En medio de una crisis creciente de inseguridad, corrupción y rechazo ciudadano, la gran mayoría del Congreso de Perú votó por la destitución de quien había ocupado la Presidencia de la República del Perú desde diciembre de 2022.
La Fiscalía de la Nación anunció que la investiga por delitos de negociación incompatible y lavado de activos, en agravio del Estado, pero Boluarte aseguró: “No soy responsable”.
Redacción
El Congreso de Perú destituyó el 10 de octubre de 2025 a Dina Ercilia Boluarte Zegarra, quien había ocupado la presidencia de ese país desde hace casi 3 años.
La votación reunió 122 de 130 votos a favor de declarar a la presidenta “incapaz moralmente” para ejercer el cargo, bajo acusaciones de no poder atender la ola de inseguridad que azota al país.
Boluarte Zegarra asumió el poder el 7 de diciembre de 2022 como consecuencia de la remoción y detención de otro presidente, Pedro Castillo, de quien era vicepresidenta.
Castillo fue destituido tras intentar disolver el Congreso, lo que fue considerado un intento de golpe de Estado.
Desde entonces, Boluarte gobernó con una alianza inestable con partidos de derecha y congresos divididos, resistiendo ya seis mociones anteriores que buscaban su destitución.
Su mandato estuvo marcado por fuertes protestas sociales, más de 50 muertes en manifestaciones tras la caída de Castillo, denuncias de represión, crisis en seguridad pública y una aprobación ciudadana en picada que rondaba el 3 % en varias encuestas.
Entre los detonantes recientes se mencionó un tiroteo durante un concierto en Lima, la capital del país, como última gota para varios partidos legislativos que habían sostenido a la presidenta.
Boluarte deja el cargo como “la primera mujer presidenta del Perú” y la quinta persona en ser destituida por el Congreso en los últimos años, reflejando la alta rotación de ejecutivos presidenciales en el país.
Al ser destituida, no se presentó personalmente ante el Congreso para defenderse de las mociones —según reportes— lo que también fue criticado como falta de oportunidad procesal.
Afuera de su casa, Boluarte Zegarra dijo a representantes de la prensa que estaba tranquila, que no tenía pensado salir del país y que tampoco había solicitado asilo político.
“No está ni siquiera en el más mínimo pensamiento, ni mi sentimiento patriótico dejar el país”.
Sin embargo, la Fiscalía de la Nación del Perú difundió que había solicitado el impedimento de salida del país contra la exmandataria, al señalar que está siendo investigada por la presunta comisión de delitos como negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, así como lavado de activos, todos ellos en agravio del Estado.
La política insistió en que tiene tranquila su conciencia y que la calma está en ella.
“Estoy tranquila con mi conciencia, aquellos casos que están en investigación en el ministerio público, no soy responsable de ninguno de ellos, la calma está en mí, estoy en mi hogar y estaré permanentemente en el país”, finalizó, se dio la vuelta y cerró la puerta a representantes de la prensa que intentaban formularle preguntas.
Cuando ocupaba la presidencia se le señaló de ostentar y tener una “colección” de relojes de lujo. Ante los cuestionamientos, Boluarte atinó a decir que esos accesorios eran “artículos de antaño”, pero periodistas advirtieron que había omitido incluirlos en sus declaraciones patrimoniales.
Ante la falta de claridad de la entonces presidenta, respecto de cómo pudo adquirir esos relojes, le señalaron un posible caso de enriquecimiento ilícito, lo que se conoció como el “Rolexgate”.
José Jerí, presidente del Parlamento y figura derechista, juró como nuevo mandatario interino inmediatamente después del fallo, quien prometió formar un gobierno de transición con “empatía y reconciliación nacional” hasta las elecciones generales previstas para abril de 2026.
En cuanto a la relación con México, desde el inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum, México criticó la legalidad de la asunción de Boluarte y expresó respaldo al expresidente Pedro Castillo. Sheinbaum calificó la destitución de Castillo como un “golpe de Estado” con un trasfondo “racista” y ha sostenido que México jamás reconoció oficialmente al gobierno de Boluarte.
“Consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él. La destitución [de Boluarte] fue por unanimidad”, recalcó Sheinbaum.
El gobierno peruano, por su parte, ha protestado por declaraciones de AMLO y luego de Sheinbaum que apoyaban a Castillo o criticaban a Boluarte, alegando injerencia extranjera en sus asuntos internos, por lo que las relaciones entre ambos países han estado en pausa desde entonces.
Apenas el mes pasado el Comité de Relaciones Exteriores del Congreso peruano tomó la decisión de declarar a la presidenta Sheinbaum como ‘persona non grata’, lo que no alteró la opinión de la presidenta, quien dijo es su momento que “No importa, nosotros mantenemos el mismo criterio”.
Este episodio marca otro capítulo dramático en la historia política de Perú, un país de gobiernos frágiles, frecuentes destituciones y crisis institucional que cada vez más enfrentan también presiones de la ciudadanía por rendición de cuentas.
