y las obligaciones humanitarias, y puede ser objeto de revisión por tribunales internacionales.
Históricamente, flotillas humanitarias hacia Gaza (2008–2010 y episodios posteriores) derivaron en episodios de hondas repercusiones diplomáticas y demandaron investigaciones internacionales; el caso de la Global Sumud, por su tamaño y la presencia de figuras prominentes, promete tensar aún más los canales diplomáticos y judiciales en los próximos días.
Concentraciones y protestas en varias ciudades europeas y latinoamericanas, incluyendo la realizada en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro, repudiaron la interceptación y pidieron el respeto al derecho de la ayuda humanitaria.
