El hallazgo de un buque cargado con 10 millones de litros de diésel, en marzo pasado, desembocó en uno de los mayores decomisos del país y expuso la sofisticación y alcance del contrabando de combustibles.
Redacción
Una operación conjunta liderada por la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resultó en la detención de 14 personas presuntamente implicadas en una red de huachicol fiscal que operaba desde Tamaulipas hacia otros estados.
El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, detalló que entre los detenidos hay tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino retirado y cinco exfuncionarios de aduanas. Todos ya están a disposición del Ministerio Público y el proceso de investigación continúa activo.
Entre los nombres mencionados —anteponiendo la reserva legal con “N”— se encuentran Manuel Roberto “N”, Climaco “N”, Humberto Enrique “N”, Sergio “N”, Carlos de Jesús “N”, Fernando Ernesto “N”, Francisco Javier “N”, Endira Xóchitl “N”, Perla Elizabeth “N”, Natalia “N”, Ismael “N”, Anuar “N”, Héctor Manuel “N” y José “N”.
La operación fue impulsada por meses de investigaciones e inteligencia financiera a partir del decomiso histórico del buque Challenge Procyon, que ingresó al puerto de Tampico el 19 de marzo de 2025, con 10 millones de litros de hidrocarburo ilegal, procedente de Estados Unidos, lo que derivó en cateos, incautaciones y la apertura de órdenes de aprehensión en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz y la Ciudad de México.
Entre los detenidos figura el exvicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán, cuyo nombre aparece en el Registro Nacional de Detenciones desde el 2 de septiembre, un día antes de la llegada a México del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en lo que analistas consideran un movimiento estratégico con implicaciones bilaterales en seguridad y combate al crimen organizado.
Ante ello, García Harfuch recalcó que el actuar individual de miembros de la Marina no representa a la institución y confirmó que no hubo protección especial para familiares.
La colaboración interinstitucional fue clave, destacaron las autoridades.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) contribuyó al rastreo de los movimientos sospechosos, como compras de bienes inmuebles, autos de lujo y pólizas de seguro de alto valor, que no concordaban con los perfiles de los involucrados.
El diario El País vincula este operativo con otras grandes acciones contra el huachicol, como la detención de 32 personas en el centro del país, descubrimiento de ductos perforados y la confiscación de vehículos, dinero y combustible ilegal, todo como parte de un esfuerzo sostenido por parte del gobierno.
Además, en la operación integral “Frontera Norte” en Tamaulipas, entre febrero y agosto de 2025 se han decomisado más de 15 millones de litros de combustible, con al menos 19 detenidos y hallazgos vinculados a violencia extrema y corrupción en puertos.
El contexto general indica que el huachicol fiscal —es decir, el contrabando de combustibles aprovechando la corrupción aduanal y operativa— sigue siendo un grave desafío para la seguridad, economía y salud institucional de México. Se habla de pérdidas fiscales que rondan los 177 mil millones de pesos anuales.
Desde 2019, la política federal contra este delito ha involucrado a Pemex, la Marina, Sedena, SAT y la FGR. Sin embargo, pese a los avances, el robo de combustible sigue evolucionando con métodos de soborno, perforaciones clandestinas y uso de rutas ilegales. Este último golpe judicial y operativo —que vincula a personal militar, funcionarios y actores del sector privado— pone de relieve no solo la sofisticación del delito, sino también el riesgo de infiltración criminal en instituciones estratégicas.
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