Teresa E. Hernández-Bolaños
Mientras la iniciativa para la eliminación de 109 fideicomisos pasó de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores, un intenso debate continúa[1] presente dentro y fuera del Congreso. Y es que mientras CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología) a través de un informe sobre la situación de los fideicomisos bajo su control, evidencia datos de desvío de recursos, tan sólo en el sexenio pasado se desviaron al sector privado el 40% de los recursos asignados a esta institución, y con ello reitera su apoyo a la iniciativa. Por otro lado, colectivos e investigadores protestan a las afueras del recinto en el que el Senado aprobaba la iniciativa, argumentando que la eliminación de algunos fideicomisos dejaría indefensas a personas que buscan desaparecidas (os), o realizan investigación.
Más allá de la legitimidad y de las justas causas sociales por la que cada colectivo lucha, y más allá de la importancia de la investigación, el deporte o la salud, que en absoluto debe cuestionarse, el problema de fondo de los fideicomisos son los intereses políticos, empresariales, particulares e incluso sociales que toca. El problema no es eliminar parcial o totalmente los fideicomisos, sino que los colectivos, las instituciones o los organismos de la salud, el deporte o la investigación continúen recibiendo apoyo. El problema es que quienes desde la función pública crearon fideicomisos a discreción sin estructura legal y sin fiscalización alguna, permitieron que llegaran recursos del erario público no a manos de deportistas, científicos o enfermos, sino a manos de particulares, funcionarios públicos o políticos con intereses particulares.
Las necesidades sociales de los colectivos no deben cuestionarse, menos ser bandera política y partidista en el Congreso y fuera de él. Ya que es evidente que diputados, senadores, partidos políticos y fuerzas de oposición no se preocuparon antes porque los fideicomisos estuvieran fiscalizados, evaluados y existieran en función de las necesidades públicas reales. El caso de CONACYT es un ejemplo de lo que sucede en decenas de fideicomisos. Como lo señaló su Directora María Elena Álvarez-Buylla en su informe, durante varios años (2013-2018) fueron transferidos vía fideicomisos o a través del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI), 41 mil 624 millones de pesos al sector privado, beneficiando a empresas como Whirlpool, Intel, Volkswagen, IBM, Mabe o Honeywell, quienes recibieron 891 millones. Empresas como Monsanto, Kimberly Clark o Bayer también están en la lista.
La Directora de Conacyt también había señalado desde septiembre que Conacyt cerraría fideicomisos para crear una bolsa única (un solo fondo), y regresaría a la federación recursos que no se usaran ese año, además que aunque las partidas de esos fideicomisos se cancelaran, la Institución cumpliría con sus compromisos. En ese sentido se debe esperar que el gobierno siga cumpliendo no sólo con los compromisos y las necesidades en Ciencia y Tecnología del país, sino con los del deporte, la salud, las víctimas de crimen organizado, la violencia, etc., a través de la creación de nuevos fideicomisos que sustituyan a los que se eliminarán o se creen nuevas vías de apoyo. Si esto no ocurriera entonces el objetivo de la iniciativa no podría consolidarse.
En otras palabras, reiteramos la visión de la necesidad de evaluar con profundidad los fideicomisos existentes[2], reestructurar los que representen intereses públicos prioritarios, pero no tengan estructuras legales adecuadas, desparezcan los que desvíen fondos o sean objeto de corrupción y malos manejos, y aparezcan incluso otros que cumplan y cubran las necesidades de interés público. Es indispensable legislar para eliminar la opacidad en la creación y manejo de los fideicomisos, creando mecanismos de control, transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
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