Eligen a nuevo auditor de la Federación

Con 472 votos de la Cámara de diputadas y diputados, Aureliano Hernández Palacios Cardel es el nuevo titular de la ASF hasta 2034. Hijo del exsecretario particular de la presidenta Sheinbaum, el nuevo auditor llega al cargo prometiendo independencia, pero bajo la sombra de una grave denuncia.
Un reportaje de la revista Proceso señala presuntas negociaciones con gobiernos estatales para limpiar cuentas, citando un “doble rasero” entre estados morenistas y de oposición.
México: Eligen a nuevo auditor de la Federación
Aureliano Hernández Palacios Cardel fue electo por una gran mayoría de legisladores. Foto: Cámara de Diputados.

Jessica Alcázar Zaragoza

Con 472 votos a favor, la Cámara de Diputados eligió el 11 de marzo a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Hernández Palacios Cardel, economista originario de Xalapa, Veracruz, fue elegido por mayoría de una terna presentada al Pleno por la Comisión de Vigilancia de la ASF, en la que participó con Luis Miguel Martínez Anzures y Elizabeth Barba Villafán.

El nuevo auditor sucederá al polémico David Colmenares Páramo ―quien buscó su reelección sin éxito― y ocupará el cargo por los próximos ocho años (del 15 de marzo de 2026 al 14 de marzo de 2034). 

Además, es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue el secretario particular de Claudia Sheinbaum cuando fungió como jefa de gobierno en la Ciudad de México, y nieto de Aureliano Hernández Palacios, exrector de la Universidad Veracruzana.

Aureliano Hernández, quien desde 2018 labora en la ASF y en octubre de 2025 ocupó el cargo de auditor especial de Gasto Federalizado (recursos federales ejercidos por los estados y municipios), manifestó que está muy orgulloso de aceptar este cargo, el cual ejercerá “con total independencia, honestidad y no con el fin de cumplirle a nadie”. 

El diputado verde ecologista, Javier Herrera, presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, aseguró que el proceso de selección fue “excepcional, pulcro y objetivo, privilegiando en todo momento las cualidades técnicas, la trayectoria profesional y, sobre todo, la honorabilidad”.

A pesar de que el nuevo auditor fue elogiado por miembros de las diversas fuerzas políticas, la Vicecoordinación de Morena emitió un comunicado en el que señalaron que también cuenta con un “historial de controversia”. 

“De acuerdo con la revista Proceso, según una denuncia presentada por un trabajador de alto rango de la ASF ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC), se acusa a Hernández Palacios Cardel de ser uno de los directivos que negociaba con gobiernos locales para realizar ‘auditorías a modo’”.

En octubre de 2025, en su edición 28, la revista Proceso publicó un reportaje titulado “El Cártel de las auditorías: Usan en la ASF revisiones al gasto para negociar con gobiernos estatales”, en el que exhibió la forma en que la Auditoría aplicaba un “doble rasero”, al tomar acciones distintas por irregularidades idénticas, beneficiando a los gobiernos por instrucción de Aureliano Hernández, Emilio Barriga Delgado, también auditor especial de Gasto Federalizado o David Isaac Ortiz, secretario técnico del área.

Tal es el caso del gobierno morenista de Morelos, donde los auditores detectaron “falta de información contractual (…) que acredite la contratación o que justifique los gastos diversos del total de erogaciones”, por un monto de mil 151 millones 242 mil pesos en el rubro de Servicios de Salud; ante lo cual la ASF solo emitió una “solicitud de aclaración” para que el gobierno de Morelos aportara más información.

Sin embargo, en el caso del gobierno ‘naranja’ de Nuevo León, los auditores detectaron “falta de documentación justificativa y comprobatoria del gasto y del cumplimiento del objeto de los contratos (…) que acredite la entrega de los bienes”, por lo cual determinaron que hubo “daño y perjuicio” a la hacienda pública por 192 millones 334 mil pesos, es decir, una cantidad menor a la de Morelos.

De acuerdo con un testigo anónimo que presentó una denuncia formal ante la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, misma que fue archivada, cuando un auditor se oponía era estigmatizado como “poco institucional” y amenazado con despedirlo por “corrupto”.

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