Al abogado, identificado como Gerardo “N”, lo acusan de defraudación fiscal equiparada, por más de 160 millones de pesos, vinculada a un esquema de pensiones fraudulentas que ha afectado a la institución.
Redacción
Un abogado identificado como Gerardo “N”, fue detenido por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR).
Lo acusan de defraudación fiscal equiparada, por más de 160 millones de pesos, en agravio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).
La orden de aprehensión –que atribuye al detenido la probable comisión del delito de defraudación fiscal equiparada por el ejercicio fiscal de 2019– fue emitida por una jueza de distrito del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, Coahuila, y fue cumplimentada por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en operativos realizados en Gómez Palacio / Torreón.
Fuentes periodísticas y comunicados oficiales sostienen que este fraude es solo una parte del expediente de investigaciones federales que han ligado al imputado con demandas laborales y laudos que derivaron en pensiones y pagos presuntamente inflados “hasta 30 veces” que terminaron pagando aseguradoras o el propio Issste, cuyas denuncias sirvieron de base para la operación de la Fiscalía.
La FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción y la AIC, indicó que la detención responde a indagatorias que también apuntan a la posible colusión con funcionarios del Issste y miembros de la Junta 42 de Conciliación y Arbitraje, instancias relacionadas con la emisión de laudos laborales por más de 3,500 millones de pesos vinculados a despachos litigantes.
Especialistas en derecho laboral y anticorrupción consultados por medios señalan que la imputación de defraudación fiscal equiparada significa que habría existido omisión o maniobra para eludir contribuciones o dar apariencia legal a operaciones que en la práctica produjeron un perjuicio fiscal y patrimonial al Issste.
Las penas y sanciones previstas dependerán de la cuantía; de los elementos probatorios sobre la posible concertación entre abogados, peritos, jueces o servidores que facilitaron la obtención de laudos irregulares, lo que requiere peritajes contables, fiscales y bancarios complejos; así como de la eventual concurrencia de delitos conexos.
Para el Issste, la confirmación de fraudes vinculados a pensiones constituye un golpe a su sustentabilidad financiera y a la confianza pública; la institución y la Secretaría de Hacienda han sido señaladas en el pasado por detectar y denunciar esquemas de saqueo a la nómina y a prestaciones por millones o miles de millones de pesos, lo que derivó en auditorías y en acciones penales previas.
La FGR ha informado que las indagatorias seguirán y que esperan integrar el expediente con documentación financiera, facturas, laudos y registros bancarios para sustentar las imputaciones; además, fuentes judiciales señalan que las órdenes podrían ampliarse conforme avance la investigación y se identifiquen más probables responsables.
