Diversos actores no solo de la política sino de organizaciones sociales y de la academia cuestionaron el proceder del congreso queretano.
Iván Aldama Garnica
Querétaro, Qro.- Con 18 votos a favor de legisladores del PAN (13), del PRI (3) y del Partido “Querétaro Independiente” (2), fueron aprobadas las reformas a la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, conocida también como “Ley Concesiones”.
Uno de los cambios que ha generado polémica es el que establece el suministro de al menos 50 litros de agua potable por persona, en tiempos de “escasez extrema” o cuando la autoridad decrete “emergencia”.
Para el senador Gilberto Herrera Ruiz, del Partido Morena, se trata de la legalización del “tandeo de agua”.
“A quien se le debe limitar y reducir y suspender el agua debería ser a la industria purificadora de agua y a la industria refresquera”, consideró Herrera Ruiz.
El diputado Manuel Pozo Cabrera, secretario de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Comunicaciones que propuso el dictamen de la iniciativa al pleno del Congreso, defendió en tribuna:
“¿Que no tenemos que adelantarnos a las situaciones precisamente para no vivir las situaciones que vivieron en Nuevo León?, tenemos que tomar medidas y esas medidas es establecer en la ley como derecho humano el acceso al vital líquido”.
A las afueras de la sede del Congreso de Querétaro hubo protestas en las que participaron personajes políticos, como el candidato a diputado federal del distrito 1, que comprende las regiones de la sierra y el semidesierto, así como parte del centro y sur del estado, Gilberto Herrera Ruiz.
Esto dijo después de la manifestación, en conferencia de prensa en el Senado de la República:
“Estamos con la realidad de cientos de comunidades en el estado en donde se les está tandeando ya el agua, incluso antes de esta ley, se les provee una vez a la semana, una vez cada quince días, sin embargo, cuando va uno a un establecimiento está lleno el refrigerador de refrescos y de garrafones de agua, los cuales se les venden a la población, no se diga, igualmente, las pipas de agua que se venden entre 1,800 hasta 2,500 pesos a la población y que muchas veces los presidentes municipales son dueños y están en colusión con estos servicios de agua potable, los cuales son una obligación del Estado”.
Organizaciones como “Redes del Agua” consideran que las reformas a la llamada “Ley Concesiones” de Querétaro, lejos de alinearse al cumplimiento, respeto y garantía plena de los derechos humanos, lo que buscan, en realidad, es dejar sin materia un juicio de amparo contra la polémica norma.
Algo similar considera el exsubdirector de Administración de Agua en la Delegación de la Comisión del Agua (Conagua) en Querétaro, Enrique Uribarren Castro, al observar que los cambios atienden a corregir omisiones cometidas por los propios legisladores hace casi dos años, blindar la llamada “Ley Concesiones” y evitar así que pueda quedar en desuso por violar derechos humanos.
“La intencionalidad, yo más bien la percibo, va en este sentido, de corregir una omisión en que ellos incurrieron desde que promulgaron la ley, que pone en riesgo este precepto legal por la vía de los amparos”.
Para la exrectora de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Margarita Teresa de Jesús García Gasca, lo que hicieron las y los legisladores fue continuar “parchando una mala Ley de suministro de agua”.
El diputado del PAN, Enrique Antonio Correa Sada, llamó “buitres políticos” a quienes, en su punto de vista, quieren lucrar para obtener el voto y para sacar raja de este “momento tan delicado para el estado”.
La legisladora local del Partido Morena, Laura Andrea Tovar Saavedra, cuestionó que en el congreso queretano se haya dejado fuera otra vez a la ciudadanía del proceso de las reformas a la ley.
“Otra vez nos quedamos cortos en las soluciones reales y por legislar a las carreras, nuevamente se cometen errores que les cuestan a las queretanas y a los queretanos”.
El diputado Guillermo Vega Guerrero, del PAN, aseguró que la intención fue meterle “orden a esta ley” y “darle al estado de Querétaro viabilidad”.
Sin embargo, la organización “Redes del Agua” señaló que está previsto que este 10 de abril la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia Nación emita su fallo ante un amparo promovido contra la llamada “Ley Concesiones”.
“El proyecto de sentencia publicado perfila conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, reconociendo que la ley viola diversos derechos humanos como son: el derecho humano al acceso al agua, el derecho al saneamiento y derecho a la participación pública en temas ambientales como puede ser en la elaboración de los cuerpos normativos que inciden en bienes colectivos”.
La organización “Redes del Agua” convocó a una rueda de prensa para este miércoles a las 4 y media de la tarde en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Ciudad de México, para dar cuenta del fallo de la Primera Sala.
En la votación no participó el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo Suárez, que busca ser diputado federal.
Astudillo se ausentó como en 2022, cuando fue discutida y votada la Ley que Regula la Prestación de Servicios de Agua, Alcantarillado y Saneamiento del Estado de Querétaro, o “Ley Concesiones”.
Su contendiente en el distrito 2 federal de Querétaro, Germaín Garfias Alcántara, el presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano del Congreso, votó a favor de la iniciativa pero no fijó posicionamientos en tribuna.
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